Al poder judicial de Uruguay se trasladó la responsabilidad de definir sobre juzgamientos de militares, tras la  aprobación en el Parlamento de una ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos durante la última dictadura (1973-1985).

"Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento, nosotros la acompañaremos y después nos estaremos en lo que decida la justicia", dijo el presidente José Mujica .

Para el politólogo Oscar Botinelli, con la nueva ley "el sistema político de alguna manera se sacó el tema de encima, bien o mal, pero el problema es que quedó una solución delicada que es el papel en que queda el Poder Judicial y específicamente la Suprema Corte de Justicia (SCJ)", que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la nueva ley cuando se presenten recursos en contra de la misma, lo que ya han anunciado militares retirados.

El proyecto aprobado ayer solo con los votos del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), impulsor de la iniciativa, "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.

Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.

Según el FA, con la nueva ley se deroga de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, y se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en marzo ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

Para la analista política y consultora Teresa Herrera, "era una deuda del Frente Amplio con la interna y la externa. Porque, ¿cómo te enfrentás a la CIDH siendo un gobierno progresista y no haciendo nada por el tema?".

Pero para Botinelli la aprobación de la ley por sí sola no alcanzará para cumplir con la sentencia de la CIDH y habrá que esperar "a ver un conjunto más de acciones (del gobierno) para ver si queda saldado o no el tema".

Hasta ahora todos los condenados por crímenes durante la dictadura -poco más de una decena, entre los cuales los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry- lo han sido por homicidio especialmente agravado, un delito que según juristas prescribirá el 1 de noviembre para los crímenes cometidos durante el periodo dictatorial.

Aunque militares retirados han indicado que acudirán a la SCJ para cuestionar la nueva norma, Juan Errandonea, abogado promotor de varias causas de derechos humanos, dijo que tendrán que esperar a estar procesados para poder presentar ese recurso.

La nueva ley "va a ser un elemento más, está todo para dilucidarse en el futuro", según lo que falle la SCJ cuando sea consultada, estimó Errandonea.

Para el senador oficialista Rafael Michelini, hijo del ex legislador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Argentina en el marco del Plan Cóndor, una red de colaboración entre los militares de la región, "la tarea del Parlamento removió los escollos pendientes" en materia legal.

No obstante, consideró que tras la votación aún quedan tareas pendientes: "Falta mayor información, el hallazgo de los restos y en algún momento que las Fuerzas Armadas como instituciones pidan perdón", enfatizó.

Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay. Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil.

La organización Amnistía Internacional celebró por su parte como "un histórico paso en la lucha contra la impunidad" la aprobación del proyecto e instó a las autoridades uruguayas a hacer justicia./AFP