Los responsables de las víctimas de guerra en Colombia van más allá de los contendientes, y llega al Palacio Presidencial y a sectores pudientes de la sociedad, afirmó este sábado el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.

"Al hablar de máximos responsables, debemos afirmar claramente, que la cadena de mando no se agota en los Estados Mayores de Ejército y Policía, sino que va más allá y toca al Palacio de Nariño", dice Márquez en un artículo enviado por correo electrónico a la AFP.

La guerrilla de las Farc ha reconocido su responsabilidad por las víctimas del conflicto durante las conversaciones de paz que sostienen en La Habana desde noviembre de 2012 con el gobierno de Juan Manuel Santos.

"El asunto no puede ser explicado por las élites como el comportamiento anómalo de unas manzanas podridas, cuando las órdenes a la institución armada partieron del libre albedrío y la premeditación de los poderosos", señala.

El tema de la reparación de las víctimas, tema actual de los diálogos, es uno de los puntos más complejos de la agenda destinada a poner fin al conflicto de medio siglo, que ha dejado 220.000 muertos y más de cinco millones de desplazados por la violencia.

Márquez sostiene que "a los colombianos no nos queda otro camino que el de la rectificación de tantas injusticias y la disposición del espíritu colectivo para la reconciliación, porque la guerra perpetua no puede ser nuestro destino".

"Tendremos que desterrar de los corazones la venganza y el odio, la exclusión y la intolerancia. A la paz deberemos consagrar nuestros mejores emprendimientos, para asirla con todas nuestras fuerzas y hacer que marche a nuestro lado durante los siglos futuros", concluye.

Ambas partes acordaron el jueves un receso en las pláticas hasta el 16 de agosto, cuando comenzarán a recibir en La Habana delegaciones de víctimas.

El nuevo ciclo comenzará cinco días después de la investidura de Santos para un nuevo periodo presidencial de cuatro años, en el que el mandatario confía en sellar la paz con las FARC.

Hasta ahora las partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda: reforma rural (mayo de 2013), participación política (noviembre de 2013) y drogas ilícitas (mayo de 2014).