Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sostiene que en la actualidad solo 4 de cada 10 latinoamericanos y caribeños contribuye a un sistema de pensiones. La mayoría de estas pensiones son inferiores a US$10 al día. 

Señala el estudio que para 2050, 140 millones de adultos habrá alcanzado la edad de jubilación. En ausencia de reformas, entre 47 por ciento y 60 por ciento de estas personas no habrá ahorrado lo necesario para recibir una pensión adecuada. 

Señalan que para lograr una reforma que otorgue una pensión universal y fomente el trabajo formal podría costar en torno a 1 por ciento del PIB.

De allí que la institución asegure que una pensión antipobreza para todos los ciudadanos y favorecer la creación de empleo formal es factible en América Latina y el Caribe.

Así lo indica una nueva publicación del BID titulada ”Mejores Pensiones, Mejores Trabajos: Hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe”. 

La publicación destaca que en 2050, 140 millones de personas alcanzarán la edad de jubilación, y de no implementar reformas se calcula que entre 66 y 83 millones de ellas no habrá contribuido lo suficiente para recibir una pensión. 

El Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, resaltó que fomentar el trabajo formal es clave para garantizar un sistema sostenible de pensiones. “Creemos que una reforma de pensiones que impulse la creación de empleo formal no sólo tendría impacto sobre la productividad, sino que también fomentaría la inversión en infraestructuras y en el capital humano de la región”, afirmó Moreno. 

Carmen Pagés-Serra, coautora del libro y jefa de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, apuntó que “las reformas deben establecer, por una parte, una pensión digna para todos, y por otra apostar por un crecimiento del empleo formal, por ejemplo, a través de subsidios a los aportes que realicen los trabajadores. De forma complementaria se requieren avances en fiscalización, información y educación financiera”. 

La región todavía es joven, lo que facilita la aprobación política de las reformas y disminuye su coste. El estudio concluye que la reforma podría costar en torno a 1 por ciento del PIB, y podría ser financiada a través de impuestos al consumo, como el IVA, o de impuestos sobre las materias primas.