Llegó a su fin esta madrugada el paro camionero tras 45 días, al alcanzar Gobierno y transportadores un acuerdo.

Las negociaciones finalizaron hacia las 3 de la mañana e incluyen reformas en el esquema de chatarrización, anunció el secretario de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, quien precisó que “este acuerdo permite hacer reforma estructural de la política de transporte de carga posada que se venía diseñando a punta de paros. Tenía desequilibrios en la cadena productiva”. 

"Se ha llegado a un acuerdo (...) realista y equilibrado" para poner fin al paro de trasportistas iniciado el 7 de junio, declaró el presidente Juan Manuel Santos, quien celebró esta "oportunidad para generar un sistema de transporte de carga justo y transparente".

Poco antes, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y representantes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, que reúne a los cuatro grandes gremios de transportistas en paro, habían anunciado el levantamiento de la medida.

Libertad controlada

De acuerdo con Vélez, las partes acordaron que no se volverá a la tabla de fletes, sino que se tendrá un esquema de libertad controlada, con costos de referencia que incluyen gastos fijos como peajes y combustibles.

“La tabla de fletes deja de existir, ya tiene su certificado de defunción”, le dijo Vélez a Blu Radio, anotando que el Gobierno vigilará las rutas que tenga distorsión en los costos, que serían unas 20, para fijar precios mientras las alteraciones se corrigen. 

“Funcionará similar a como se hace con los medicamentos: hay libertad pero vigilancia”, agregó.

El compromiso de las partes "es dar soluciones de fondo a los problemas que han estado presentes durante décadas" en el sector, como el recambio de vehículos y actualización de precios de costos operativos, dijo el ministro Rojas.

"Se ha llegado a un acuerdo, un acuerdo muy elaborado (...) que ante todo es estructural (...) y satisface las necesidades", afirmó por su parte Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transporte de Carga (ATC), uno de los líderes del paro.

Con esto "queda formalmente levantada la movilización camionera nacional en todo el territorio colombiano", indicó.

Unos 54.000 conductores de los 280.000 registrados en el país participaron en el paro, según fuentes sectoriales.

La movilización, que de acuerdo con el gobierno generó pérdidas cercanas a los 680 millones de dólares, registró una mayor violencia en las últimas semanas, dejando un manifestante muerto en el departamento central de Boyacá, uno de los epicentros de la protesta.

Lo acordado 

Los camioneros reclamaban la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, un controvertido programa del sector que regula cupos y competencia y es investigado por la Fiscalía por presunta corrupción.

También pedían la puesta en vigor de programas sociales para los conductores, mayor seguridad en las vías, la reducción del costo de peajes y combustibles, y el establecimiento de una tabla de fletes.

En los acuerdos, el gobierno se compromete a que la renovación del parque automotor de vehículos de carga pesada siga siendo por reposición, en un sistema conocido como "1 a 1", en el que por cada camión que empiece a circular se debe destruir otro.

Para evitar corrupción, estipula que se autorizará la auditoría de una firma "de los más altos estándares".

Tampoco se establecerá vida útil para los vehículos de transporte de carga.

Además, el gobierno se declara dispuesto a hacer "una revisión, ajustes y correcciones, en los casos en los que se requiera, de la política de costos y relaciones económicas del sector". 

El ministerio reconoció que hay "distorsiones en el mercado del transporte" y que por ello "actualizará" el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE) en temas como peajes, combustibles y mantenimiento, entre otros. 

Por otra parte, Rojas afirmó que se buscará tecnificar y dignificar la labor de los camioneros, para lo cual construirá una "política integral de trabajo decente" para los conductores y pequeños propietarios de vehículos de carga, que vele por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

El acuerdo también señala que los cancilleres de Colombia y Ecuador se reunirán en un plazo máximo de dos meses para escuchar las demandas de los transportistas de ambos países.

Gobierno

Mientras el vicepresidente Germán Vargas Lleras tuiteó que “celebro acuerdo logrado entre Gobierno nacional y transportadores de carga para levantar desde hoy el paro camionero”, el jefe de Estado indicó en una declaración ofrecida desde la Casa de Nariño que este acuerdo se logra sin afectar a los distintos sectores de la población colombiana.

