Duras penas contempla la legislación del país para aquellas personas que atenten contra los sistemas masivos de transporte.

Según la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el año anterior, los responsables de los daños a la infraestructura de Transmilenio podrían pagar de 4 a 8 años de prisión.

De acuerdo al artículo 45 de esta Ley, “el que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Al menos cinco estaciones de este sistema masivo de transporte en la capital de la República resultaron afectadas por las protestas del pasado viernes. Los daños más notorios fueron en la Avenida Caracas.