“¡Hay una cultura del torcido!”, exclamó el procurador Alejandro Ordóñez a propósito del avance de la corrupción a todos los niveles.

“De arriba abajo pulula el mal ejemplo”, sostuvo el jefe del Ministerio Público, anotando que “desde la clase dirigente que confunde la administración pública con un botín, hasta muchos ciudadanos que en la vida diaria buscan la forma de hacer trampa a la ley”.

EL NUEVO SIGLO: “Un fiscal general muy jugado por el proceso de paz y un procurador muy crítico del mismo”. ¿Qué opina de esa afirmación que se ha generalizado en la opinión pública, los medios y los analistas?

ALEJANDRO ORDÓÑEZ:Las apariencias engañan. La mejor contribución que se puede hacer al proceso no es la de consentir y teorizar todas las pretensiones de las Farc, sino la de advertir sobre las condiciones que el derecho internacional y el orden jurídico colombiano establecen para que lo que se acuerde se cumpla.

Mucho bien hace al proceso que se diga en voz alta no sólo lo que la mayoría de los colombianos piensa, sino lo que garantizará que la paz sea estable y duradera.

Nada sacamos firmando un papel si los compromisos terminan cayéndose en el futuro en una corte nacional o internacional.

ENS: El Estatuto de Roma hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional avaló el Marco Jurídico para la Paz y lo declaró ajustado a ese bloque de constitucionalidad. ¿Por qué se dice ahora que aplicar el Marco pondría a Colombia en la mira de la CPI?

AO:En realidad lo que hizo la Corte Constitucional fue, a través de dos sentencias, condicionar la competencia del Congreso de la República para aprobar las leyes estatutarias que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz.

Esas condiciones, que la Procuraduría se propuso difundir como la base de un Pacto para la Paz, obligan a que los responsables de atrocidades cumplan una pena efectiva de prisión, proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos.

Lo que pasa es que ahora hay quienes quieren pasarse por la faja las sentencias de la Corte.

ENS: Ese mismo Marco autoriza al Congreso a tramitar una Ley Estatutaria para definir qué delitos comunes son conexos con el delito político. ¿Constitucional y legalmente, por qué el narcotráfico no puede entrar en esa conexidad?

AO:No todos los delitos pueden ser conexos con el delito político, por eso, la Corte obliga al legislador a respetar el principio de proporcionalidad y razonabilidad para determinar cuáles delitos son conexos, al igual que atender la esencia de esos delitos, que no es otra que el altruismo y el idealismo, según la propia jurisprudencia.

¡Nada tiene de altruista el secuestro, nada de idealista una masacre! Tampoco el narcotráfico. ¿Acaso con dineros de la cocaína no se financió la existencia de un aparato violento dedicado a la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad? ¿El narcotráfico no convirtió a las Farc en el más grande terrateniente de Colombia? ¿Qué tiene de político amasar grandes fortunas del mismo modo que lo hacían los carteles de Medellín y de Cali?

ENS: Siendo inocultable la relación Farc-narcotráfico, ¿no cree que no declarar ese delito como conexo a la rebelión haría absolutamente imposible hacer un proceso de paz?

AO:Se necesita que la paz quede bien hecha. Esto significa que sea sostenible en el plano jurídico y político.

Repito: nada se saca firmando un papel si no se puede cumplir. Los más interesados en que lo que se firme se cumpla son las Farc. Con certeza Timochenko y Márquez se preocupan porque en unos años terminen extraditados a Estados Unidos o en la cárcel. Eso solo se resuelve en el marco de la justicia transicional con penas efectivas de prisión, razonablemente reducidas, combinadas con penas alternativas. La impunidad que reclaman lo único que hace es garantizar que los acuerdos se incumplan.

 

Justicia transicional

ENS: ¿Cree realmente que un cabecilla guerrillero firmaría la paz si tiene que ir a la cárcel y correr el riesgo de ser extraditado?

AO:La cosa es simple. O pagan cárcel en el marco de la justicia transicional o tarde que temprano terminarán pagando cárcel ante la CPI o incluso ante la propia jurisdicción colombiana. Pero, hay que ser recursivos, imaginativos, audaces.

Es obvio que un cabecilla de las Farc no querrá que le pase lo ocurrido a la cúpula paramilitar. Es cuestión de garantías. Y ahí tenemos que pensar todos.

Por ejemplo, pueden cumplir el tiempo de prisión que les corresponda antes de acceder a una pena alternativa en un centro de reclusión extranjero, en un país cuyo gobierno les dé garantías de que no serán extraditados o que su vida e integridad corra riesgo. Luego venir a Colombia. ¡Eso es posible!

Además se podría pensar en solicitar a la Corte Penal Internacional que haga seguimiento al cumplimiento de la pena de tal modo que se verifiquen rigurosamente las condiciones de reclusión y no sea una comedia. Eso contribuiría a blindar los acuerdos ante una futura intervención de la CPI.

ENS: ¿Qué ‘sapos’ se puede tragar el país en aras de alcanzar la paz y cuáles no?

AO:Se puede admitir que las Farc se conviertan en un partido político en plano de igualdad respecto a las demás organizaciones políticas. Inclusive, se les puede garantizar representación en el Congreso, tal y como lo concibió la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Se les debe garantizar seguridad para el ejercicio pleno de sus derechos y puedan defender lo que piensan en las urnas.

