El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, presidió hoy en la ciudad de Cúcuta una audiencia de rendición de cuentas en la que se analizaron los avances en la gestión de las autoridades que conforman la Comisión Intersectorial para apoyar al Municipio de Gramalote (Norte de Santander), al término de la cual calificó como “dulce amargo” el resultado de los informes.

“Todos quisiéramos que esto ya hubiese tenido solución, pero respecto a la primera rendición de cuentas que se realizó el año pasado hay avances… Me voy con un sabor dulce y amargo, pero con los insumos necesarios para seguir ejerciendo mis funciones de vigilancia, acompañamiento y control”, aseguró el procurador general.

Respecto de la certificación al municipio, el jefe del Ministerio Público señaló que este tipo de circunstancias no están previstas en las normas de carácter general y por tanto no podrían aplicarse a la situación excepcional de Gramalote: “Estamos decididos a convocar a las autoridades correspondientes para que se profieran las decisiones y se expidan las normas requeridas a fin de que haya un tratamiento especial no solamente para Gramalote sino para los municipios que están afectados por la acción de la naturaleza”, puntualizó.

Compromisos de las entidades responsables

A la rendición de cuentas asistieron representantes de los ministerios de Salud, Ambiente, Vivienda, Educación y Transporte; del Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IDEAM, el SENA, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Fondo de Adaptación, Colombia Humanitaria, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Gramalote.

Cada entidad presentó el informe sobre los resultados materiales de su gestión con corte a 30 de julio de 2013, y respondió a las inquietudes planteadas durante las 11 intervenciones de  los delegados de la comunidad.
Particularmente la gerente del Fondo de Adaptación, Carmen Arévalo Correa, aclaró que a la fecha no se ha iniciado la compra de predios porque se está en el proceso administrativo de notificación a los actuales propietarios (en la zona conocida como “Miraflores”) para que definan su voluntad de venta y el valor de los predios; si hay acuerdo se procedería a la compra, o de lo contrario al proceso de expropiación.

Las entidades adquirieron el compromiso de enviar en el curso de esta semana a la Procuraduría las respuestas detalladas, así como el cronograma concreto (con fechas precisas) de las acciones a realizar en el corto y mediano plazo, para proceder a su publicación a través de la página www.procuraduria.gov.co.

El procurador Ordóñez Maldonado reiteró que a este organismo de control no le corresponde la coadministración, pero que sí tiene la competencia para acompañar y evaluar la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales: “La Procuraduría está siendo compañera de ruta para lograr articular la institucionalidad, para que esta cumpla sus compromisos y obligaciones para satisfacer las necesidades de la comunidad de Gramalote”, concluyó el jefe del Ministerio Público.