Con el reto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2014, pero con otros temas pendientes de definir, ayer la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral eligió como presidenta a la magistrada Nora Tapia (Partido Conservador), en reemplazo del magistrado Carlos Ardila Ballesteros (Cambio Radical), quien renunció al cargo.

En tanto que como vicepresidente del organismo fue elegido el magistrado Pablo Gil de la Hoz (Partido de La U).

Precisamente por la densa agenda que tiene por definir, el Consejo Electoral decidió continuar la Sala desde las 9 de la mañana del día de hoy.

Uno de los asuntos más urgentes por aclarar tiene que ver con el derecho de petición que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentó al registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, solicitando una investigación administrativa para establecer el origen de los recursos con que se financió el proceso de recolección de las 640 mil firmas que fueron presentadas con el fin de convocar una jornada de votación para poner a consideración de la ciudadanía la revocatoria o no del mandato del Alcalde.

Esta solicitud surgió después de que el contratista Emilio Tapia, involucrado en la investigación por corrupción en Bogotá, afirmara que unos concejales señalados por el ‘carrusel de la contratación’ le pidieron financiar el proceso para la revocatoria de Petro.

En días pasados, el entonces presidente del Consejo Electoral, magistrado Carlos Ardila, explicó que “está perfectamente claro en la ley de mecanismos de participación que el procedimiento de revocatoria es diferente al de referendo, porque en la revocatoria sólo existe un escrito radicado por un grupo de ciudadanos, no hay un comité promotor conformado y por esa razón no hay cómo investigar lo que pide el Alcalde”.

No obstante, el magistrado Óscar Giraldo fue encomendado para este asunto y su ponencia sería abordada hoy por la Sala Plena del Consejo Electoral.

En tanto que la Sala Plena también debe definir si se ajusta a la normatividad o no, la decisión de la Registraduría Nacional de entregar a Petro las imágenes digitalizadas de los formularios en donde están registradas las cerca de 640 mil firmas que piden la revocatoria de su mandato.

Igualmente hoy, la Sala podría decidir si es posible que ciudadanos que aparecen firmando las planillas para la revocatoria de mandato pueden ser retirados antes de que la Registraduría convoque a las urnas, esto teniendo en cuenta el reclamo de 400 ciudadanos del municipio de Angostura, Antioquia, quienes aseguran que no firmaron para la revocatoria sino cartas de protesta por la gestión del alcalde del municipio.

Además, hoy la Sala del Consejo Electoral daría luz verde a una investigación por las vallas políticas que fueron colocadas en el municipio de La Estrella (Antioquia) promoviendo una supuesta candidatura presidencial de Germán Vargas, quien aseguró que no está en campaña ni autorizó esta publicidad.

El organismo electoral anticipó que la persona o personas que ordenaron colocar esta publicidad podrían recibir sanciones entre $11 millones hasta $110 millones.

Igualmente está pendiente por definir las investigaciones que el Consejo Electoral abrió por violación de topes electorales en los comicios regionales de 2011, que ya están en la etapa de formulación de cargos.

Elecciones de 2014

En cuanto a las elecciones del próximo año, el Consejo Electoral tiene pendiente fijar el valor de las pólizas que respalden las candidaturas por firmas de movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, frente a lo cual seguiría la línea del año anterior de aumentar en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor. De ser así, el incremento sería del 2,44%.

El Consejo Nacional Electoral ya ha emitido varias resoluciones definiendo para este año lo que tiene que ver conlímites a los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en las campañas electorales; límites a los montos de gastos de las campañas electorales en las consultas populares para la selección de candidatos a la Presidencia de la República, y el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas.

Igualmente, los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de las listas de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes; de las consultas populares en que se seleccionen estos candidatos por parte de las organizaciones políticas, y el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en ellas.