Al resaltar la gestión que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro del Interior Germán Vargas hizo un llamado para blindarla de cualquier presión, intromisión o sesgo político, y asegurar su correcto cauce jurídico.

Durante el Seminario Internacional “Experiencias comparadas: fortaleciendo la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial”, presidido por los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ministro Vargas afirmó, igualmente, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo está contemplada la meta de implementar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

“Un mecanismo de coordinación institucional para conducir nuestros esfuerzos y recursos hacia resultados que impacten, de manera directa, en la garantía efectiva de los Derechos Humanos. Esta iniciativa la formalizaremos mediante Decreto, aspiramos que a más tardar el próximo mes”, explicó el alto funcionario.

El jefe de la cartera política aprovechó la instalación del seminario para exaltar las actuaciones de la CIDH y resaltó que la experiencia en Colombia ha resultado muy positiva: “Prueba de ello es el activismo creciente de quienes, desde nuestro territorio, ejercen la defensa de los Derechos Humanos, con resultados significativos, así como el legado de decisiones judiciales proferidas por la Corte Interamericana que han permitido a nuestros operadores jurídicos generar interpretaciones integrales de los derechos y de corte garantista”.

Vargas señaló que uno de los temas sobre los cuales el Sistema Interamericano ha tenido conocimiento es el de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, como beneficiarias de medidas provisionales, e informó a los miembros de la Corte que el objetivo del Gobierno es lograr para estas comunidades la restitución de tierras en diciembre de este año.

“El proceso autónomo de las comunidades ya culminó con la primera etapa del censo, en las que fueron identificadas 1.347 familias del Consejo de Curvaradó y 293 familias del de Jiguamiandó. Ahora mismo, seguimos acompañando la segunda y tercera fase de este paso previo a la realización de las asambleas de la comunidad y la elección de sus representantes. La restitución de sus tierras es, insisto, prioritaria para el Gobierno Nacional, y en este, como en otros casos, las orientaciones judiciales de la Corte y sus aportes resultan de la mayor importancia”, afirmó.

Vargas reiteró el respaldo incondicional de Colombia a la acción de los órganos del Sistema Interamericano: “Creemos, con toda convicción, que la unión de los esfuerzos de nuestro sistema jurídico y del Sistema Interamericano, asegurará el cumplimiento formal de la normativa que los regula, pero también permitirá contar con una expectativa real y seria de satisfacción material de los postulados consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y los demás instrumentos que hacen parte del Sistema”.

El ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra, recordando los casos y los fallos emitidos por el tribunal internacional, recalcó que éstos “siempre le han servido a la Corte para hacer además pedagogía para los derechos humanos. Su tarea no ha sido solamente la de resolver los casos, sino la de utilizarlos para recomendar en no pocos eventos, y en algunas ocasiones, dar afectuosos jalones de orejas por la conducta de algunos connacionales”.

Antes de señalar que “en mi condición de colombiano en la coyuntura actual que me coloca en la privilegiada posición de Ministro de Justicia, para darle una bienvenida de corazón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Esguerra invitó a la comunidad y a las agencias de cooperación internacional, a apoyar estas propuestas y, en el caso de la Ley de Víctimas, apoyar decididamente su proceso de implementación, “pues es un punto cardinal en la aplicación de los derechos humanos en Colombia”.