Pero eso exige la desmovilización total y su desarme absoluto. Que el proceso no sea sinónimo de impunidad ni que se privilegie a los victimarios sobre las víctimas o se manipule la historia para justificar el terrorismo.

La verdad y la justicia a la que les tiene pánico las Farc es la base de la paz. Tampoco se puede aceptar que la paz territorial sea la institución de la guerrilla en el territorio y no del Estado. Ojo con esto último, que asoma las orejas en los acuerdos parciales de La Habana.

ENS: ¿Los militares y policías condenados por delitos relacionados con el  conflicto armado pueden ser objeto de justicia transicional?

AO:Sin duda. El Marco Jurídico para la Paz señala que se establecerá un trato diferenciado para quienes han hecho parte del conflicto. La justicia transicional debe cobijar todos los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública que tengan relación con el conflicto, pero, al igual que frente a las guerrillas, no puede existir impunidad, deben cumplir penas proporcionales a la gravedad del crimen cometido.

La justicia transicional debe ser para todos, incluidos quienes financiaron, promovieron, organizaron, apoyaron las autodefensas ilegales o a las guerrillas.

 

Marihuana medicinal

ENS: Crecen las voces de apoyo al proyecto que autoriza el uso medicinal de la marihuana ¿Qué opina al respecto?

AO:No se debe confundir mayorías en el Congreso con apoyo popular, ni decisiones acertadas con las mayorías. No son lo mismo.

ENS: ¿Cómo ve la reforma al equilibrio de poderes que fue aprobada, en primera vuelta, en el Congreso?

AO:Mucha retórica. Tiene muy poco de equilibrio de poderes.

No se fortalece la capacidad de control político del Congreso frente al Ejecutivo. Tampoco se establecen mecanismos que permitan la fiscalización efectiva sobre el Gobierno.

El desequilibrio existe tradicionalmente en el país porque el Gobierno interfiere con canonjías la labor del poder Legislativo. Así que hablar de una reforma de equilibrio de poderes sin garantizar la independencia del Legislativo es una fantasía.

ENS: ¿Cómo puede funcionar un país que lleva dos meses con paro judicial a bordo?

AO:¡Increíble! ¿Pero sabe qué es lo más grave? Que a pesar de las semanas que lleva el paro no ha pasado nada en Colombia. Eso habla muy mal de nuestras instituciones y del Estado de Derecho.

Los ciudadanos ni siquiera reclaman porque no creen en el funcionamiento del Estado en materia de justicia. Es como si la administración de justicia no hiciera falta. ¡Gravísimo!

ENS: ¿Cómo evalúa la sentencia de la Corte IDH que condenó al país por 11 desapariciones en el caso del Palacio de Justicia?

AO:Debemos hacer un esfuerzo serio en Colombia en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos de las víctimas. Por supuesto que los principales responsables de esa tragedia, eso no se debe olvidar, fueron los terroristas del M-19, pero el Estado debe asumir la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que ejecutaron sus agentes. Esto ocurrió hace casi 30 años y aún no se conoce la verdad.

Eso sí, quiero ser claro, la lucha contra la impunidad no debe ser licencia para condenar a quienes no tienen responsabilidad en violaciones concretas.

ENS: Hay quienes sostienen que la Procuraduría está demasiado interesada en el proceso de paz, pero dejó de lado crisis como la carcelaria, de salud, judicial, la lucha contra la corrupción...

AO:Tienen razón en que estamos demasiado interesados en la paz. Por una razón: queremos que quede bien hecha y que podamos acabar con la violencia, por eso hemos propuesto un Pacto para la Paz entre los críticos y defensores del proceso de La Habana.

En lo que están equivocados es en que se han dejado de lado las funciones del Ministerio Público en el resto de temas. La Procuraduría trabaja en todos los temas y en todo el territorio nacional.

Otra cosa es que nuestras acciones tengan mayor cubrimiento mediático cuando se trata de un asunto de enorme relevancia como la paz.

 

Corrupción

ENS: Mockus decía que en Colombia hay una especie de “cultura del atajo”. ¿En Colombia hay una “cultura de la corrupción”?

AO:¡Hay una cultura del torcido! De arriba abajo pulula el mal ejemplo. Desde la clase dirigente que confunde la administración pública con un botín, hasta muchos ciudadanos que en la vida diaria buscan la forma de hacer trampa a la ley.

La gran revolución que se necesita es la de la educación y la de los valores. Solo recuperando la familia como institución será posible tener nuevas generaciones de colombianos que no se salten la ley, sino que se esmeren por cumplirla.

ENS: Se cumplió un año del fallo de la Procuraduría que sancionó y destituyó al alcalde Petro, pero él sigue hoy por hoy en el cargo. ¿Qué opina?

AO:Es nuestro Estado de Derecho. La justicia contencioso-administrativa está estudiando ese caso y en la Procuraduría confiamos en la rectitud del fallo que emitirán.

ENS: Mientras la ciudadanía se indigna con las decisiones de jueces que dejan en libertad a conductores borrachos que causan accidentes, el Ministerio de Justicia dice que se abusa de la detención preventiva e impulsa ley para regular el tema. Su opinión…

AO:Es consecuencia de la inexistencia de política criminal. Llevan cuatro años y aún no tienen política criminal.

Lo que llama la atención es que aquí hay mucha indignación para todo, pero a muchos, incluido el Gobierno, les parece natural que los responsables de las mayores atrocidades en el hemisferio pretendan no cumplir un solo día de cárcel.