Un informe de auditoría financiera realizado por la Contraloría General de la República a la Defensoría del Pueblo para la vigencia 2016 identificó 24 hallazgos administrativos, siete de ellos con presunta incidencia disciplinaria.

Según BLU Radio entre los hallazgos está que la Defensoría del Pueblo habría pagado un anticipo de 12.783 millones de pesos para un contrato con el Consorcio San José, cuyo objeto era la demolición y construcción de su nueva sede y un otrosí a través del cual se autorizó la ampliación del anticipo en 8.213 millones de pesos, sin aparente justificación técnica y administrativa. Además, no habría avances en la obra en la vigencia 2016, cuando se efectuaron los pagos.

Otro de los hallazgos de la Contraloría General de la República tiene que ver con mesas de computadores, archivadores, estanterías y otros bienes muebles por 277 millones de pesos, de los cuales no existe evidencia de su destino final.

También se identificaron gastos que fueron hechos con recursos de la caja menor de la Defensoría del Pueblo y no tenían el carácter de urgente.  “Se efectuaron 13 reembolsos por $48,3 millones, donde se identifican pagos de gastos generales, los cuales podrían haberse planeado con anterioridad”, señala la Contraloría General de la República en el informe de auditoría financiera realizado.

Ante las observaciones del organismo de control la Defensoría del Pueblo le corresponde elaborar un plan de mejoramiento.

Uno de los contratos que suscribió la Defensoría del Pueblo que está en la lupa de la Contraloría General de la República fue suscrito con el Consorcio San José para la demolición de las torres A y B de la sede de esta entidad en Bogotá, con el fin de ampliar y acondicionar sus instalaciones "para prestar la atención a los usuarios bajo los más elevados estándares de calidad y comodidad".

La Defensoría del Pueblo suscribió el contrato con el Consorcio San José después de que fuera escogida en una licitación pública la oferta que presentó para adelantar estas obras en un plazo de ejecución de 20 meses.

El valor estimado del contrato fue de $42 mil millones, valor que se encuentra respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 41115 del 30 de septiembre de 2015 y la autorización para comprometer vigencias futuras de las vigencias 2016 y 2017 del Departamento nacional de Planeación.