Escenarios de distancia: reforma universitaria y estatuto de juventud.

A la falta de comunicación entre el Gobierno Nacional y los jóvenes por la reforma universitaria se sumó la que se está manifestando en el trámite del estatuto de juventud en el Congreso.

Para esta tarde a las 2 está convocada una reunión para tratar que los voceros de uno y otro sector puedan comprender las intenciones de su interlocutor sobre la reforma a la Ley 30 sobre educación superior. El problema es que para los jóvenes resulta infructuoso sentarse a conversar si el Gobierno no está dispuesto a retirar el actual proyecto para entrar a concertar una nueva reforma.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, sostuvo la semana pasada que está dispuesta a convocar el número de reuniones que sean necesarias con el fin de aclarar las dudas de los jóvenes relacionadas con la iniciativa y escuchar sus propuestas, de manera que puedan ser estudiadas.
Estatuto
La semana pasada el estatuto de la juventud superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
Los jóvenes salieron de esa sesión del Congreso bastante aburridos porque el Gobierno presentó a través de los ponentes una enmienda que, dicen los supuestamente afectados, desmejoró notablemente la iniciativa.
Se trata del proyecto de ley estatutaria número 014 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el número 45 de 2011 Senado, “por el cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones” y con el número 084 de 2011 Cámara, “por medio del cual se establece el Estatuto para la Juventud, se deroga la Ley 375 de 1997 y se establecen otras disposiciones”.
El primero fue presentado por el representante Orlando Velandia, del Partido Liberal; el segundo por la senadora Alexandra Moreno, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira); y el tercero por el ministro del Interior, Germán Vargas, a nombre del Gobierno.
Para el Gobierno, “esta iniciativa fija los lineamientos de una política pública orientada a la juventud colombiana. Les establece sus derechos, sus deberes, a todos aquellos muchachos entre los 16 y 26 años que quedaran cobijados con este proyecto. Obliga a las entidades territoriales a incluir en sus planes y programa criterios que permitan materializar inversiones para la juventud”, explicó ayer mismo el ministro del interior, Germán Vargas.
“Lo que uno se da cuenta es que los derechos que en su desarrollo puedan tener algún tipo de gasto, el Gobierno los está quitando y como inicialmente no pudo en la ponencia, porque los congresistas se acogieron a nuestro texto, terminan con esa solicitud de enmienda que cambia las reglas de juego”, le manifestó a EL NUEVO SIGLO el joven Carlos Andrés Santiago, miembro del comité técnico encargado de la redacción del proyecto que dio origen a los tres acumulados (el hundido número 127 de 2010 Senado – 147 de 2011 Cámara).
“Lo más preocupante es el desarrollo de los derechos”, sostuvo. “Pasar de tener unos derechos y tenerlos muy desarrollados con acciones concretas de cómo se materializan esos derechos a simplemente un proyecto donde se nombran y el desarrollo es muy mínimo”, anotó.
Para Santiago, “en materia de institucionalidad independientemente del nombre o de quien esté asignado”, la entidad responsable de ejecutar el estatuto “debe tener una serie de condiciones: una autonomía administrativa, una autonomía financiera, una mayor capacidad política frente a otras entidades del Estado. Actualmente el programa presidencial Colombia Joven no lo tiene”.
En la legislatura el proyecto se hundió en el último debate. Santiago aseguró que eso se debió a que el Gobierno no tuvo voluntad política de promover su aprobación.
Existía una expectativa de que ahora la cosa fuera a otro precio. “El periodo pasado nos dimos duro”, expresó Santiago. En “este periodo”, dijo, “queremos ir de la mano”, de forma que “a pesar de nuestras profundas diferencias tratemos de ir juntos”.
Pero, sostuvo, el Gobierno “se perdió del mapa y no volvimos a saber de ellos sino hasta cuando radicaron la enmienda, construida por funcionarios del Gobierno y no con la participación de los jóvenes”.
De ahí que se plantee serios interrogantes: “¿Se va a repetir en este proyecto de ley lo que está pasando con la reforma a la Ley 30? ¿Va a ser otro proyecto donde el Gobierno llama simplemente a consulta y no realmente a que se puedan hacer cambios al articulado, para que se pueda discutir más allá de una socialización?”.
Universitaria
“Las puertas al diálogo siempre han estado abiertas a los estudiantes y lo seguirán”, comentó la ministra Ocampo al anunciar la reunión de hoy.
Mientras tanto, el vicepresidente Angelino Garzón les propuso a los estudiantes universitarios que presenten ante el Congreso su propio proyecto de reforma a la educación para tratar de unificarlo con el radicado por Gobierno.
La iniciativa del Gobierno es la número 112 de 2011 Cámara, “por la cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”
De acuerdo con su exposición de motivos, el proyecto pretende organizar el Sistema de Educación Superior, definir sus principios, fines y componentes, así como regular la prestación del servicio público de la educación superior. Con este fin, plantea la necesidad de actualizar la normatividad vigente e incorporar una serie de disposiciones que le permitan al sector educativo consolidarse como un Sistema Articulado con actores y responsabilidades claramente definidos. Igualmente, el proyecto amplía y flexibiliza los aportes de la Nación y los entes territoriales, y abre la posibilidad a nuevas fuentes de recursos públicos a través del Sistema Nacional de Regalías”.
En las calles y el Congreso, poco a poco, las posiciones se han ido polarizando.
Desde varios estamentos universitarios, el rechazo no es tanto a la reforma en sí, sino a toda la política hacia la universidad pública, que desde hace años cuestiona los postulados sobre los que funciona la Ley 30 que ahora se quiere reformar.
Por lo pronto, la bancada del Polo Democrático en la Cámara, tras manifestar su “total preocupación por el futuro de la educación superior en Colombia, principalmente por lo atinente al contenido de propuesta de nueva ley de educación superior (reforma a la ley 30)”, declaró su apoyo a “la decisión del movimiento estudiantil agrupado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, la cual el pasado 1 de octubre en Cali decidió que los y las estudiantes del país entrarían a paro universitario de carácter indefinido a partir del momento de radicación del proyecto de ley en Cámara”.
Para los congresistas la reforma “profundiza un modelo educativo que no responde a los problemas reales del país, sino las del gran capital nacional y transnacional, y ha sido elaborado sin consultar, en manera alguna, a la comunidad académica del país”.
“En ese mismo sentido”, expresó la bancada en su comunicado, “se compromete con las comunidades académicas y con el país a contrarrestar la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, teniendo como elemento político el Programa Mínimo de los Estudiantes definido por la MANE el pasado 20 y 21 de agosto en Bogotá”.
Los legisladores del Polo invitaron “a las demás bancadas en el Congreso de la República a rechazar esta iniciativa de proyecto de ley por las razones expuestas y sobre todo, por no contar con un respaldo legítimo de la comunidad universitaria del país”.