Según un informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, esta jornada preelectoral ha sido la más violenta desde el 2007. A la fecha 41 candidatos han sido asesinados y 23 sufrieron atentados.
El interés de actores armados de influir en los resultados electorales en diversas zonas del país, así como los delitos electorales son, según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), los principales riesgos que se presentan para el normal desarrollo de la jornada de los comicios del próximo domingo 30 de octubre.
“Hemos identificado grandes grupos de riesgos electorales para este proceso que podrían afectar el día de las elecciones como violencia contra candidatos, funcionarios públicos o actores del proceso electoral”, sostuvo.
Asimismo, explicó que el fraude consiste en el cambio de comportamientos electorales, los cuales se salen del promedio de la forma cómo un municipio se comporta electoralmente. “Si hay muchos votos nulos significa que se podrían estar anulando los votos a favor de un candidato. Si hay muy pocos tarjetones no marcados, por fuera del promedio municipal y nacional, quiere decir que podrían estar marcando los tarjetones que nos entregan en blanco”, explicó.
Además, argumentó que hay unas dinámicas externas que afectan el tema electoral como las regalías y restitución de tierras, y añadió que “otro de los factores de riesgo pueden ser las ayudas del Estado que se traducen en subsidios como ayudas humanitarias. Además, funcionarios públicos o candidatos inescrupulosos anuncian que pueden manipular para favorecer a ciudadanos retirándolos de ese censo que construye el Estado”.
Barrios explicó que la capacidad institucional también es un riesgo porque los 101 mil candidatos que compiten en las elecciones desbordan la capacidad del Estado para vigilar a cada uno de ellos y brindarles la protección necesaria.
“Tenemos 159 hechos de violencia y dirigida a candidatos, de estos 159, 41 son asesinatos y 23 han sido atentados. Son muchas las razones que pueden argumentar la violencia a candidatos y es porque son elecciones regionales como las del 30 de octubre. Cada uno de los municipios tiene unos conflictos internos que impactan la política”, afirmó.
Señaló que, en el caso particular de Putumayo, hay injerencia de la guerrilla en el proceso electoral. Asimismo, en el andén del Pacífico hay un alto nivel de violencia política y presencia de Bandas Criminales, Rastrojos y FARC, donde cada uno de estos grupos compiten por el poder. En Arauca hay presencia del ELN y FARC, mientras que en el Cauca y en el cordón de Corinto ha habido acoso de militares a la ciudadanía. “En cada uno de estos municipios hay agentes de violencia, interés territorial, presencia y debate político que lleva a que, de manera anárquica, veamos cómo se empieza a incrementar el riesgo por violencia sin encontrar patrones claros”, explicó.
Sobre los delitos electorales, señaló que la principal infracción es la impugnación de casi 500 mil cédulas, lo que corresponde a casi el 50%. Esto significa que 500 mil personas fueron movilizadas a lo largo y ancho del país y el costo de dicha movilización está acompañado de compra y venta de votos. “Podríamos señalar que, en el periodo de inscripción de cédulas, se está moviendo un presupuesto incalculable”, concluyó.
Otra modalidad de compra y venta de votos está relacionada no sólo con el pago en efectivo. De acuerdo con Alejandra Barrios también “se ofrecen planes de vivienda, licuadoras, televisores, botas, mercados, promesas de becas para poder ingresar a un colegio, libros y amenazas a padres de familia para retirarles el cupo si no votan por candidatos”.