El juicio contra el exsenador antioqueño Óscar Suárez, ascusado de vínculos con grupos paramilitares, se iniciará hoy en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El alto Tribunal había llamado a juicio al excongresista conservador el 4 de agosto, por supuestos nexos con el bloque paramilitar Élmer Cárdenas. Suárez fue capturado el 26 de enero por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, por orden de la Sala de Casación Penal, que posteriormente, el dos de febrero le dictó medida de aseguramiento.
El exlegislador fue mencionado por el extraditado jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el Alemán, de recibir el respaldo de ese bloque irregular en sus aspiraciones al Congreso, dentro de una lista de 23 dirigentes apoyados políticamente por esa estructura armada ilegal en el nordeste antioqueño.
De igual manera, el también extraditado jefe paramilitar Diego Murillo, alias don Berna o Adolfo Paz, aludió al supuesto vínculo establecido con el congresista en declaración rendida desde los Estados Unidos.
La investigación se basa en los testimonios de varias familias desplazadas de Bello, quienes señalaron haber sido presionados por los paramilitares para votar en marzo de 2006 por Suárez al Senado y por Mauricio Parodi a la Cámara.
Un artículo de la desaparecida revista Cambio, publicado en abril de 2007, relata el testimonio de una joven que señaló ante la Corte que en los días previos a la jornada electoral llegaron varios hombres a la casa de una joven, con carteles de Suárez y Parodi: “Nos invitaron a una reunión y como no fuimos, el mismo que nos invitó volvió después para exigirnos el voto por los dos aspirantes”.  Ante una pregunta del funcionario sobre los autores de las amenazas, la joven respondió sin titubear: “Fueron las autodefensas”.
Suárez había renunciado a su fuero de congresista para que el proceso lo asumiera la Fiscalía, pero al poco tiempo la Sala de Casación Penal cambió su jurisprudencia en el sentido de que todas las investigaciones penales contra congresistas las asumiría directamente el alto Tribunal, así renunciaran a su investidura, por lo que el proceso retornó a la Corte Suprema.