La Contraloría General de la Nación realizó un informe de 800 páginas que recoge 210 hallazgos sobre irregularidades en el proceso de entrega de alimentación escolar, del total 42 son fiscales por $12.745 millones, 206 tienen carácter disciplinario y cuatro alcance penal

Según la entidad “se trata de una actuación especial al Programa de Alimentación Escolar (PAE), ejecutado con recursos que la Nación transfiere a través del Ministerio de Educación y lo correspondiente al 0,5% de los recursos del Sistema General de Participaciones en los siete departamentos de la Costa: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre”.

Entre las conclusiones más preocupantes se encuentran que muchos estudiantes de estas regiones no solo reciben menores cantidades de alimentos a las contratadas, sino que están expuestos a consumir productos descompuestos, preparados en cocinas inapropiadas y almacenadas en condiciones sanitarias deficientes.

“Incluso hay casos de estudiantes que se ven precisados a comer en espacios improvisados, de pie o en el piso, cuando no lo hacen en comedores escolares sin condiciones físicas, higiénicas, sanitarias y de calidad óptimas”, señala el informe.

Aún más, no se cumple con la minuta alimentaria que establece los componentes nutricionales diarios que requiere cada menor beneficiado.

Así mismo, la Contraloría evidenció la terminación de los alimentos al momento de la prestación del servicio; esto hace que en algunos departamentos se queden estudiantes sin comer.

Otros estipendios no incluyen una ración nutritiva con frutas, proteínas y verduras.

En cuanto a los insumos del Programa de Alimentación Escolar, se encontró que “no se lleva un control de las raciones diarias entregadas, lo recibido en cada institución educativa, ni en calidad ni en cantidad”.

Son también varias las fallas detectadas en materia de contratación en las visitas realizadas por la Contraloría a 143 instituciones educativas de 41 municipios de la Costa Atlántica desde julio de 2015.

En la implementación del programa en la Región Caribe predomina la contratación directa, en 167 contratos de 212 revisados por ese organismo.

“En los 35 casos en que las entidades territoriales optaron por adelantar licitación pública para seleccionar el operador del programa de alimentación escolar, se evidenció que en el 87,9% (29), solo se presentó un oferente”, se revela en el reporte.