La Contraloría General de la República alertó al Gobierno nacional sobre la situación que vive el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, FEPC, entidad en la que detectó un hueco fiscal de $5,14 billones.

Este déficit acumulado que presenta el Fondo, tendrá que ser cubierto, eventualmente, con recursos del Presupuesto General de la Nación, advirtió el organismo de control.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) entró en funcionamiento en 2009, con la pretensión de estabilizar los precios al consumidor final por medio de mecanismos de ahorro y desahorro, evitando trasladar completamente los incrementos de los precios internacionales al Ingreso al Productor y por consiguiente a los consumidores.

Déficit creciente

El informe del organismo de control revela que entre 2009 y junio de 2014 el FEPC generó este cuantioso déficit, que puede aumentar.

Los costos de la suscripción de pagarés destinados a cubrir los diferenciales de precios alcanzaron a 2015 un valor de $0,38 billones, producto de las operaciones de crédito de tesorería.

En concepto de la Contraloría, esta situación desvirtúa el propósito de sostenibilidad incorporada a la normatividad del Fondo a partir de su mecanismo de compensación de períodos de ahorro con aquellos de desahorro.

Desde el segundo semestre de 2014 hasta marzo de 2016, no se han realizado nuevas liquidaciones de diferenciales entre el FEPC y los refinadores de combustible.

“Esto significa que existe la posibilidad de que se haya causado un diferencial de compensación en favor de los refinadores y/o importadores, lo cual conllevaría a futuros incrementos del déficit del Fondo”, advierte el estudio del organismo de control.

El Origen

Desde 2011, dado que no existían ahorros para pagar las compensaciones a los refinadores, fue necesario recurrir a una fuente alterna de financiamiento: créditos de Tesorería, tramitados mediante la suscripción de pagarés a favor de la Dirección del Tesoro Nacional, la cual suministra los recursos para el pago a los refinadores.

En razón a que estos créditos tienen plazos predefinidos para su redención (un año, prorrogable por otro más), y a que el Fondo no logró obtener por vía de los diferenciales de participación los recursos para su pago, estas obligaciones, junto con los intereses causados, tuvieron que atenderse mediante colocaciones de títulos TES.

A finales de 2011 y a comienzos de 2013 fueron suscritos pagarés por $1,7 billones y $1,3 billones respectivamente, y la colocación de títulos destinada al pago de estos dos créditos tuvo lugar en el primer semestre de 2014.

Dado que el FEPC no posee recursos propios para atender la obligación derivada de los pagarés, la liquidez obtenida con la colocación de TES le retorna a la Tesorería el monto prestado al Fondo junto con los intereses causados ($3,2 billones en total), a la vez que queda creada una carga fiscal futura a la Nación en el Presupuesto General de la Nación, conformada por los pagos de cupones y el principal a los tenedores de los títulos.

Durante los años de 2013 y 2014 los diferenciales de compensación continuaron superando los de participación, y por tanto se suscribieron nuevos pagarés con el Tesoro, generando costos adicionales por intereses. En total el FEPC ha suscrito cuatro pagarés correspondientes a operaciones de crédito de tesorería, con intereses causados por $0,38 billones.

Al agregar todas las fuentes de recursos a favor y en contra del Fondo, se obtiene -como se indicó antes- un balance deficitario por $5,14 billones a junio de 2014.

Según el Marco Fiscal del Mediano Plazo, el FEPC explica casi la tercera parte del ajuste efectuado al endeudamiento de la Nación mediante títulos y representa cerca del 3% de todo el financiamiento mediante este instrumento.

La Contraloría advierte que, si bien el FEPC no está caracterizado como una entidad contable pública y las operaciones que realiza frente al Tesoro no son de naturaleza presupuestal, la sustitución de créditos de tesorería por colocaciones de deuda sí da lugar a afectaciones futuras al Presupuesto General de la Nación, con el consecuente efecto fiscal, como efectivamente se vislumbra en el texto de la nueva Reforma Tributaria.