El ministro de Minas, Germán Arce, adelanta actualmente un proyecto de concertación frente al tema. Sin embargo, cree que el gran problema que ha visto es que muchas se han aprovechado para hacer campañas políticas por parte de alcaldes a quienes se les ha montado un proceso de revocatoria.

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EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste la normatividad frente a las consultas mineras y de hidrocarburos que están preparando?

GERMÁN ARCE: No estamos reglando las consultas populares. Lo que estamos proponiendo es reglar los mecanismos de concertación que la Corte Constitucional nos ha pedido a través de diferentes sentencias. Nosotros somos respetuosos de los mecanismos de consultas, pero la consulta no aplica para todo y lo que la Corte y la Constitución han previsto es que deben existir o se debe crear un mecanismo en los casos donde hay tensiones entre competencias. Este es el caso con la tensión entre las facultades que tiene la nación para administrar los recursos de todos los colombianos y las decisiones que puedan tomar las autoridades locales en función de sus capacidades legales. Y lo que estamos construyendo es un proyecto que hemos denominado de concertación que es para reglar el principio de concurrencia, que es un principio constitucional.

ENS: ¿Todo este problema se debe a que no se presentó a tiempo el nuevo Código Minero que ordenó la Corte Constitucional?

GA: Creería que las tensiones en el territorio son entre otras cosas demostración de que este es un Estado participativo y donde estamos migrando hacia otra cosa. En el pasado este tipo de conflictos desafortunadamente se resolvían no por las vías democráticas, yo creo que el país está estrenando su Constitución, está experimentando los mecanismos que se incluyeron  en las mismas. Lo que sucede es que hay unas precisiones en las leyes, el Código Minero presentó uno, que después fue derogado y hoy nos quedamos con un Código que es de comienzos de la década anterior, que no reconoce la realidad del país 16 años después.

ENS: Hay la percepción de que la gente no quiere la minería ni el petróleo, pero sí quiere las regalías para la inversión social, ¿qué tanta desinformación hay?

GA: Muchísima creo, entre otras razones porque cuando se hacen afirmaciones imprecisas sobre cuál es el uso de los recursos, la gente no entiende que la renta minera y la renta petrolera es la principal fuente de ingresos fiscales tanto de la nación como de los territorios. Entonces hay un principio de que la gente quiere recursos, sobre todo quiere que se atiendan esos derechos fundamentales creados en la Constitución, pero pareciera no estarle dando la importancia a los sectores que aportan esos recursos que necesitamos. Esta es una industria que hace un aporte muy importante para que el Estado pueda cumplir con esas obligaciones. Lo que nosotros queremos es que tengamos un debate informado sobre los hechos, y no sobre estas campañas mediáticas.

ENS: Hay expertos que dicen que el problema es que Colombia quiere cambiar su vocación, este país ha sido un país con vocación extractiva minera y petrolera, ¿es cierto?

GA: Este es un país donde la industria de hidrocarburos y minería aporta el 7 por ciento del PIB, mal haríamos en decir que esta es una economía petrolizada o mineralizada, eso no es cierto. El 93 por ciento del PIB se produce en otros sectores, lo que sucede es que las finanzas públicas sí son altamente independientes de este sector, entonces más allá que cambiar el modelo económico del país, le pregunta es, ¿cuáles son los sectores que más le aportan a los ingresos?, y ahí su tesis sí es válida, tendríamos que diversificar las fuentes del Estado, si no me voy a beneficiar de las utilidades de Ecopetrol, tendré que imponer más impuestos para financiar los programas sociales.

ENS: A raíz de lo que pasó el Ibagué con la consulta sobre Cajamarca, hubo sectores que decían que allí lo que había era un pulso entre la industria- agroindustrial, y la minería, ¿sí se están dando esos pulsos?

GA: Creería que es uno de los factores. Creo que en cada municipio y en cada región hay complejidades muy asociadas al fin de la discusión, incluso a la coyuntura política de los alcaldes  y de los  concejales. Cuando se revisa caso por caso usted encuentra unas particularidades como a alcaldes a quienes se les han iniciado procesos de revocatoria, y han empezado a montar consultas para probablemente ratificar su mandato, es una cosa que hemos visto. La otra cosa es que hemos visto discusiones como el caso de Ibagué y Cajamarca, donde una territorialidad le quiere imponer una decisión a otro territorio, es decir, un municipio quiere definir sobre la vocación de otro municipio. Creo que las complejidades territoriales hay que revisarlas, sobre cuál es el Estado del alcalde, el pulso político, porque esto se convirtió en un instrumento para hacer unas campañas relativamente baratas, donde actores políticos han montado discursos políticos.  

ENS: Pero hay una percepción internacional de que en Colombia hay inseguridad jurídica, ¿eso afecta la entrada de inversionistas extranjeros?

GA: Es un riesgo, que entre los fallos de los tribunales y las Cortes que ha sometido a interpretación principios legales existentes, y ha creado otros principios legales no existentes en la ley, evidentemente genera una sensación de incertidumbre. Por eso hemos centrado la discusión en propuestas que permitan fijar las reglas sobre las que vamos a dar esta discusión para que los inversionistas sepan la regla que aplica, y hay varios vacíos en la normatividad que hay que llenar.   

ENS: ¿Cómo enfrentar una situación donde se cree que es políticamente correcto defender lo medio-ambiental, y que no es políticamente correcto defender la minería y los hidrocarburos?

GA: Ese es el falso dilema. Creo que todos tenemos la responsabilidad de defender el medio ambiente, lo que sucede es que sacando a los actores legales que cumplen con las normas ambientales no vamos a resolver ese dilema. Esta es una discusión que ha estado centrada en la explotación de oro. Las imágenes que usted ve, que les muestran a los ciudadanos, son las imágenes de actores ilegales, no lo que hacen los actores legales. Si nosotros no somos capaces de diferenciar los actores legales de los ilegales, creemos que por vía de prohibir la actividad a los legales vamos a controlar a los actores ilegales, no hay nada más falso que esa estrategia.

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