Una jueza abrió el Guatemala un proceso penal contra 11 militares retirados acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de 36 años que vivió este país entre 1960 y 1996, informó el lunes una fuente judicial.

La presidenta del Juzgado A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, dijo al cabo de una audiencia de varios días que decidió iniciar el proceso después de escuchar a las partes y dar valor a las pruebas presentadas por la Fiscalía contra los militares.

El pasado 6 de enero fueron detenidos 14 militares retirados acusados de participar en al menos 88 masacres de indígenas durante el conflicto armado interno, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.

No obstante, Dominguez afirmó que la fiscalía no pudo comprobar la participación de tres de ellos y que por "falta de mérito" no los ligó al proceso judicial, por lo que podrían recuperar su libertad en las próximas horas.

Entre los procesados figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el conflicto de 36 años.

La jueza ordenó la prisión preventiva de los sindicados durante tres meses, tiempo en el cual la Fiscalía tendrá que continuar con la investigación y fundamentar la acusación para llevarlos a un juicio oral y público.

Lucas lamentó la decisión judicial y se declaró inocente al asegurar que "nunca estuve en la zona" donde se cometieron las atrocidades durante el conflicto bélico.

"Nosotros estamos aquí por haber defendido al pueblo de Guatemala, porque si nosotros no hubiéramos enfrentado a un enemigo como era la subversión, Guatemala hubiera caído en manos del comunismo", consideró a su vez el militar Raúl Dehesa Oliva.

"No pueden responsabilizar a las personas solo porque eran comandantes o segundos comandantes, si ellos no tuvieron nada que ver", puntualizó.

Parte de la investigación de la Fiscalía se fundamenta en el descubrimiento, entre 2012 y 2015, de 558 osamentas de niños, adultos y ancianos localizadas en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, de los cuales 97 han sido identificados con pruebas de ADN. 

El antiguo cuartel militar, ubicado en la ciudad de Cobán, fue convertido en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas.

Por el mismo caso, la Fiscalía presentó una solicitud a la justicia para que le retire la inmunidad al militar retirado y diputado Edgar Ovalle, del gobernante partido FCN-Nación (derecha), al que pertenece el presidente Jimmy Morales.

La guerra interna guatemalteca dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó de 93% de las masacres a las fuerzas del Estado./AFP