El ex cancillerGuillermo Fernández, uno de los representantes de Colombia en el proceso ante La Haya, advirtió que hay que "pensar seriamente en la posibilidad de renunciar" al Pacto de Bogotá.

Fernández declaró que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le quitó mar a Colombia, es inapelable.

El diplomático afirmó que una de las consecuencias más preocupantes del fallo es que dejó abierta la posibilidad para que Nicaragua solicite la plataforma continental extendida de 200 millas náuticas en una futura segunda demanda, por lo que Colombia debe contemplar el retiro del llamado pacto de Bogotá.

"Por principio, los fallos son para cumplirlos. No puede ser que los fallos se acaten cuando son favorables y esa ha sido la tradición de Colombia en política exterior. El fallo no se puede desconocer", le aclaró Fernández a RCN La Radio.

Sobre críticas al hecho de que Colombia no se retirara a tiempo del Pacto de Bogotá, el excanciller dijo que él mismo, en su momento, planteó esa posibilidad, “pero no hubo consenso”. y agregó que ahora "esa es una consideración que el Gobierno debe hacer y hay que pensar seriamente en esa posibilidad".

Reveló que la delegación colombiana en La Haya recibió con tristeza e indignación la sentencia que “consideramos injusta porque la Corte Ignoró que previamente se habría establecido el meridiano 82 como el límite geográfico del archipiélago.

Finalmente, Fernández aclaró que este fallo no tendrá repercusiones en el diferendo limítrofe con Venezuela, porque ese país no hace parte de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Proponen observatorio

La puesta en marcha de un observatorio socio-económico, así como alternativas que beneficien a la comunidad raizal e isleña, entre otras propuestas, fueron entregadas al presidente Juan Manuel Santos por la Universidad Nacional a través de una carta.

El mencionado observatorio integraría, analizaría y generaría “de forma permanente, información y conocimiento en las diferentes esferas socio-cultural, ambiental, económica, política y jurídica en el Caribe insular colombiano”, según el texto de la misiva divulgado ayer por la agencia de noticias Unimedios.

La Nacional declaró que se une al Gobierno en su propósito de “priorizar acciones a mediano y largo plazo para el beneficio del territorio insular y, por ende, de todo nuestro país”.

De acuerdo con en centro de educación superior, el “patrimonio, la experiencia ganada, la información obtenida y la competencia de un equipo multidisciplinario y comprometido de docentes –la mayoría con doctorado–, profesionales, contratistas, grupos de investigación y estudiantes de doctorado, maestría y pregrado, está a disposición de la Nación para apoyar un proyecto integral y holístico de fortalecimiento del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que permita apoyar la toma de decisiones, la generación de proyectos productivos, el diseño de política pública y, sobre todo, estrechar las relaciones de vecindad en el Caribe”.

“Ya la Sede Caribe desarrolló un sistema para el manejo de la pesquería denominado Simaspe (Sistema de Información para el Manejo Sustentable de la Pesquería, Santos-Martínez, 2011), el cual contiene publicaciones, mapas, datos e imágenes de las esferas mencionadas, tanto de la pesca artesanal como industrial. Con este sistema se pueden hacer simulaciones para el manejo pesquero de la Reserva Internacional de Biósfera”.

“Con el fallo de la CIJ”, la Corte Internacional de Justicia, “que fragmentó el territorio marino colombiano y enclavó dos de nuestros cayos en territorio extranjero”, recordó la carta de la Nacional, “se requiere diseñar e implementar nuevas medidas para el manejo de lo que queda de la Reserva Internacional de Biósfera y de las Áreas Marinas Protegidas – Seaflower”.

Como ya lo habían advertido académicos de la Universidad y lo publicó EL NUEVO SIGLO, “recursos como la langosta espinosa, el caracol pala y más de 130 especies de peces, que hacen parte de la segunda barrera arrecifal más grande y mejor conservada del Caribe (Old Providence), dependen en alguna parte de su ciclo de vida, de la movilidad y conectividad entre zonas distantes en el Caribe. Esto demanda coordinación para que el uso y medidas de manejo adoptadas en estas aguas  sean compatibles; de lo contrario, la sostenibilidad de dichos recursos puede verse comprometida”.

Nicaragua a la ONU

“Nicaragua debe asistir al Consejo de Seguridad de la ONU y solicitarle que tomen medidas en el asunto para lograr que Colombia cumpla, porque de lo contrario se convertiría en letra muerta todo lo que en el concierto de naciones se ha suscrito, precisamente con la intención de mantener la paz y la armonía entre las naciones y evitar así las guerras”, según la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, agregando que el gobierno de Daniel Ortega no contempla ningún enfrentamiento de tipo militar en la zona en conflicto y que precisamente por eso recurrieron a tribunales internacionales.

“Ya el Presidente de la República lo dijo: nosotros no tenemos fragatas de guerra. No queremos guerras. Vivimos precisamente trabajando por la paz y la estabilidad de la Nación y por eso concurrimos a los tribunales de justicia internacionales. De hecho, somos uno de los países que más concurren a los tribunales internacionales para solucionar nuestros conflictos”, declaró Ramos.

La funcionaria precisó que espera que la posición de Colombia sea solo una reacción inmediata al fallo, aunque afirmó que no comprende por qué el gobierno de Juan Manuel Santos actúa así, si era un fallo que “todo el mundo los estaba previendo”.

Fallo no vincula a Panamá

El canciller panameño Rómulo Roux aseguró ayer que un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que esta semana fijó nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, no puede afectar a su país porque no fue parte del proceso en ese tribunal internacional.

"Ningún fallo de la CIJ es vinculante en forma alguna a un Estado soberano que no es parte del proceso ante la corte internacional, y ese principio quedó muy claro" en el concepto del tribunal, aseguró Roux en declaraciones a la RCN La Radio.

El funcionario fue enfático en señalar que "la República de Panamá no fue parte, ni directa ni indirectamente, del diferendo entre Colombia y Nicaragua, ni tampoco del proceso legal o del fallo de la Corte Internacional de Justicia".

Sin embargo, indicó que su gobierno ha "iniciado un proceso de análisis detallado del fallo", "en caso de que alguien quiera argumentar que se han desmejorado los derechos panameños", pese a "que el fallo no puede ser vinculante" para su país.

De otra parte, Roux informó que hace dos días mantuvo una conversación telefónica con su homóloga colombiana María Ángela Holguín, "y en principio lo que acordamos es que cada una de las cancillerías haría su análisis" del fallo.