Ante la  grave situación de derechos humanos que vive la población en el municipio de El Tarra, como consecuencia del accionar de la guerrilla, la Defensoría del Pueblo demandó del Gobierno nacional una acción urgente.

El titular del organismo humanitario, Jorge Armando Otálora, en carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Carrillo, señala que el continuo accionar violento de la Farc y el ELN, que operan en la subregión del Catatumbo y en la zona de frontera con Venezuela, precipitaron la crisis.

“Los ataques terroristas y las presiones constantes contra los pobladores de la cabecera urbana y de las veredas Bracitos parte alta y baja, Santa Clara, Encantados, Filo el Gringo, Motilandia y Tarra Sur, han obligado a las autoridades locales (alcaldía, personería, registraduría, puesto de salud, juzgado, entre otras oficinas municipales) al cese de sus actividades de manera indefinida, además de la intención de renunciar de 33 docentes de las instituciones educativas”, señala la Defensoría.

Agregó que la Defensoría del Pueblo a través de informes de riegos ha advertido, de manera permanente, que la guerrilla profiere amenazas contra los habitantes, los líderes sociales y servidores públicos, imponen pautas de comportamiento social e interfieren en las actividades de las organizaciones sociales y comunitarias, en la sub región del Catatumbo. Además, reclutan y utilizan a niños, niñas y adolescentes, restringen la movilidad, instalan retenes ilegales, cometen atentados contra la vida, la libertad y seguridad personal y realizan acciones bélicas contra la Fuerza Pública.

Así mismo, las autoridades locales y la comunidad han informado que en la cabecera municipal de El Tarra, las Farc han activado una serie de artefactos explosivos con efectos indiscriminados, que afectan a las personas, los bienes civiles y las edificaciones públicas. Sumado a la instalación de minas antipersona y armas trampa, exponiendo a la población campesina.

Cabe anotar que el pasado 14 de febrero de 2013 una comisión de la Defensoría del Pueblo realizó una visita de verificación humanitaria y comprobó el riesgo en el que se halla la población civil.

“Ante el alto grado de vulnerabilidad en que se halla la comunidad, el Defensor del Pueblo le solicita al ministro Carrillo impulsar, desde el nivel nacional, una respuesta estatal oportuna, adecuada y efectiva que garantice el respeto a los derechos fundamentales de estos pobladores”, agregó.

De otro lado, Otálora Gómez le recomendó al Ministro del Interior convocar de manera urgente una reunión de seguridad en El Tarra o Cúcuta, con la participación de los ministerios de Defensa y del Interior, de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de la Unidad Nacional de Protección, del Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República, entre otros), con el fin de que se adopten medidas de tipo político, social y administrativo, que permitan enfrentar con eficacia los graves problemas de orden público en el municipio y proteger de manera efectiva a la población civil.