- El lastre de la circunscripción nacional
- Peros a propuesta aprobada en Cámara
Una de las grandes causas de la degradación de la política en Colombia es, como lo hemos reiterado en estas páginas, la eliminación de las circunscripciones territoriales para elegir a los senadores. Como se sabe, a partir de la Constitución del 91 se pasó a la figura de la circunscripción nacional. Ese cambio, que estaba destinado a incentivar el surgimiento de liderazgos nacionales que no se dedicarán en su labor parlamentaria a defender los intereses particulares de una región sino a causas mucho más generales, no dio los resultados esperados.
Es claro, de un lado, que la circunscripción nacional para Senado afectó la representatividad de muchos departamentos en la cámara alta, al punto, por ejemplo, de que en el escogido en 2014, trece de estas regiones quedaron sin vocería alguna en esa corporación legislativa. A ello hay que sumar que la gran mayoría de aspirantes a una curul no tienen en su respectivo fortín político los suficientes votos para asegurar un escaño, razón por la cual se ven forzados a buscar en otras regiones alianzas políticas basadas más en la ‘calculadora electoral’ que en la identificación con las necesidades y expectativas de las gentes de esas zonas. Es más, hay casos en donde senadores han sacado volúmenes de votación en regiones a donde fueron una o dos veces en campaña e, incluso, después de salir electos no vuelven a las mismas. Así las cosas, senadores de índole, liderazgo y nivel de acción política nacional son muy pocos.
Pero, sin duda, el efecto más perverso de la circunscripción nacional de Senado es que encareció exponencialmente el costo de las campañas proselitistas. En los mentideros políticos se suele escuchar que las inversiones de algunos candidatos están más allá de los 5.000 o 10.000 millones de pesos, muy por encima de los topes máximos de financiación política permitidos por el Consejo Nacional Electoral. Y esa millonaria exigencia de recursos, lamentable pero previsiblemente, ha sido el germen de la arraigada politiquería que hoy existe en Colombia, la persistencia de la compra y venta de votos, la trashumancia electoral así como de las redes de corrupción nacional, regional y local a través de las cuales algunos parlamentarios derivan abultados recursos esquilmados al erario para poder pagar sus campañas.
Si bien es cierto que en repetidas ocasiones se ha propuesto en el Congreso abolir la figura de la circunscripción nacional para Senado, o incluso crear una fórmula mixta en la que algunos de estos congresistas sean elegidos por votación nacional y otros por votación territorial, la iniciativa nunca ha prosperado en el Parlamento.
Esta semana en la plenaria de la Cámara el tema volvió a ponerse sobre la mesa, de manera sorpresiva, en el marco de la discusión del proyecto de reforma política y electoral que, al derivarse del acuerdo de paz con las Farc, es tramitado por la vía del ‘fast track’. La nueva propuesta va en la dirección de que las votaciones más altas a la Cámara en los departamentos de Arauca, San Andrés, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Caquetá y Chocó pasen a ocupar curules en el Senado de forma automática.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Hay congresistas que sostienen que si bien es necesario ampliar la representatividad del Senado, no se puede hacer mediante un proyecto derivado del acuerdo de paz, ya que no hay conexidad entre lo uno y lo otro. Tampoco faltan los que advierten que lo aprobado en la plenaria de la Cámara podría estar violando el principio de consecutividad, al no haber sido discutido en las comisiones primeras. Igual hay quienes advierten que la fórmula planteada favorece sólo a 11 departamentos mientras que otros seguirían sin representación, de allí que insistan en volver a la circunscripción territorial generalizada. Están, asimismo, los que opinan que a menos de cuatro meses de los comicios parlamentarios no se pueden variar tan sustancialmente las reglas de la campaña. Incluso se escuchan voces a favor de que ciudades como Bogotá y otras grandes capitales, que concentran buena parte del censo electoral y los flujos de votación, también puedan escoger sus propios senadores…
Lo cierto es que, una vez más, el debate sobre las falencias de representatividad regional del Senado está sobre la mesa. Aunque es atropellado decidirlo en el marco de un proyecto de ‘fast track’ que tiene la cuenta regresiva encima, es evidente que no hay mayor voluntad del Gobierno y las bancadas de la cámara alta para abordarlo en estos momentos. Pero incluso así, para un Legislativo, que ostenta los más bajos índices de favorabilidad en las últimas décadas, seguir dándole la espalda a este sensible tema es muy contraproducente. Desconocer esa realidad es peligrosamente ingenuo.