Con una coalición muy debilitada, vía libre a los congresistas para reformar proyectos clave sobre paz, partidos y presidenciables en plena campaña buscando tomarle distancia a un Ejecutivo desprestigiado, así como una agenda con muchos temas importantes de por medio, incluidas objeciones presidenciales a iniciativas muy populares, es claro que el último periodo parlamentario podría cambiar el mapa político y electoral. Análisis
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Cuando el presidente Santos oficialice, el próximo 20 de julio, la instalación de la última legislatura parlamentaria de sus dos mandatos, estará dando inicio a un periodo congresional que, sin duda alguna, será muy distinto a todos los anteriores.
Ello porque el Congreso llega a este último lapso del cuatrienio con una serie de circunstancias que bien podrían variar el ajedrez político que le ha permitido al Gobierno sacar avante casi la mayoría de la agenda que sometió a criterio de senadores y Representantes a la Cámara en los últimos siete años.
La primera de esas circunstancias diferenciables será, sin duda, que la coalición partidista que lo viene acompañando desde 2010, conocida inicialmente como de “Unidad Nacional” y luego de “Unidad por la paz”, ya está muy reducida.
Tan solo los partidos de La U y el Liberal se mantienen en esa plataforma de apoyo gobiernista, puesto que Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, le ha ido marcando poco a poco distancias a la agenda del Ejecutivo, sobre todo en lo relativo a los proyectos de ley y acto legislativo que se tramitan bajo la modalidad del ‘fast track’ (o vía rápida legislativa) para la implementación normativa de lo pactado con las Farc.
Ya está visto que tanto Cambio Radical como el Partido Conservador han elevado su tono crítico frente a proyectos como los relacionados con la reglamentación de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) o la creación de las 16 circunscripciones de paz en la Cámara. Y también es evidente que partidos que hasta hace poco tenían cuotas en el gabinete, como la Alianza Verde o el Polo Democrático, también le han marcado distintas a las directrices de la Casa de Nariño.
No hay, pues, ya una coalición mayoritaria que se imponga con facilidad. Es más, si algo quedó en evidencia con la accidentada elección de los magistrados de la Corte Constitucional, la votación cerrada para varios proyectos relacionados con el acuerdo de paz o la aprobación en comisiones y plenarias de varias iniciativas que el Gobierno anunció, incluso, que objetaría, es que la coalición se debilitó sustancialmente en este primer semestre y en el segundo las fisuras serán aún más visibles.
Es más, no faltan los congresistas que consideran que lo poco que sobrevive de la coalición sólo funcionaría hasta que se cumplan los pactos para la rotación de las mesas directivas en Senado y Cámara, con la elección como presidentes del conservador Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, respectivamente.
Puja presidencial
Obviamente en el debilitamiento de las mayorías parlamentarias del Gobierno el elemento más determinante es, sin duda, el tempranero arranque de la campaña presidencial.
Es claro que frente a un presidente que tiene más del 80% de desfavorabilidad y cuya calificación de la gestión gubernamental también está en porcentajes críticos, más de un partido está buscando la forma de tomarle prudente distancia para evitar diferenciarse de semejante debacle política y electoral.
No hay que olvidar que la coalición santista sufrió hace escasos nueve meses una derrota en las urnas, cuando contra todo pronóstico el No se impuso en el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz con las Farc que, al tenor de las encuestas, continúa siendo altamente impopular pese a pasos clave como el desarme de los guerrilleros que están en las zonas de concentración y que días atrás terminaron entregando 7.132 armas a la Misión de la ONU.
La cuestión ha llegado a tal punto que ya varias bancadas partidistas le han indicado al Gobierno que sólo lo acompañarán en los temas relativos a la paz, pero que en otros asuntos políticos, económicos, sociales e institucionales no habrá tal solidaridad.
