La meta es que al final de este mes hayan sido reparadas medio millón de víctimas del conflicto armado en el país, de un universo de 2 millones aproximadamente que tienen derecho a un resarcimiento de tipo económico.

Así lo señaló Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien explicó los avances de esta política en que se embarcó la administración Santos desde su primer mandato.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la cifra que tienen en el registro de víctimas?

PAULA GAVIRIA BETANCUR: Claramente el conflicto continúa, el Estado ha generado los mecanismos para que las víctimas nuevas y las de ayer también se registren, se acerquen y hagan su declaración. Nosotros hemos a la fecha registrado a 7 millones 200 mil víctimas del conflicto, pero también hemos hecho un ejercicio de clarificación, depuración del registro, y a la fecha son 5 millones 500 mil personas las que son sujeto de atención y reparación. Es decir, tenemos un núcleo importante de personas a las que no tenemos que brindar hoy asistencia y atención por muchas razones: una porque ya no están, porque han muerto en el proceso; dos porque se registran también como víctimas a las personas asesinadas o a las desaparecidas que seguimos buscando.

Entonces, esta mezcla de estos dos grupos pues se nos reduce significativamente también el número porque hemos hecho una clarificación frente a identificación, encontramos frente a lo que recibimos del censo que hay algunas cédulas repetidas, algunos problemas y fallas en la identificación. En conclusión, 7 millones 200 mil registradas, 5 millones 500 mil activas, digámoslo así, para la reparación y la atención.

De ese universo de 5 millones 500 mil, nosotros los dividimos en dos, principalmente los que son víctimas de desplazamiento, que es un poco más del 85%, y las que son víctimas de otros delitos porque la respuesta del Estado a los desplazados la reparación es por hogar. Entonces aquí estamos hablando de 1 millón 300 mil hogares a los que hay que reparar por hogar y a un poco más de 900 mil personas que hay que reparar por otros hechos.

Hemos avanzado en la atención a todas las víctimas, la meta nuestra es para el 30 de abril tener 500 mil personas reparadas, a la fecha tenemos 483 mil, ese es básicamente el tema de cifras. Colombia hoy conoce mejor a sus víctimas, no solamente es un tema de números porque hay detrás de cada cifra una historia, una familia, un sufrimiento; pero también hay un  interés y una intención por parte de las víctimas de salir adelante y reestablecer su proyecto de vida, que también eso lo valoramos muchísimo.

ENS: Han pedido extender por un año el plazo para que las víctimas se registren, ¿eso lo ve posible?

PGB: Ese es un primer plazo que trae la reglamentación de la Ley, que inclusive la Unidad para las Víctimas lo amplió porque era más corto, y es un primer plazo para que se hagan las declaraciones de personas cuyos hechos ocurrieron antes del 10 de junio de 2011, día en que fue sancionada la Ley de Víctimas. Esas personas tienen hasta el 10 de junio del 2015 para presentar sus declaraciones ante el Ministerio Público: personerías, defensorías o procuradurías. Es decir, es un plazo que solo se aplica a los hechos anteriores al 10 de junio de 2011. 

Las víctimas cuyo hecho haya ocurrido después de esta fecha tienen dos años a partir del hecho de ocurrencia para la declaración, y esto obviamente va hasta la vigencia de la Ley, que es el año 2021.

ENS: De esas 5,5 millones de personas que figuran activas en el registro de víctimas, ¿cuál es el tipo de reparación que han recibido o recibirán?

PGB: De esos 5 millones 500 mil personas, podría decir que a un 90% las hemos atendido a través de diferentes medios. Les hemos brindado las distintas medidas de asistencia, les hemos brindado su ayuda humanitaria a las desplazadas principalmente, que antes solo se preveía la ayuda humanitaria para ellas.

Ahora bien, la Ley de Víctimas trae además de muchas novedades el tema de la reparación, y originalmente hasta finales del 2013, que la Corte reformó el artículo 112 de la Ley de Víctimas, se preveía que la indemnización a desplazados era un subsidio de vivienda. La Corte definió que no, que también había que repararlos de manera económica en especie, con la plata. Entonces, el Estado había avanzado casi con las 400 mil víctimas, un poco más, indemnizadas de otros hechos, y a mediados del 2014 iniciamos ya una ruta de indemnización a hogares desplazados para un total a la fecha de víctimas de todos los hechos, desplazadas, homicidios, violencia sexual, desaparición, secuestro, minas, las diferentes victimizaciones, ya llegando a las 500 mil. 

Es decir que si sumamos entre hogares a reparar, que son desplazados, y otros hechos victimizantes, que se repara es el hecho, podríamos estar hablando en total de aproximadamente 2 millones de pagos, si se quiere hablar así, que tendríamos que hacer de beneficiarios de reparación. Y de estos 2 millones pues estamos llegando a 500 mil aproximadamente terminando abril.

El Estado ha avanzado mucho para tener estas claridades que estoy compartiéndoles, pero no ha sido fácil, es histórico que Colombia tenga casi 500 mil víctimas reparadas. Sería el primer país del mundo que dé esta cifra de reparaciones; además haciéndolo en medio del conflicto y haciéndolo de una manera tan rápida.

