Una audiencia pública sobre la Masacre de Santo Domingo, Arauca, se realizará hoy y mañana en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.

El caso, llegó hasta este Tribunal internacional, luego de que el Estado colombiano, no cumpliera satisfactoriamente las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos principalmente en el tema de acceso a una justicia eficaz a las víctimas y la debida reparación de las mismas.

La audiencia, que se realizará en el marco del 95º Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana, contará con la presencia de dos testigos y víctimas directas de los hechos Alba Janeth García y Marcos Neite González, representados por organizaciones defensoras de derechos humanos colombianas, entre las que se cuentan, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Asociación para la protección Social Alternativa MINGA, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y los abogados norteamericanos Douglas Cassel, David Stahl y Lisa Meyer.

El primer día de audiencia, la Comisión presentará el caso ante la Corte. Luego de esto, declararán las dos víctimas solicitadas por el Tribunal Interamericano, para contar la verdad de lo sucedido el 13 de diciembre de 1998 en la vereda de Santo Domingo, cuando miembros de la Fuerza Aérea Colombiana lanzaron una bomba clúster sobre la vereda y dejando como consecuencia la muerte de 17 personas (entre ellos 6 niños y niñas) y 27 personas heridas.

Después de la presentación de las víctimas, a solicitud del Estado colombiano, dará su testimonio el general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana Jairo García, miembro actual del Cuerpo de Almirantes y Generales en Retiro.

Al finalizar la tarde, la audiencia contará con la participación del reconocido jurista y perito internacional Alejandro Valencia, propuesto por la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas, y quien dará un concepto sobre “los estándares internacionales que determinan las obligaciones estatales en el marco de operaciones militares que tienen lugar en un contexto de conflicto armado interno, incluyendo las obligaciones que deben tomarse en cuenta al momento de investigar hechos como los del presente caso”.