El Gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las FARC admitieron "avances" al terminar este domingo en La Habana el cuarto ciclo de conversaciones de paz, y polemizaron por la liberación de dos policías y un soldado capturados por los rebeldes a fines de enero.

"Avanzamos sobre la base de aproximaciones en temas concretos del primer punto de la Agenda, denominado política de desarrollo agrario integral y en algunos puntos de los temas específicos incluidos en este como el acceso a la tierra y formalización de la propiedad", dijo el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle.

En un comunicado leído a la prensa, tras el cual se retiró sin responder preguntas, de la Calle, aclaró que "los acuerdos a los que finalmente lleguemos son integrales y siempre tenemos en mente el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado".

Dos horas después, Iván Márquez, jefe de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo a la prensa que "sin dudas hemos avanzado y encontramos que el logro mayor de estas jornadas es coincidir en el propósito de dar acceso progresivo a la tierra al mayor número posible de colombianos".

Ambas delegaciones finalizaron en esta fecha el cuarto ciclo de las conversaciones de paz en La Habana que buscan poner fin al conflicto armado, iniciadas el 19 de noviembre, sobre una agenda de cinco puntos.

Las dos partes se instaron a crear las condiciones para la liberación de dos policías y un soldado apresados por las FARC el 25 de enero, que el gobierno considera "secuestrados" y los guerrilleros "prisioneros de guerra".

De la Calle pidió a las FARC "un procedimiento ágil" para la liberación de esos prisioneros, y el dirigente guerrillero Ricardo Téllez instó al Gobierno de Juan Manuel santos a "propiciar cuánto antes" la entrega de los prisioneros a la Cruz Roja Internacional y la ONG Colombianos y Colombianas por la Paz.

Durante este cuarto ciclo de conversaciones en el Palacio de las Convenciones de La Habana, las FARC han solicitado ante la prensa la incorporación de temas vinculados como el "saqueo minero-energético", lo que fue rechazado por el gobierno en esta jornada.

"Una cosa es lo que las FARC dicen en público como parte de su plataforma (...) y otra cosa es lo que se habla en la Mesa. Nos acogemos estrictamente a la agenda pactada", dijo de la Calle a propósito del "tema minero energético o la idea de frenar la construcción de megaproyectos para la generación de energía eléctrica".

Subrayó que el Gobierno se acoge" estrictamente a la agenda pactada (...) y no vamos a abrir la agenda de conversaciones a temas nuevos planteados por las FARC". "No estamos aquí para hablar de lo divino y lo humano", reafirmó el exvicepresidente de la Calle.

Márquez, por su parte, dijo que "habrá que preguntar al pueblo, al constituyente primario, si quiere que se arroje a los socavones del olvido el tema del saqueo minero-energético pretendido por la voraz política neoliberal".

"Si el gobierno persiste en sus proyectos minero-energéticos deberá prescindir de la idea de desarrollarlos sobre el territorio que el país necesita con urgencia para garantizar su soberanía alimentaria".

En otro asunto, el representante oficial colombiano tocó el tema de las víctimas del conflicto armado, incluido en la agenda, pero al cual aún no se ha llegado. "El Gobierno lo toma muy en serio y no concebimos un acuerdo para la terminación del conflicto, sin que la guerrilla les ponga la cara a sus víctimas", añadió.

Según indicaron las dos partes, los diálogos se reanudarán el lunes 18 de febrero.

