Hay expectativa en círculos políticos por las determinaciones que tome el presidente Juan Manuel Santos con respecto a la designación de los nuevos titulares de la Superintendencia de Salud, el Fondo de Adaptación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Consejería para Bogotá.
En la Supersalud se espera el reemplazo de Conrado Gómez, que renunció el 18 de julio.
Tras el nombramiento de Alejandro Gaviria como Ministro de Salud se espera que tanto él como el Presidente incluyan entre sus prioridades escoger la persona que va asumir dicha posición.
El tema no es de menor cuantía, ya que la renuncia de Gómez se dio dentro del contexto de la crisis administrativa y financiera del sistema de salud, cuya solución, para algunos sectores, pasa por cambios radicales en la Ley 100 y aun por su derogatoria.
La Supersalud adelanta actualmente la intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), entre ellas Saludcoop.
Se conoce que conjuntamente con el Ministro de Salud, el Superintendente deberá llegar realizar una profunda restructuración en la Entidad. Se dice que el Partido Social de Unidad Nacional (La U) ha venido solicitando que le den el manejo de la superintendencia.
Fondo de Adaptación
Tras el nombramiento de Cecilia Álvarez-Correa como Ministra de Transporte, el presidente Santos tiene la difícil tarea de buscar la persona que se le mida a manejar el Fondo de Adaptación, entidad que maneja procesos complicados como del Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, y municipios como Gramalote y Útica.
De acuerdo con Álvarez-Correa, el Fondo ya está en etapa de ejecución con un calificado equipo de profesionales. Para ella, lo más importante de la persona que llegue a sucederla es comprensión por parte de las autoridades locales y de la ciudadanía en general, sobre la necesidad de trabajar unidos.
Actualmente existe un convenio Interadministrativo de Cooperación para estructurar, implementar y hacer seguimiento y control al Plan Jarillón Río Cauca y obras complementarias”, por un valor estimado de 823.000 millones de pesos.
Frente al tema de la reconstrucción de Gramalote, el Gobierno asignó 87.000 millones de pesos al Fondo para levantar la nueva población. Suma insuficiente, porque a precios del año pasado establecer un nuevo asentamiento en El Pomarroso costaría 350.000 millones, porque se requieren obras para reforzar el suelo, carreteras, caminos vecinales.
Para el caso de las inundaciones en La Mojana, se acordaron algunas medidas como analizar el sistema del río de una manera integral, que incluya los efectos de manejo en la cuenca alta y baja, así como los efectos de las intervenciones para el riesgo de inundaciones río abajo. Con miras a tener mejores estándares de seguridad, elaborar mapas de inundación con base en los cuales se construirá un análisis de costo-beneficio, un plano regional de uso del suelo y se definirán diferentes medidas de intervención con la participación de los actores involucrados. Realizar un modelo de elevación digital para la zona y optimizar el diseño de los diques.
Agencia de Defensa Jurídica del Estado
La dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cargo de alta complejidad, quedó vacante tras ser nombrado Fernando Carrillo como Ministro del Interior.
Quien lo reemplace deberá buscar estrategias para defender jurídicamente al Estado de las demandas.
Algunas de las demandas provienen de los militares frente al reajuste salarial. El monto de las demandas contra el Estado se acerca a los 1.200 billones de pesos. De ese total, el 80 por ciento está en 600 procesos en curso.
Según los datos revelados en informaciones de prensa, en la actualidad existe un total de 199.379 procesos activos de 217 entidades con una pretensión estimada de 928 billones de pesos y un pasivo contingente de 426 billones de pesos.
Consejería para Bogotá
El presidente Santos ha manifestado su interés por crear una Alta Consejería para Bogotá, como una manera de expresar la armonía de las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano y el compromiso del Gobierno Nacional por lo que ocurra en el Distrito Capital.
Lo anterior no quita que, precisamente, se trate de un tema complicado, porque la labor fundamental es la de ayudar a solucionar los problemas que se presenten con Bogotá.
Este cargo ya ha existido en otros gobiernos como en el de Ernesto Samper. La consejera era en ese entonces Isabel Martínez.