“No podemos enfrascarnos en la construcción de cupos carcelarios”. Con estas palabras comenzó su intervención el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, en donde recordó que precisamente varios de los proyectos con los que se busca aliviar la situación de las cárceles y ajustar la política criminal del país están esperando su célere trámite en el Congreso.

“En Colombia podemos ver gente detenida preventivamente hasta 9 años. Hay 18.000 demandas contra el Estado por detención injusta de la libertad con pretensiones por 22,7 billones de pesos”, indicó Reyes Alvarado, y agregó que se acaba de presentar la iniciativa que reforma el Sistema Penal Acusatorio, así como se presentarán próximamente dos iniciativas más ante el Congreso. 

En pocos minutos arranca el segundo debate del proyecto que busca regular la detención preventiva, de manera que se imponen topes en los tiempos de detención de las personas y fortalece la adopción de medidas adicionales a la detención preventiva para que los sindicados enfrenten su proceso ante la justicia.

En momentos en que la población carcelaria llega a 118.834 personas, lo que representa un hacinamiento del 52 por ciento, el Ministro de Justicia reiteró el llamado a que los entes territoriales asuman el compromiso que tienen por ley para atender a la población sindicada.

“En Colombia hay cárceles suficientes para albergar a todos los condenados y sobrarían 2.500 cupos”, dijo. Y continuó: “Los alcaldes nos responden: prefiero una escuela a una cárcel, y no les falta razón. Ningún municipio quiere que le construyan cárceles, todos quieren que sean lo más lejos posible. Pero son los municipios y departamentos los que están obligados  a construir y mantener las cárceles para los detenidos preventivamente, y al respecto el INPEC está asumiendo una responsabilidad que legalmente no le corresponde”. 

El Ministro indicó que en las cárceles hay personas que ya deberían estar en libertad pero dada la lentitud de los procesos ello no ha sido posible. Al respecto, sostuvo que el Gobierno le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura  la ampliación de la planta de Jueces de Ejecución de Penas pero que al contrario de la necesidad y de las 6.000 solicitudes de libertad represadas, a comienzos de este año se redujo la planta.

El jefe de la cartera de justicia anunció que se trabaja en un proyecto para pospenados con el fin de ayudarles a reincorporarse a la sociedad y evitar la reincidencia. “Pero debemos darles una segunda oportunidad, abrirles las puertas de las empresas. La sociedad debe poner un granito de arena. Si no logramos reincorporar a estas personas a la vida civil y económica, se aumenta el riesgo de que vuelvan a recurrir a la ilegalidad”, dijo.