El Congreso de Colombia aprobó un nuevo fuero militar que permitirá a los miembros de la fuerza pública encarar con menos prevenciones el conflicto armado, a pesar del rechazo de organismos como Naciones Unidas y ONG internacionales de derechos humanos.

La reforma constitucional, aprobada la noche del martes, establece que el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado, no podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar (JPM).

José Miguel Vivanco, director de HRW para la región, en declaraciones este miércoles a periodistas, calificó de "error" la aprobación del fuero.

"Creo que aquí se ha cometido un error y fue evitable. Me reuní con el presidente (Juan Manuel) Santos, con las máximas autoridades, con el ministro de Defensa, pero tozudamente se encapricharon en esta reforma constitucional", dijo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) criticaron la reforma al considerar que favorece la impunidad en los casos de civiles muertos por los uniformados y presentados como caídos en combate, conocidos como 'falsos positivos'.

Según cifras de la Fiscalía, actualmente la justicia ordinaria adelanta 7.810 procesos contra militares por los casos de ejecuciones extrajudiciales.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al hablar ante el Senado, el martes, aseguró que "los casos aberrantes como los 'falsos positivos' y violaciones de niños (por parte de uniformados), de ninguna manera pasarán a (conocimiento de) la justicia militar".

Para Vivanco, los casos de los 'falsos positivos' no están incluidos en la lista de delitos que se excluyen del conocimiento de la JPM.

El pasado 25 de septiembre una jueza de Bogotá condenó a 60 años de cárcel al teniente del ejército Raúl Muñoz por el asesinato de tres menores, entre ellos una niña que había violado, en hechos ocurridos en 2010, lo que se constituyó en el caso más grave de este tipo que involucró a un uniformado.

De su lado, en noviembre pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) había señalado que los asesinatos extrajudiciales, "se remontan a la década de los ochenta" pero ocurrieron "con mayor frecuencia del 2004 al 2008", durante el gobierno del entonces mandatario Alvaro Uribe (2002-2010).

La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre tanto, advirtió que la reforma del fuero, "afectaría seriamente" los esfuerzos del gobierno "para garantizar que las violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas y policiales sean debidamente investigadas y que los responsables sean sancionados".

En conversación con AFP, un alto mando militar que pidió reserva de su nombre, dijo que la reforma apenas devuelve algunos elementos que le habían sido arrebatados a la JPM, y por eso, "es una ganancia, porque los militares habíamos sido despojados del fuero, no teníamos nada", aseguró.

El general y exministro de Defensa, Rafael Samudio, señaló que "si bien la reforma responde en algo a lo reclamado por los miembros de la Fuerza Pública, aún hay que esperar a que se apruebe una ley estatutaria que puede demorar seis meses y mientras tanto se mantendrá la inseguridad jurídica para los combatientes".

Pero destacó "el valor de los congresistas para superar las presiones de las ONG y mantener la soberanía del país, porque hay que legislar para nosotros. Estamos legislando para el conflicto colombiano y no para tiempos de paz", dijo.

Colombia padece desde hace medio siglo un sangriento conflicto armado que enfrenta a militares, guerrillas comunistas, grupos armados de extrema derecha y mafias del narcotráfico.

Samudio dijo finalmente a la AFP que la reforma puede contribuir a elevar la moral de las tropas que se ven amenazadas por la guerra jurídica desatada contra ellas.

ONGs Rechazan

No paran las críticas frente a la ampliación del fuero militar que aprobó la noche del martes el Congreso de la República y pasará hoy a la fase de conciliación. Esta vez, la organización Human Right Watch, en cabeza de su director, José Miguel Vivanco manifestó que la esta reforma es un grave error del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en materia de Derechos Humanos.

Dentro de los puntos que señaló Vivanco, el funcionario dijo que “creo que aquí se ha cometido un error que fue evitable, el Gobierno y el ministro de Defensa se empecinaron en alterar las reglas del juego que suponen que las Fuerzas Militares están en capacidad de autorregularse y retrocedemos al siglo pasado, décadas de los 80 y 90, en donde se cometían violaciones a los derechos con total impunidad”.

Y que dentro de las siete figuras delictivas no están contemplados los “falsos positivos”, lo que afectaría las funciones de la Fiscalía General, pues este organismo sólo tiene competencia bajo las siete figuras en las que participen miembros de la fuerza pública.

Ministerio de Defensa y Ejército defienden fuero militar

Con la aprobación en el Congreso de la República, la ampliación del Fuero Militar, tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón como el comandante del Ejército Nacional, general Sergio Mantilla, se comprometieron a fortalecer y mejorar la Justicia Penal Militar.

Para el comandante del Ejército, ya se adelantan trabajos para hacerla autónoma y reconocida por su independencia.  "Se está en una revisión completa, en cabeza del Ministerio de Defensa. Tenemos una serie de recursos para la construcción de un edificio independiente, donde se garantice que los que está ahí son solo los de justicia militar", señaló el alto mando.

Por su parte, el Ministro Pinzón, en diálogo con Caracol Radio afirmó que cerca de 1.500 casos en contra de miembros de las Fuerzas Militares, deberán ser definidos en un tiempo no mayor a doce meses, bien sea por la Fiscalía o los tribunales militares, de acuerdo a quien le compita.

“Una justicia especializada ayuda a que una personas no pase de dos o tres años detenidas sin que le definan su situación”, agregó el Ministro en defensa de la ampliación del fuero militar.