Ya hay 400 concejales asesinados y 3.000 amenazados, a seis meses de posesionados.

Así se lo manifestó a EL NUEVO SIGLO el cabildante bogotano Álvaro Argote, del Polo Democrático, expresidente de la Federación Nacional de Concejales (Fedeco).

Hay cálculos que indican que 10 por ciento de los concejales del Meta, es decir entre 30 y 40, tienen algún tipo de amenaza, según denunció el presidente ejecutivo de la Confederación de Concejos y Concejales (Confenacol) y la Federación Nacional de Concejales (Fedeco), Hernando Quevedo.

La falta de protección llevó al concejal huilense Julio César Ardila, del cuestionado Movimiento de Integración y Oportunidades (MIO), a entutelar al presidente Juan Manuel Santos y al ministro del Interior, Federico Renjifo.

Según el concejal de Neiva, fue necesario llegar hasta esta instancia ante los constantes incumplimientos por parte del Ministerio del Interior, entidad que les había garantizado medidas de protección adecuadas, pero que hasta el momento no han sido suministradas.

El cabildante Ardila reveló que Santos y Renjifo tendrán menos de ocho días para responder la tutela, que de ser fallada en su favor terminaría beneficiando a un importante número de concejales en el país.

“Hemos recibido la notificación por parte del Tribunal Administrativo del Huila en el que se admite la tutela que habíamos presentado. Debo decir que esta acción se colocó a título personal, pero cuenta con el apoyo de la totalidad de los dignatarios, quienes hemos expresado una y otra vez  nuestro rechazo por el trato discriminatorio del que hemos venido siendo objeto por parte de las autoridades nacionales, quienes pese a los reiterados diálogos y acuerdos establecidos, no han cumplido con lo acordado”, dijo el concejal Ardila.

La inseguridad para los concejales “se viene dando en los municipios más apartados. No hay garantías políticas para el ejercicio de los concejales como en departamentos como Caquetá, la parte más lejana del departamento del Meta, el departamento del Putumayo, Cauca, Nariño, Córdoba”, dijo Argote.

Con esta preocupación, los concejales se reunirán los días 26 y 27 de julio en Bucaramanga con el presidente Santos.

Tatiana Jiménez, compañera de bancada de Ardila en el Concejo de Neiva, manifestó que si les llega a pasar algo, todo es responsabilidad de Andrés Villamizar, director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Jiménez manifestó que para Villamizar, que no vive en Neiva, es fácil decir que se debe realizar primero un estudio de seguridad, antes que darle la protección necesaria a los cabildantes.

En Neiva, dijo, “de 19 concejales, 13 no contamos con esquemas de seguridad adecuada y a 11 nos han entregado chalecos antibalas y celulares. Y el chaleco solo me quedó bueno a mí”.

La concejal Jiménez aseguró que ellos vienen denunciando estos hechos desde meses atrás y recordó que lo se dice desde el Ministerio del Interior es que si no están amenazados por la guerrilla de las Farc no pueden tener esquemas de seguridad.

“Aquí hay otros grupos como las bacrim y yo quiero invitar a Andrés Villamizar a que se dé una vuelta por las comunas de Neiva, para que mire como es la situación real”, manifestó.

Jesús Garzón, concejal del Partido Conservador en Neiva, explicó que la situación es que muchos de los excabildantes aún tienen sus esquemas de protección y no los han devuelto. “Lo que se quiere es que todos los concejales tengan la protección adecuada”, dijo. El senador caqueteño Jorge Guevara, del Polo Democrático pero afín al movimiento Progresistas, manifestó que durante este año las amenazas se han vuelto una situación recurrente ya que la guerrilla viene arreciendo y aumentando la presión sobre las autoridades locales. Para el congresista, lo peor es que el Gobierno no atiende el reclamo de los cabildantes.

Guevara expresó que un elemento esencial  que ayudaría a aliviar el tema de la seguridad es que se les suministre un medio de transporte, como lo tienen varios funcionarios.