De nuevo sentados en la mesa de negociaciones en La Habana, la discordia sigue estando en torno al tema de la justicia transicional. De hecho, uno de los abogados asesores de las Farc, Enrique Santiago, ha dicho en estos días que el tema consiste, básicamente, en que la justicia transicional debe ser global, para todos los participantes y financiadores del conflicto armado interno, y no solamente para una de las partes, en este caso la más antigua guerrilla del continente.

Las Farc, al mismo tiempo, han emitido comunicados en estos días según los cuales, en ese sistema transicional, primero debe ir la verdad y luego la justicia. En tal sentido, han dicho que debe darse curso inmediato a la Comisión de la Verdad, comenzando con el nombramiento de una subcomisión para el esclarecimiento del paramilitarismo. Sólo entonces, han sugerido, podría pasarse a la siguiente etapa que sería la de las sanciones y penas alternativas para todos los involucrados en el conflicto, incluidos los agentes del Estado.

Del mismo modo, el abogado de las Farc, en una entrevista a la revista Semana, sostiene que si bien hay máximos responsables, en referencia a las Farc, también los hay en referencia al Estado. Y en esa dirección apunta, como sostiene enfáticamente, a los presidentes y ministros encargados del tema del conflicto armado interno durante las últimas décadas. De suerte que para ese sector en armas no son solamente los oficiales y las tropas, sino por igual el comandante Supremo de las Fuerzas Militares, es decir, los Jefes de Estado, y también los ministros de Defensa. Si eso es en la teoría, ¿en la práctica, como por ejemplo y entre tantos casos, el bombardeo del campamento de “Raúl Reyes” en la frontera ecuatoriana haría parte del asunto?.

Hoy el presidente Juan Manuel Santos ha designado la subcomisión gubernamental que se encargará de estudiar ese tema de la justicia transicional y que debe dar sus resultados en los próximos meses, antes de noviembre. No se sabe, entonces, si se esperará el documento de asesoría o si el gobierno contestará de antemano a las Farc sobre sus pretensiones de llevar ante la Comisión de la Verdad a los presidentes colombianos.

El Jefe de Estado nombró en dicha  subcomisión  a los exmagistrados Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, además del experto norteamericano  Doug Cassel.  Por el momento, Santos ha insistido, una y otra vez, en que el proceso de La Habana es el primero en el mundo que se hace con base en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por ello, ha sostenido que no son dables amnistías generales. No obstante, precisamente el exmagistrado Cepeda, al corroborar la exequibilidad del Estatuto de Roma e incorporarlo a la legislación colombiana sostuvo,  en la sentencia C-578 de 2002, en las conclusiones  que: “ninguna de las disposiciones finales del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos  o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano”.

De forma que la propia sentencia emitida por la Corte Constitucional en su momento, con ponencia del entonces magistrado Manuel José Cepeda, acepta la adopción de indultos y amnistías en los términos de la Constitución colombiana  y en referencia a las conductas en conexidad con los delitos políticos, lo mismo que bajo los principios y normas de Derecho Internacional aceptados por el país.

En la misma Constitución, en su artículo 150, numeral 17, se establece como funciones del Congreso “Amnistías o indultos generales por delitos políticos”, obligando, en ese caso al Estado al resarcimiento e indemnización de las víctimas.

Entre tanto, en el fin de semana, Santos volvió a suspender los bombardeos sobre objetivos y campamentos de las Farc, en lo que llamó un gesto en el desescalamiento y respuesta  a la renovación de la tregua unilateral por parte de las Farc. La oposición, por su parte, ha reaccionado adversamente y ha  dicho que ello es inconstitucional puesto que el mandato de la Ley  en la defensa de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos no puede ser una función estatal intermitente.

Así lo aseguró el excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, mientras que el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático,   arguyó que “con suspensión de bombardeos se le está dando una inmunidad inconstitucional  a las Farc”.

El gobierno, por su lado, no ha tenido mayor defensa, salvo algunos senadores, entre ellos Armando Benedetti y Roy Barreras quienes han sostenido que con ello se busca ahorrar mayores víctimas en el conflicto. Es, en todo caso, el Primer Mandatario jefe exclusivo del orden público, tal y como lo señala la Constitución, sin que nadie más tenga las atribuciones delegadas al efecto. Aun así la tesis que viene planteando la oposición de que interrumpir la acción de la fuerza pública es inconstitucional podría ser posterior motivo  de maniobras jurídicas de mayor alcance, como que en ese acto podría constituirse una traición a la Patria, tal cual se contempla en el Código Penal. La Constitución, así mismo, sostiene que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento por lo cual el Presidente de la República  podría dar alcance a sus determinaciones.

Sin embargo, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha señalado que la suspensión de los bombardeos es un cese al fuego bilateral disfrazado.

En medio de ello, por lo demás, está el pleito por la interrupción de las fumigaciones a los cultivos ilícitos. Como se sabe, durante los últimos años,  han prosperado en un monto de por encima del 30 por ciento frente al 2013, incrementándose a su vez las toneladas métricas de exportación, tal cual lo dice un reciente informe de la ONU. Si bien el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo al término de la semana pasada que no se reanudarían las fumigaciones, el gobierno viene sopesando  si  pasar a la historia como excesivamente laxo con los cultivos ilícitos y si ello sería un buen legado.

Varios, pues, son los elementos a considerar por la mesa de conversaciones de La Habana, luego de que Santos dijera que en noviembre haría una evaluación del proceso. Dejó en claro que en caso de no aceptarse la justicia transicional, por parte de las Farc, “no habría paz”.  Las Farc no se han referido concretamente al tema pero si han dicho que, en caso de aceptarla, primero debe darse curso a la Comisión de la Verdad. Eso, que el gobierno tenía estipulado al final del proceso, ahora las Farc lo han puesto de primer punto. Con ello no desestiman la justicia transicional pero tampoco aceptan ir a la cárcel o tener penas alternativas hasta tanto no se aclare lo mismo para el resto de la sociedad.

Entre tanto, con el nombramiento del magistrado Manuel José Cepeda, ponente del Estatuto de Roma para Colombia en la Corte Constitucional, deja una luz abierta para amnistías o indultos de los delitos políticos y conexos. Pero ese camino no está en la agenda de Santos, lo cual exige una jurisprudencia nueva.