Con el fin de mitigar las consecuencias del fallo de La Haya en el departamento de San Andrés, el Gobierno Nacional sigue analizando la posibilidad de decretar la emergencia social para esa zona del país, el anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien aclaró que no es la única estrategia en la que se está pensando.

“Se va a acudir a varias herramientas, se está acabando de estudiar la emergencia social y un conjunto de medidas que harán parte de lo que el presidente Juan Manuel Santos ha denominado el plan San Andrés, que es un conjunto de acciones para tratar de mitigar este tsunami originado por el fallo de La Haya”, explicó Carrillo.

El Ministro del Interior explicó que algunas de las consecuencias que podría traer la sentencia sería la limitación de los derechos de los raizales, por lo que se acudiría a ejecutar al artículo 215 de la Constitución, el cual dice, “Cuando sobrevengan hechos distintos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”

Y es que según el ministro Carrillo existe una gran contradicción en la decisión tomada por La Haya ya que se habrían desconocido algunos derechos de las comunidades raizales y, además criticó que no haya habido una posición consistente en términos de defensa de esos derechos fundamentales de seguridad humana, medio ambiente y seguridad alimentaria.

Mientras se definen cuáles serán las estrategias que se tienen en cuenta para hacer frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el Ministerio del Interior sigue avanzando en el estudio de más propuestas. “Una de las responsabilidades delMinisterioes el manejo de las minorías étnicas y de las poblaciones afrodescendientes, por eso hemos estado tratando el estatuto raizal porque corresponde a las competencias del ministerio todo lo que tiene que ver con la descentralización. Hemos estado coordinando con la gobernadora de San Andrés las mesas de trabajo”, expresó el Jefe de la Cartera del Interior.

Algunos analistas creen que decretar un estado de emergencia para San Andrés sería una forma de aceptar la sentencia proferida hace algunas semanas, sin embargo este Diario consultó a algunos constitucionalistas para establecer las ventajas y desventajas que tendría esta decisión. Todos los entrevistados concluyeron que lo mejor que puede hacer el Gobierno Nacional antes de tomar una decisión es estudiar todas las opciones posibles.

El expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba, se refirió a la tesis de los analistas según la cual decretar la emergencia social sería aceptar intrínsecamente la decisión de la Corte Internacional y dijo que es riesgo que existe.

“En las consideraciones del decreto al hacer alusión al fallo de la Corte Internacional, implícitamente se acepte, pero no creo que el Gobierno sea capaz de cometer semejante equivocación, creo que lo que deberá hacer en las consideraciones es decir que a pesar de que el Gobierno considera que no se puede aplicar el fallo porque tiene inconvenientes, está produciendo unos efectos sobre la población de San Andrés que genera esa situación de crisis”, explicó el exmagistrado.

Córdoba agregó que una de las tareas más importantes que tendrá el Gobierno, si decide impulsar la emergencia social, es demostrar que verdaderamente hay una crisis y que no puede resolver la con las facultades ordinarias con las que cuenta el Presidente Santos, y que la crisis si es de extrema gravedad.

A su turno, el especialista en Derecho Constitucional Juan Carlos Lancheros, cree que es muy difícil que la Corte Constitucional declare exequible la declaración de una emergencia social porque, según él, ese no fue un hecho inesperado como lo puede ser una ola invernal sorpresiva.

“No era algo que estuviera dentro de las posibilidades, eso es algo que la Corte necesariamente evalúa en los casos de declaratoria de emergencia, entonces que sea sobreviniente supone que no hubiera sido previsto por nadie, mientras que en este caso la posibilidad de un fallo negativo era posible. La Corte podría declararla inexequible o la aceptaría condicionada a tomar ciertas medidas para mitigar la crisis económica”, dijo Lancheros, quien agregó que la declaratoria de emergencia no implica que se acepte el fallo en su totalidad.

Sobre el tema también se pronunció el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, quien se mostró en contra de que se decrete una emergencia social, para Posada la mejor forma de ayudar a la población de ese departamento es con la buena y completa implementación de los planes sociales que se desarrollan en la mayoría del país.

PLAN SAN ANDRÉS

La primera reacción del Gobierno Nacional al Fallo de la Corte Internacional de Justicia fue el anuncio de la creación del Plan San Andrés, una estrategia creada, según el presidente Juan Manuel Santos, para hacer realidad todos aquellos proyectos que se han planeado para el Archipiélago de San Andrés y que no se han llevado a cabo.

Santos también ha hablado de emergencia social, “Hemos discutido la posibilidad de poder decretar una emergencia, que nos facilite los instrumentos legales y financieros” y agregó que lo que se busca es crear un plan integral que atienda las necesidades de San Andrés. Según Santos lo que se busca es un plan de mayor envergadura para la región y para lo que el Gobierno, las autoridades de San Andrés y Providencia, así como líderes de la comunidad, realizaron un inventario de los proyectos que ya están en ejecución, por un monto superior a los 170 mil millones de pesos.