Un análisis de Fedesarrollo indica que “las medidas comerciales de restricciones arancelarias y no arancelarias han contribuido a proteger las rentas de algunos productores arroceros a costa de la distorsión de los distintos eslabones que componen el proceso de producción del arroz y generando aumentos sustanciales en los precios domésticos”.

Señala la entidad de investigación que “a menos que la política comercial del arroz en Colombia quiera seguir priorizando el bienestar de los productores de arroz en el país en detrimento del de los consumidores más pobres, se requiere un replanteamiento de la política comercial del arroz al mismo tiempo que se prepara a los productores colombianos para la dinámica de un libre comercio internacional, pero sin ir en contravía del bienestar general. Para ello es importante avanzar en varios frentes que se escapan de las políticas puramente comerciales”.

Entre esos frentes, Fedesarrollo menciona que “la situación del sector arrocero no es homogénea en las diferentes regiones. Se requiere una aproximación diferencial desde la política, que abogue por una mayor competitividad y por un proceso de modernización y reducción de costos para aquellos productores que puedan ser competitivos en un entorno globalizado. Al mismo tiempo, se requiere el apoyo a un proceso de transformación productiva y migración hacia otros productos en aquellos casos en los cuales no sea posible mantener niveles de competitividad adecuados frente al libre mercado”.

Indican que “en este proceso es esencial fomentar la flexibilización del mercado de la tierra, en particular en lo referente al arrendamiento de la misma. Solo así su valor reflejará su uso efectivo, facilitando la reconversión de los cultivos y de las actividades agrícolas en general. En el momento en que las políticas comerciales empiecen a surtir efecto y los precios del arroz paddy tiendan a caer, las rentas de las tierras usadas en su cultivo también lo harán, generando condiciones apropiadas a favor de la competitividad de este y otros sectores”.

Sostiene la entidad que “la provisión de bienes públicos es fundamental para complementar la actividad agrícola privada, en lugar de políticas comerciales restrictivas que crean rentas para productores y dueños de factores de producción, pero que no mejoran la situación competitiva del sector. En la medida en que los productores de arroz cuenten con la infraestructura, conocimientos y capital humano necesarios para ser competitivos, ya no serán necesarias las medidas comerciales restrictivas. Es importante que las inversiones que realice el Gobierno se focalicen en las regiones que mayor potencial presentan”.