Es obvio, igualmente, que varios de los candidatos y precandidatos presidenciales han advertido a sus bancadas que es necesario ir diferenciándose del gobierno Santos, con el fin de poder posicionar de una forma más clara las banderas y plataformas programáticas con que cada aspirante buscará allanar apoyo popular. Es claro que a cualquier presidenciable cuyo discurso en plaza pública no coincida o sea consecuente con lo que hace su bancada parlamentaria, le podrían cobrar muy caro esa falta de coherencia.
No deja de llamar la atención, por ejemplo, que tanto el Congreso como los partidos políticos en general, según recientes encuestas, tengan hoy peor imagen incluso que las propias Farc.
Tampoco se puede negar que en esta última legislatura el movido ajedrez de las coaliciones y alianzas de cara a las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales también empieza a ser determinante en las posturas de las bancadas.
De esta forma, por ejemplo, hay analistas que comienzan a ver posibles bloques o corrientes de votación entre el Centro Democrático, Cambio Radical y el conservatismo, en tanto que La U y los liberales serían el contrapeso, sin saberse a ciencia cierta qué posición tomen bancadas minoritarias e independientes como las del Polo, Alianza Verde u Opción Ciudadana.
El nuevo ‘fast track’
El debilitamiento de la coalición, producto no sólo de un gobierno ya con el sol a las espaldas, sino también por el arranque de la contienda por la sucesión en la Casa de Nariño, es aún más preocupante porque en este semestre se desarrollará la segunda y última fase del desarrollo legislativo del acuerdo de paz con las Farc.
Si bien es cierto que se mantiene el mecanismo excepcional del ‘fast track’, que permite acelerar el trámite de los proyectos en las comisiones y plenarias, la gran diferencia está en que el Congreso recuperó, por virtud de un fallo de la Corte Constitucional, la plenitud de su facultad deliberatoria y legislativa que no tuvo en la primera fase de este proceso.
Como se sabe, en todos las leyes y reformas constitucionales que se discutieron entre enero y mediados de mayo rigió la norma, aprobada en el llamado “acto legislativo de paz”, que impedía a los senadores y representantes modificar los articulados de las iniciativas que desarrollaban el acuerdo de paz, a menos que contarán con el visto previo y directo del Gobierno e, incluso, el indirecto de las propias Farc, cuyos voceros estuvieron sentados en el Congreso vigilando las discusiones. De esta forma, al decir de no pocos críticos, el Parlamento cumplió apenas una función notarial.
Sin embargo ahora a los parlamentarios le es permitido modificar esos proyectos, una facultad que ya se hizo sentir en junio pasado, cuando el Gobierno, ante los crecientes peros de senadores y Representantes se vio forzado, por ejemplo, a pedir el retiro del proyecto de ley estatutaria que había radicado para reglamentar la JEP, norma que es considerada clave para la aplicación del marco jurídico flexible a los guerrilleros, militares y civiles que cometieron delitos graves en el marco del conflicto armado.
Aunque el Gobierno dijo que la idea era ajustar algunos aspectos de la iniciativa, en los corrillos parlamentarios se indicó que el Ejecutivo quería impedir una derrota política con este proyecto dado que tanto el uribismo como Cambio Radical y el conservatismo tenían serias dudas al respecto.
“El Gobierno ya no tiene las mayorías que le permitieron imponer la agenda en los últimos años”
Igual ocurrió con el proyecto que crea 16 circunscripciones especiales de paz en distintas zonas del país con el fin de elegir igual número de Representantes a la Cámara en marzo próximo. Los peros generalizados de parlamentarios de distintas bancadas amenazaban con hundir la iniciativa, obligando a que en la plenaria del Senado sólo se aprobara el informe de ponencia pero que la discusión del articulado quedara para después del 20 de julio, en especial por las reservas sobre la posibilidad de que las Farc se ‘adueñen’ de estas curules a través de organizaciones sociales de fachada. A ello se suma que otros congresistas consideran que a los partidos políticos ya vigentes se les debería permitir competir en estas 16 circunscripciones, en tanto que algunos senadores son de la opinión de que la prioridad debe ser para las víctimas del conflicto.
