Diversos sectores académicos ratificaron su advertencia sobre la gran minería que propone el Gobierno Nacional como motor de desarrollo del país, en el sentido de que esta actividad, que parece estar reservada exclusivamente para empresas multinacionales como las cuestionadas Anglogold Ashanti o Greystar, acabaría con el sustento de 300 mil familias que se dedican a la explotación artesanal.
 

Por esta razón, académicos como Daniel Quintero Calle, experto en temas ambientales, pidieron al Gobierno que el nuevo Código Minero proteja a quienes se dedican a esta actividad en 328 municipios del territorio nacional.
 

Una de las propuestas que han emanado a favor de los pequeños mineros, considerados por el Ejecutivo como ilegales, es que las empresas multinacionales que inviertan en zonas que históricamente han sido explotadas por nacionales contraten a una parte de éstos para realizar sus labores.