El Ministerio de Hacienda se “abstuvo” de dar un concepto favorable del proyecto por los costos que acarrearía al presupuesto de la Nación.

Que los habitantes de la calle tengan una política pública que les permita el reconocimiento, la inclusión social y la rehabilitación por parte del Gobierno, son algunos de los principales objetivos de un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la plenaria del Senado tras completar los cuatro debates necesarios para pasar a ser sancionado por el presidente Juan Manuel Santos.

La iniciativa también incluye que los habitantes de la calle sean amparados con los servicios básicos de salud, alimento, vestido, higiene personal y además, actividades encaminadas a la recreación, el crecimiento personal y la inclusión laboral. El proyecto es de autoría de los congresistas Manuel Virgüez, Alexandra Moreno, Carlos Baena y Gloria Stella Díaz, todos pertenecientes al Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA).

Según el texto que fue aprobado la política social que se cree para esta franja de población deberá contener “los lineamientos, las estrategias, los mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación e inclusión social”.

El senador Baena afirmó que la propuesta había llegado en un buen momento ya que actualmente no hay políticas que beneficien a los habitantes de la calle.

“Hoy en día no existen políticas para los residentes de la calle, sino que al contrario hemos conocido casos de algunas ciudades donde ponen cal en el piso para que ellos no se acerquen a ciertos establecimientos comerciales. Con esa ley se ordena que el Gobierno empiece a trabajar en esta materia y que comiencen a haber presupuesto”, explicó el Senador.

Baena agregó que además, buscan aprovechar la coyuntura del Gobierno Nacional ya que está trabajando en políticas para la seguridad y la convivencia. “El Gobierno está impulsando todo el tema de seguridad ciudadana y este es un tema fundamental dentro de la convivencia”.

Además de crear una política pública, el proyecto ordena la realización de una caracterización demográfica y socioeconómica de los habitantes de la calle, el cual deberá ser realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la cual deberá establecer una “línea base” para construir los parámetros de intervención social que debe tener la política social.

Según indica el artículo 8 de la iniciativa el Gobierno tendrá que tener en cuenta los siguientes factores para la formulación de su política integral: “atención integral en salud, desarrollo humano integral, movilización ciudadana y redes de apoyo social, responsabilidad social empresarial, formación para el trabajo y la generación de ingresos, convivencia ciudadana”.

Al materializarse el proyecto, el Ministerio de Salud será el encargado de su implementación a través de programas piloto o de experiencias exitosas que se puedan replicar con esa comunidad. Uno de los artículos más importantes de la propuesta es que los servicios contemplados en salud serán cobijados con lo ya existente en el Plan Obligatorio de Salud.

¿Falta presupuesto?

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry emitió un concepto institucional donde argumenta que el costo fiscal del proyecto es muy grande por lo que se abstiene de darle un concepto favorable.

Según las cifras del Ministerio, que están basadas en el supuesto de que todos los habitantes de la calle tuvieran problemas de adicción a sustancias psicoactivas la inversión de dinero en el tratamiento más económico sería de 1,3 billones, es decir, un promedio de 9 millones de pesos por persona.

Pero si se contemplara la posibilidad de brindar tratamientos más completos el gasto ascendería a 4,7 billones de pesos, que serían equivalentes a más de 34 millones de pesos por persona.

Para tratamientos de alcoholismo, se manejó el mismo supuesto de que todo el grupo poblacional tiene problemas de adicción al alcohol, tratamiento que le costaría al Estado cerca de 1,2 billones de pesos.

“En la medida que el presente proyecto representa altos costos fiscales para la Nación al incluir un gran número de beneficiarios adicionales a los programas actuales, o establecer nuevos programas de atención que no están contemplados en el Presupuesto General, ni el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda se abstiene de emitir un concepto favorable del proyecto de ley”.

Aunque la anterior puede ser una causal de objeción de la iniciativa, los autores de la iniciativa están tranquilos porque saben que parte de la política del presidente Juan Manuel Santos está enfocada hacia las poblaciones con más necesidades del país, “el Gobierno puede sacar partidas presupuestales para los temas sociales, sobre todo porque el Plan de Desarrollo está muy vinculado con la pobreza. Si objetan la ley sería como objetar el Plan de Desarrollo”, afirmó Baena.