Si en la Comisión de Presupuesto la administración de Gustavo Petro ha tenido que sudar ante los extensos debates y pocos resultados, en la Comisión del Plan será un camino de espinas con las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a pesar que la corporación tiene hasta el 2 de agosto como plazo máximo para tomar una determinación.

Aunque el mandatario capitalino bajó un poco la guardia frente el Concejo después que se hundieran los proyectos para derogar la valorización y autorizar un cupo por 4,3 billones de pesos, EL NUEVO SIGLO pudo establecer que si hoy se votara el proyecto más importante de los últimos años, las modificaciones del POT no pasarían porque la mayoría de los integrantes de la comisión llevan dieciséis meses en oposición acérrima.

Técnicamente no tiene nada que ver si el Concejo no aprueba las modificaciones al POT, pues la administración puede emitir el decreto el 3 de agosto.

Pero políticamente la ciudad paga los platos rotos porque por otro lado los proyectos fundamentales como el cupo de endeudamiento o la valorización para mejorar la movilidad se quedarían en los empolvados archivos de los proyectos “urgentes”.

Que la administración Petro emita el decreto del POT por falta de consenso en el Concejo no sería extraño, ya que hasta el momento ningún plan ha salido por acuerdo de la ciudad.

El Distrito Capital adoptó el primer POT en 2000 mediante el Decreto 619, revisado por primera vez en 2003 mediante el Decreto 469 y posteriormente se adoptó el Decreto 190 de 2004, norma que actualmente rige en la capital del país.

Cada decreto ha tenido su respectiva reglamentación, pero cerca del 20 por ciento de la ciudad aún se rige por normas urbanísticas anteriores como el acuerdo 6 de 1990 o Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá.

Nueve de quince

En la hipótesis que hoy fuera dos de agosto, plazo máximo para que el Concejo defina el POT, nueve de las quince curules que tiene la Comisión del Plan, donde se debatirá en primera instancia, han sido los más profundos opositores de Petro.

Una de las primeras tareas que tiene el recién nombrado secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, es lograr convencer a los concejales sobre los beneficios que traerán para la ciudad los proyectos fundamentales que se debaten en las sesiones ordinarias que se clausuran el 10 de junio.

Hasta el momento la administración Petro tiene como fieles aliados a los tres concejales de su movimiento Progresista (Diana Alejandra Rodríguez, Diego Ramiro García, William César Moreno) y Álvaro José Argote, del Polo Democrático.

En la otra orilla están los concejales de la oposición. En primer término hay que ubicar a Cambio Radical, no sólo porque en los tres gobiernos de izquierda han estado en oposición, sino que lideran las denuncias por irregularidades. Para el proyecto del POT están Darío Fernando Cepeda y César Alfonso García.

En este mismo sentido, el Partido Liberal seguirá en la otra orilla de la administración y para el tema del POT no será la excepción, pues están dos antagonistas fuertes como María Victoria Vargas y Miguel Uribe.

Así mismo y aunque existe un margen de acuerdos con algunos de la bancada de La U, entre sus integrantes hay acuciosos opositores. Orlando Parada (que tiene ‘cazada’ una pelea con el mandatario capitalino desde hace muchos años que se ahondó con el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación), Javier Manuel Palacio (quien se declaró acérrimo opositor) y Felipe Mancera.

Frente al Partido Verde su representante en la Comisión, Hosman Martínez, ha sido duro en cuestionamientos de la administración; y Marco Fidel Ramírez, del PIN tiene distanciamiento profundo frente al direccionamiento político del gobierno bogotano.

Quienes se podrían designar por ahora como indecisos para votar el POT serían Soledad Tamayo, del Partido Conservador, porque requeriría elementos para tomar una determinación, y Juan Carlos Flórez, de la ASI, porque ha demostrado que los proyectos sustentados los apoya y los que son infundados los arrolla con argumentos.