“Hoy, después de 45 días en los que el gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero firme en no permitir la violencia y en no firmar un acuerdo que perjudicara a los conductores, a los transportadores, a los gremios, a los campesinos y a todos los colombianos, se ha llegado a un acuerdo”, dijo.

“El acuerdo es realista y equilibrado. Haber cedido a las pretensiones de las agremiaciones que promovieron el paro, habría significado un alza desproporcionada y permanente de los productos de la canasta familiar y un duro golpe a la competitividad del país, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo”, agregó.

‘Seguiremos vigilantes’

Santos advirtió que el Gobierno seguirá vigilante hasta normalizar completamente el abastecimiento y los precios, al tiempo que anunció que se mantendrán los dispositivos de seguridad en las carreteras.

“Estaremos vigilantes para que con la normalización del abastecimiento, se normalicen también los precios. Este paro es otra demostración de que las vías de hecho no inciden en el resultado de las negociaciones y solo causan daño. La oferta realista del gobierno finalmente fue aceptada por las agremiaciones que todavía persistían en el paro”, señaló.

“Los dispositivos de seguridad en las carreteras se mantendrán este fin de semana. Les recomiendo a todos los usuarios de nuestras vías que transiten con cuidado”, sostuvo.

El presidente Santos agradeció al ministro de Transporte y a los miembros del equipo negociador que “durante estos 45 días estuvieron muy vigilantes y muy dispuestos siempre a encontrar una solución a este problema y a este impasse”.

Por un sistema de transporte justo, transparente y eficiente

En su declaración, el mandatario expuso la importancia del sector transportador para el país.

Señaló que el transporte de carga cumple un papel fundamental en nuestra economía, porque sus costos, su rapidez y su eficiencia se ven reflejados en la vida de todos los colombianos. 

“De eso depende que los alimentos lleguen a los mercados de todo el país y que lo hagan sin incrementar de manera desmedida el precio de la canasta familiar y por lo tanto que no afecte el bolsillo de los hogares”, recalcó.

Indicó que el transporte también es esencial para que los productores, tanto en el campo como en las ciudades, puedan vender sus productos, y por lo tanto puedan producir para generar empleo y progreso. 

“Miles de familias, en particular de pequeños transportadores independientes y de los propios conductores, viven del transporte de mercancías en todo el territorio nacional”, dijo.

En este sentido consideró que el país “necesita de un sistema de transporte de carga que sea justo, que sea transparente y que sea eficiente, para que los colombianos paguen precios justos y además se garanticen los derechos de los conductores y los derechos de los trabajadores del sector”.

Las medidas que adoptó el Gobierno 

El presidente Santos subrayó que por eso, desde cuando se inició la inmovilización, ordenó que se buscaran soluciones equilibradas y realistas para los problemas del sector. 

“El diálogo y la concertación no pueden darse en contra de los derechos de los colombianos, del interés general, ni en contra de la movilidad o el normal abastecimiento”, acotó. 

De acuerdo con el mandatario, el bloqueo de las carreteras no solo es ilegal sino que dispara la inflación, lo cual afecta particularmente a los más pobres, a los más vulnerables, tanto en el campo como en las ciudades. 

“Así ha sucedido en el último mes, pues hemos visto un alza de los precios de la canasta familiar, afectando el bolsillo de los colombianos”, afirmó.

“Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo claramente: este gobierno respeta y respetará el derecho a la protesta, pero sin violencia, sin vías de hecho”, sostuvo.

Añadió que por eso mismo dio instrucciones para que la fuerza pública garantizara el libre tránsito y el derecho al trabajo de quienes sí querían trabajar y que se sancionara con todo el rigor a quienes con vías de hecho y con violencia pretendían impedirlo. 

Detalló que con ese objetivo, el Ministerio de Defensa movilizó a más de 50 mil efectivos, entre policías y soldados, y acompañó a más de 2.500 caravanas de quienes sí estaban interesados en trabajar. 

“Quiero agradecerle a nuestra fuerza pública por esa forma prudente pero efectiva con que garantizó un aceptable abastecimiento y también garantizó la movilidad de nuestras vías”, dijo.

