La utilización de recursos para la financiación de obras distintas a los inicialmente previstos en convenio suscrito entre Coldeportes y el Ejército, para la construcción adecuación y dotación de un complejo ecuestre para la realización de los Juegos Nacionales 2015, como subsede en la ciudad de Bogotá, descubrió la Contraloría en una auditoría.
“Mediante oficio número 2015ER0009506 del 7 de octubre de 2015, la Escuela de Equitación del Ejército Nacional le manifestó a Coldeportes que, del saldo de convenio, había usado la suma de $254’677.286 ‘para la construcción del picadero descubierto de la escuela de equitación’, así como para ‘la construcción y ampliación de pesebreras’. Estas obras no se encontraban cobijadas dentro del objeto del convenio suscrito por Coldeportes, usándose los recursos asignados al convenio para la financiación de contratos distintos a los inicialmente previstos”, explicó el órgano de control en un comunicado.
En cumplimiento del mencionado convenio se desarrollaron dos contratos, para la adecuación y mantenimiento de la Escuela de Equitación del Ejército, así como para la interventoría del contrato, ambos por un monto total de $2.195.821.198. Es decir, al final del ejercicio resultaba un saldo a favor de Coldeportes por más de $300 millones frente al valor inicial del convenio suscrito.
Señaló el organismo de control que verificadas por parte de la Contraloría las obras contratadas, se pudo evidenciar además, que dentro del proyecto presentado por la Escuela de Equitación del Ejército Nacional y aprobado por Coldeportes, se incluían obras que no fueron llevadas a cabo, a pesar de haberse pagado la totalidad del convenio, tales como la instalación del acabado de piso y el cerramiento perimetral de las casetas para los jueces, y la instalación de los puntos de conexión eléctrica para uso de los jueces durante las competencias. Adicionalmente, en los postes junto a cada caseta, se dejó el cableado eléctrico sin terminar.
“Los recursos del convenio no ejecutados para el desarrollo de las obras contratadas, debían ser devueltos por parte del Ejército Nacional, y las obras adicionales tendrían entonces que haber sido financiadas con recursos propios de la entidad, y no con los saldos del convenio”, agregó.
Y explicó que “por lo anterior, se pudo evidenciar que las obras contratadas no fueron entregadas en su totalidad y, una vez llegada la fecha de los Juegos, no se contaba con el escenario deportivo en los términos previstos en los contratos, especialmente con relación a las casetas para los jueces”.
Del convenio, suscrito por $2.500 millones, se destinaron $2.089 millones para las obras y $106 millones para la interventoría, para un total ejecutado de $2.195 millones, debiendo haberse devuelto los saldos del convenio. La inversión de $254 millones se llevó a cabo en proyectos no avalados por Coldeportes, afectando el alcance físico de las obras contratadas en virtud del convenio y por lo tanto menoscabando los recursos de la entidad.
Dentro de las pesquisas por los hechos relacionados con los Juegos Nacionales de Ibagué, la Fiscalía también adelanta procesos y recientemente capturó a siete personas presuntamente involucradas en el desfalco.
Entre los detenidos figuran alias el ‘Chatarrero’, quien fuera el representante legal del Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015; el exdirector técnico de TYPSA y el exsecretario de Infraestructura de Ibagué.
También dos abogados de jurídica y el exfinanciero de contratación: se les imputarán los cargos de concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos se relacionan con el contrato de consultoría 1354 de 2013 – estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro.
De la misma manera, como presunto responsable de apropiarse de recursos públicos, la Fiscalía imputó cargos contra el exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri) y quien fuera designado como supervisor del contrato de remodelación de los escenarios deportivos, Mauricio Campos del Cairo.
Y, a 16 años y 6 meses de prisión (200 meses) fue condenado Wilmer Manchola Cano, quien fungió como enlace entre la Administración Municipal y la compañía española Typsa.
Igualmente, tres condenas han sido proferidas incluyendo la de la cabeza principal del desfalco, Orlando Arciniegas Lagos, quien fue condenado a 36 años de cárcel el pasado 6 de marzo