La  muerte de ocho indígenas en una protesta que disolvieron los militares en Guatemala puso en tela de juicio el papel del Ejército en funciones de seguridad pública, en un país con un pasado nefasto de represión militar en la guerra civil (1960-96).

Una lluvia de críticas de diversos sectores del país y de organizaciones internacionales cayó sobre el gobierno tras el violento desalojo que hicieron hace diez días los soldados de una manifestación en Totonicapán, 180 km al oeste de Ciudad de Guatemala, que también dejó más de 30 heridos.

"La participación de militares en la seguridad civil la venimos rechazando desde hace una década, es contra natura, los militares están preparados para la defensa de un país. Su doctrina y especialización es distinta a la policía", afirmó a la AFP Carmen Ibarra, dirigente del Movimiento Pro justicia.

El pasado jueves, fueron detenidos el coronel Juan Chiroy y ocho soldados, entre ellos dos mujeres, acusados de "ejecución extrajudicial", primer caso de militares que serán procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra civil hace 15 años.

Con la firma de la paz en 1996, el ejército se redujo y se determinó su función sólo al resguardo de la soberanía, pero el Congreso aprobó en 2000 sacar a los militares a las calles en tarea de seguridad pública -incluido el control de manifestaciones-, argumentando la violencia criminal que azota al país.

"Decir que desde la firma de la paz, el ejército ha perdido protagonismo es una falacia, están abriendo más cuarteles y su presupuesto es más elevado, se está fortaleciendo", dijo a la AFP el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Juan Francisco Soto, quien advirtió que "se corre el riesgo de que algo vuelva a suceder" si no se modifica la resolución del 2000.

El presidente Otto Pérez, un general retirado experto en contrainsurgencia, anunció que impulsará una reforma legal para evitar que el ejército controle manifestaciones.