“Con los empresarios, con los productores agrícolas, con los generadores de carga, con los transportadores que decidieron no unirse al paro, organizamos una central logística para asegurar su normal funcionamiento. A todos ellos gracias por su apoyo y a todos los colombianos gracias por su paciencia”, destacó el jefe de Estado.

Recalcó que estas medidas de policía y logísticas, permitieron ir recuperando la circulación y la llegada de los alimentos a las ciudades. 

Este paro ha sido costoso para todo el mundo

Por otra parte, recordó que la Fiscalía ha venido judicializando a los responsables de los actos ilegales y violentos, que en algunas oportunidades fueron protagonizados por personas que nada tenían que ver con las protestas. 

“Las investigaciones y judicializaciones continuarán para que los responsables sean debidamente sancionados”, anunció. 

Destacó además que la Superintendencia de Transporte suspendió más de 1.300 licencias de tránsito y de conducción a conductores y empresas que se estaban prestando para bloquear las vías o atentando contra la seguridad de los usuarios.

“Este paro, que duró 45 días, ha sido muy costoso para todo el mundo. Ha afectado la economía, afectó al sector productivo, a los campesinos, a los hogares, y también al propio sector transportador, que en su gran mayoría quería trabajar”, puntualizó Santos.

Puntos clave
 
Los siguientes son las grandes líneas de los puntos acordados:

1. Se levanta la inmovilización del transporte de carga promovida por las cuatro organizaciones que conforman la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, a partir de hoy 22 de julio de 2016. 

2. Condiciones económicas: Colombia sostiene el régimen de libertad vigilada actualizando los valores de referencia para que reflejen la realidad de los costos de operación en condiciones de eficiencia. En aquellas rutas donde exista una diferencia significativa entre el costo real y el valor de referencia, el Gobierno Nacional realizará una intervención temporal. Para eliminar esta distorsión se convoca con carácter inmediato al Observatorio de Carga. 
 
Sobre el particular, el ministro Rojas manifestó que “no volveremos a la tabla de fletes. Seguimos en un sistema de costos eficientes que tiene como base la libertad vigilada y un valor de referencia”.

3. Desintegración vehicular: Se mantiene el esquema 1 a 1 de gestión del parque automotor, como mecanismo para promover su modernización, proteger el patrimonio de los transportadores y reducir la sobreoferta. El acuerdo incluye el compromiso del Gobierno Nacional de establecer procedimientos claros para facilitar el trámite a los pequeños transportadores y eliminar la ilegalidad y la corrupción. 
 
Al respecto, el ministro Rojas expresó que “los recursos se garantizan para que ese pequeño transportador pueda chatarrizar su vehículo pero sin corrupción, sin mafias, ni intermediarios”.

El Gobierno nacional y la Cruzada Nacional Camionera coinciden en que Colombia debe lograr, con los aportes de todos los actores que conforman la cadena del servicio público de transporte de carga, una política pública moderna, eficiente, transparente, equitativa y competitiva, que tenga en cuenta los intereses de los pequeños transportadores y que responda a la importancia que tiene el sector para el desarrollo económico y social del país.
 
Rojas también se refirió a las condiciones laborales del transportador, diciendo que “que se le pague al trabajador lo que debe ser, que este trabajador tenga derecho a profesionalizarse, que tenga dignidad en los sitios de cargue y descargue, así mismo se hará un estudio por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte para mirar los riesgos, la jubilación de conductores, además de un programa de vivienda que apoyaremos”
 
Durante su pronunciamiento, el ministro Rojas hizo una invitación a participar del Observatorio de Carga de Colombia para revisar y evaluar la política de transporte y manifestó su agradecimiento con los garantes del proceso, al arzobispo de Tunja, “Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, por su contribución a la construcción del acuerdo”.
 
Por su parte, Vélez resaltó el liderazgo del presidente Santos en la negociación y agradeció a los ministros de Defensa, de Comercio, Industria y Turismo, del Trabajo, el alto consejero presidencial de Seguridad, el superintendente de Puertos y Transporte y el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el papel que cumplieron tanto en la mesa de negociación como al frente de las tareas que se desarrollaron para mitigar los efectos del paro.