Otro de los proyectos a los que los parlamentarios seguramente le van a meter el diente es el relacionado con la reforma política y electoral que el Gobierno quiere aprobar para que entre en vigencia de cara a los comicios de Congreso y Presidencia de 2018. Sin embargo, temas como la lista cerrada, eliminación del voto preferente y cambios en el régimen de financiación electoral tienen muchos peros.
Es claro que cualquier cambio de fondo en estos proyectos no le va a gustar a las Farc, que criticó, al igual que el Gobierno y precandidatos presidenciales como el ex jefe negociador Humberto de la Calle y el exnegociador Roy Barreras, el fallo de la Corte que le devolvió al Congreso su capacidad deliberativa en materia de acuerdo de paz.
De allí que una de las más grandes preocupaciones de la Casa de Nariño con estas nuevas reglas del juego en el Congreso también estén alrededor de lo que puede pasar con el proyecto de ley que reforma el régimen de tierras en Colombia.
Ya un primer borrador de decreto al respecto generó un debate muy amplio en el que distintos sectores acusaron a la Casa de Nariño de estar afectando el principio de propiedad privada rural, dando poderes exagerados a la Agencia Nacional de Tierras y estableciendo un peligroso marco de expropiaciones de predios. Al Gobierno no le quedó otra que reformar el decreto y dejar que el grueso de los cambios para cumplir con el punto de desarrollo agrario acordado con las Farc, tenga que ser tramitado ahora por un proyecto de ley vía ‘fast track’.
Como se dijo, son más de 15 los proyectos relacionados con el desarrollo normativo del acuerdo de paz que aún están pendientes de trámite en el Congreso pero que, en esta próxima legislatura, tendrán nuevas reglas del juego y una coalición más debilitada.
Otros proyectos clave
Aparte de esa apretada agenda de paz, en esta nueva legislatura el Congreso tendrá otros asuntos clave para encargarse. Por ejemplo, de entrada la plenaria de la Cámara tendrá la difícil tarea de definir si acepta o no la apelación para que se reviva el debate al proyecto que pide convocar un referendo en el que los colombianos decidan quién puede adoptar niños. La iniciativa se hundió en la Comisión I pero sus impulsores y varios partidos quieren darle una segunda oportunidad.
También deberá esta última legislatura medírsele a la posibilidad de que el Gobierno objete varios proyectos de ley y reforma constitucional que considera inconstitucionales, inconvenientes o cuyo costo fiscal es imposible de sufragar. Se trata de iniciativas como el proyecto que amplia en una hora la jornada laboral nocturna, el que reduce la edad de las mujeres para acceder a la jubilación o el que rebaja de 12% a 4% el aporte de los pensionados al servicio de salud.
Es claro que con una coalición debilitada y mediando la campaña presidencial y de Congreso, en donde los partidos y sus candidatos se abstienen de tocar temas impopulares o que les puedan pasar ‘factura’ electoral, al Gobierno le podría estar resultando muy difícil convencer a los senadores y Representantes para que acepten las anunciadas objeciones.
En cuanto al resto de la agenda parlamentaria, es claro que por ser época electoral la productividad legislativa baja gradualmente. Sin embargo, hay una serie de proyectos en trámite que deben ser considerados de manera urgente, como los de cadena perpetua a violadores, en tanto que se anuncian otros relacionados con un revolcón en materia penal (Fiscalía y Gobierno presentarían iniciativas).
Por igual le corresponderá a la plenaria del Senado elegir un magistrado de la Corte Constitucional una vez la Corte Suprema de Justicia por fin le remita la terna que no ha podido confeccionar en más de siete meses.
Paralelo a todo lo anterior es claro que en época electoral se multiplican las citaciones a debates de control político por parte de quienes quieren ganar pantalla ante los votantes.
Como se ve, la legislatura que comienza en 11 días no es una más. Todo lo contrario, apunta a ser una de las más importantes de los dos mandatos del presidente Santos, no solo porque será la última sino porque hay temas de gran trascendencia que estarán en juego y podrían variar el mapa político y electoral que imperó por siete años, con una coalición mayoritaria gubernamental.
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