Ayer el magistrado César Palomino, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, profirió un auto en que le comunica al destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que la suspensión de los efectos de la sanción de la Procuraduría, enviada “al Consejo de Estado el 3 de febrero de 2014, mantiene su vigencia mientras no sea revocada por esa corporación y notificada legalmente”.

Según los abogados de Petro, esto significaría que su apoderado seguiría siendo el burgomaestre capitalino, ya que el presidente Santos no podía ejecutar el castigo de la Procuraduría hasta que el fallo del Consejo de Estado que ratificaba esa decisión no quedara en firme, lo que apenas sucederá la próxima semana, tal como lo explicó en su momento la presidenta de ese alto tribunal, en declaraciones que fueron publicadas por EL NUEVO SIGLO.