A propósitodel problema de le sobrepoblación penitenciaria, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que “en materia del control de hacinamiento, la construcción de nuevas cárceles es una alternativa”, precisando que se requiere un control al populismo punitivo o creación de nuevos delitos a casos que no lo ameritan.

Reyes respondió así a declaraciones del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, para quien la grave situación de hacinamiento y de violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles colombianas está llegando a su máximo nivel, como lo demuestran las recientes decisiones de la Corte Constitucional en las que se le da un ultimátum al Gobierno para resolver la crisis en las cárceles Tramacúa (Valledupar), Modelo (Bogotá), y Bellavista (Medellín), entre otras.

Cepeda le dijo al ministro de Justicia, Yesid Reyes, que se tenga en cuenta la solicitud hecha por el Movimiento Nacional Carcelario, de concertar una mesa de negociaciones, para tratar la problemática de esa población.

El senador Cepeda aseguró que la crisis del sistema carcelario y penitenciario del país se debe a un problema estructural del Estado, expresó que “la construcción de cárceles no es la solución”, agregando que las dificultades que viven los internos de la cárcel de mediana y máxima seguridad Tramacúa, ubicada en Valledupar, la cual tiene más de 13 años de estar sin el servicio de agua, "esta situación es invivible, da vergüenza que en nuestro país existe en un sitio así".

El congresista aseguró que el hacinamiento en las cárceles del país se duplicó, anotando que de 2009 a 2015 el número de presos pasó de 76.000 a 118.658 internos. "Es preocupante esta situación, pero, lo es más la propuesta de la creación de 2 mil 400 nuevos cupos, esto empeora la situación", afirmó.

El ministro Reyes indicó que se está “trabajando en el fortalecimiento de la resocialización del interno, para minimizar la reinserción, aseguró que se debe racionalizar la detención preventiva para evitar el hacinamiento”.

Reyes sostuvo que “en las cárceles pueden verse personas detenidas preventivamente que llevan hasta 9 años privadas de la libertad y sin recibir condena alguna".

Esta situación ha generado 18.797 demandas contra la Nación por detenciones injustas o arbitrarias o por desconocer supuestamente la presunción de inocencia, cuyas pretensiones ascienden a 22,7 billones de pesos que serían pagados por todos los contribuyentes.

Sobre el proyecto de detención preventiva, el alto funcionario dijo que "es muy importante. Tenemos problemas permanentes de hacinamiento carcelario. Esta iniciativa es una de las medidas para solucionar ese hacinamiento racionalizando la detención preventiva, llevándola a la mínima expresión y en los casos en los que sea estrictamente necesaria; y manteniendo la presunción de inocencia".

El aumento de presos, dijo el ministro, se debe a la judicialización de las personas, a través de la aprobación de 34 leyes que crean más penas desde el 2004 que reforman el código penal.” El Gobierno estudia la detención de expedición de leyes que estén encaminadas a aumentar las condenas. Según el Ejecutivo, durante los últimos 8 años la población carcelaria no ha bajado debido a estas normativas”.