Y nos falta mucho, haciendo esta proporción en hogares desplazados y otros hechos, nos falta 1 millón 500 mil pagos, si se quiere, que es todo un reto y que esperamos poderlo hacer en el marco de la vigencia de la Ley de Víctimas, que es el 2021.  

ENS: El proceso ha recibido algunas críticas por las demoras y han pedido hacer ajustes, ¿ustedes han pensado en hacer cambios?

PGB: Pues este es un proceso que debe ser ajustado permanentemente. Nosotros incorporamos una nueva visión de hacer política pública e implementarla, que es teniendo en cuenta las necesidades y las propuestas de las víctimas. Eso no se había hecho antes en ninguna política pública como se está haciendo en esta, entonces los ajustes son recurrentes.

Hay un tema que usted preguntaba frente a los tiempos de la Ley y los ajustes que deben hacerse allí, y nosotros sí creemos que este primer plazo debe ser revisado, el del 10 de junio, de cara a ciertos hechos victimizantes que son tradicionalmente más invisibilizados o frente a los cuales las víctimas tienen más temor de acercarse o el Estado tiene más dificultades para llegar a ellas, como es la violencia sexual, el reclutamiento de menores y las víctimas que se encuentran en el exterior. Es posible que frente a este tema haya que hacer un ajuste en estos plazos. 

Por otro lado en la implementación de la Ley pues finalmente nosotros hemos venido ajustándola, tanto la Corte en su interpretación  como el Ejecutivo en su implementación. Hemos hecho desarrollo de la Ley que no estaba previsto, que lo que hacen es garantizar mayor participación y mayores resultados para las víctimas. Hemos desarrollado muchísimo el tema de la participación siendo mucho más garantistas que la misma Ley, hemos desarrollado una política de inclusión social de las víctimas de desplazamiento  con el Decreto 2569 del 12 de diciembre del año pasado.

Es decir, es una política que está en permanente revisión, tiene además muchísimos controles más allá de los de las mismas víctimas, tiene una comisión de seguimiento en el Congreso, tiene una comisión de monitoreo también de la Contraloría, de la Defensoría y de la Procuraduría, tiene a la Corte Constitucional vigilándola en el tema especialmente de desplazados.

No conozco una política pública que tenga más controles como la política de víctimas, pero controles necesarios para que la política sea transparente y permanentemente esté mejorando. Recibo y la Unidad recibe, el Gobierno recibe con total apertura las críticas y digamos esta Ley es para los colombianos víctimas y debe ser ajustada cada vez que se requiera para que cumpla con sus finalidades.  

ENS: La Procuraduría señaló que en el tema de víctimas hay deficiencias en el diálogo armónico entre los entes territoriales y el nivel nacional, ¿así lo han sentido ustedes?

PGB: No,  lo que creo es que la Ley de Víctimas principalmente se implementa allá en los municipios, en los departamentos, y las entidades territoriales, pues permanentemente solicitan mucho más acompañamiento.

Ahí hay varias cosas, uno, hay todo un tema de cumplimiento de los estándares de la Corte, un Auto que es el 383 que pidió al Gobierno nacional hace más de seis años que se pusiera al día con las entidades territoriales, que las apoyara, que las subsidiara, que las complementara en sus tareas. Esa es una deuda pendiente que nosotros heredamos de gobiernos anteriores y que empezamos a cumplir el año antepasado.

Es un proyecto de cofinanciación, son más de $30 mil millones que se han invertido en proyectos para apoyar a las entidades territoriales en procesos de retorno, de generación de ingresos, de apoyo sicosocial, etcétera, en donde hacemos una concurrencia la Nación con unos recursos y la alcaldía, la gobernación o varias alcaldías, o varias gobernaciones ponen recursos para avanzar en los planes de acción territorial. Eso es algo sin precedentes, se va a continuar haciendo este 2015. Son más de 20 mil personas ya beneficiadas con esta estrategia de cofinanciación, confluye el sector privado, eso es algo que no existía antes.

Dos, está el Comité de Justicia Transicional instalado, esa es una instancia que es la que coordina en el nivel territorial el tema y se toman las decisiones frente a retorno, las decisiones frente a vivienda, las decisiones frente a temas de seguridad para las comunidades, planes de reparación colectiva. Y esa coordinación interinstitucional tampoco existía antes ni existía con la participación de las víctimas. Son más de mil mesas de participación en todo el país.

Y obviamente esto genera unas entidades territoriales, unas víctimas más organizadas, unos organismos de control mucho más pendientes, exigiendo más, y eso está bien. O sea, no hay nada que demuestre que las cosas se están haciendo bien, que la exigencia sobre cómo se pueden hacer mejor.

Ciudades

La Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dijo que este año esta entidad de la mano con el Ministerio del Interior tienen previsto realizar planes de acción en las 10 ciudades principales del país, donde se concentra la mayoría de los afectados, “para garantizar que finalizando este año haya unos resultados muy concretos y tangibles de cara a las víctimas que habitan en las ciudades”.

Añadió que hay un decreto que está próximo a firmar el presidente Santos sobre corresponsabilidad, en el cual “se van a aclarar mucho más las competencias de lo nacional y lo territorial frente al tema de víctimas”