Clima crítico

Crítico. Ese es el clima de la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc. Sin embargo, ese “crítico” es un “estado normal” de unas tratativas cuyo nivel de complejidad es muy alto y en las que el escenario difícilmente podría ser más complicado.
¿Acaso era dable esperar que la guerrilla iba a dejar de atacar a la Fuerza Pública? ¿Cesaría de un día para otro los atentados terroristas? ¿No incurriría de nuevo en secuestros? ¿Abandonaría este delito, así como el narcotráfico y la extorsión como su principal fuente de financiación?...
En realidad la guerrilla está haciendo lo que “en un estado normal” hace: atacar sin previo aviso, de manera indiscriminada, buscando el mayor eco mediático posible, tratando de impactar la opinión pública y arrinconar al Gobierno…
Es más, aunque los analistas más objetivos se abstengan de hacer este diagnóstico en público, en realidad se podría decir que la mayor evidencia de la debilidad de las Farc es, precisamente, la baja intensidad militar de sus acciones bélicas, terroristas y delincuenciales después del 20 de enero pasado (cuando terminó la ‘tregua unilateral’ que habían anunciado en noviembre).
No hay que llamarse a engaños: siendo obviamente condenables las muertes de casi una decena de uniformados del Ejército y la Policía en los ataques subversivos de las últimas tres semanas, el accionar guerrillero ha sido muy inferior a lo que se temía a mediados de enero.
Recuérdese que el propio Gobierno, con base en información de Inteligencia, había advertido que las Farc se preparaban para lanzar una ofensiva militar de gran escala, lo que finalmente, si se contabilizan sus acciones desde el pasado 20 de enero hasta hoy, no ocurrió.
Aunque intentaron las Farc presionar un paro armado de largo aliento en el Chocó, no pudieron. Tampoco volvieron a generar un ambiente de crisis en el Cauca, pese a los ‘carro-bomba’ en Caloto. El secuestro de los dos policías en el Valle no puede catalogarse como una gran acción militar, como tampoco el plagio de un soldado en Nariño. Incluso, el asesinato de policías y soldados en ataques como los de Nátaga (Huila) y en combates en otras zonas del país, no se pueden contabilizar como parte de una escalada militar a gran escala.
Todo lo contrario, si de ofensivas contundentes se habla, la guerrilla ha sido la más perjudicada, como ocurrió con la muerte en un bombardeo -junto a seis subversivos más- de alias ‘Jacobo Arango’, jefe del ‘Frente V’ de las Farc, que operaba en las montañas de Córdoba. Este mando insurgente no sólo era integrante del ‘Estado Mayor de las Farc’, sino que era considerado como la mano derecha de alias ‘Iván Márquez’, el segundo al mando de las Farc que lidera el equipo negociador guerrillero en La Habana.
Realidades
Visto todo lo anterior, debe concluirse que se incurre en un error cuando se habla de que las Farc están en plena escalada militar, pues ello no es así. Es más, hubo el año pasado épocas en donde el número de ataques y asesinatos perpetrados por esa facción criminal fue mayor al causado en las últimas tres semanas.
Algunos dirán que las Farc ‘midieron’ el nivel de sus ataques con el fin de no presionar un escenario candente que forzara al Gobierno a romper el proceso de paz. En realidad, no hay tal.
Todo lo contrario, si la guerrilla tuviera la capacidad militar de antes hubiera reaccionado con mayor fiereza ante un gobierno y un presidente como Juan Manuel Santos que no sólo advierten que la negociación se llevará a cabo sin que medie un cese al fuego bilateral, sino que día tras día recalca que las tropas oficiales no bajarán la guardia y que tienen orden de atacar a la guerrilla hasta en sus “madrigueras”.
Es más, fue el propio máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, quien puso de presente que la guerrilla estaba haciendo lo que tenía que hacer. Al replicar al Gobierno y a todos los sectores que los criticaban por sus ataques, el cabecilla dijo que sus detractores estaban “apelando a triviales pretextos" como la "ejecución por parte de las Farc de acciones militares y de sabotaje económico tras el cese de fuego unilateral. Olvidando que el gobierno impuso y defiende abiertamente dialogar en medio de la confrontación".
Incluso no dudó en afirmar que la “captura” de miembros de la Fuerza Pública “en servicio, no constituye violación alguna a nuestro compromiso público de proscribir las retenciones con fines financieros".
Y es que la guerra sigue en “su estado natural”, a tal punto que el propio Gobierno es el que advierte la debilidad del enemigo en medio de la confrontación. Por ejemplo, fue el propio Jefe de Estado quien recalcó días atrás, en referencia al grupo subversivo, que "ellos (la guerrilla) no tienen capacidad militar para hacer nada diferente a actos terroristas o a privar de la libertad a colombianos bien sean civiles o en uniforme".
La guerra no paró siquiera en medio de la tregua unilateral navideña y de cambio de año que anunciaron las Farc. Los informes oficiales y de ONG privadas que hacen seguimiento al desarrollo del conflicto armado contabilizaron en promedio 60 violaciones de la guerrilla a su ‘tregua’, al tiempo que la Fuerza Pública realizó operativos contra la subversión en distintos puntos del país.
Como se ve, mientras que el nivel de la confrontación se mantiene en los mismos niveles de decrecimiento progresivo, dado que las Farc cada día evidencian una menor capacidad de asestar golpes militares directos a la Fuerza Pública, no se puede hablar de un pico en la guerra. Ésta sigue en su “estado natural”.
¿Y los secuestros?
Si se analiza lo ocurrido en las últimas tres semanas en Colombia se puede concluir que de todo lo realizado por las Farc sólo hubo un hecho en el que, al parecer, aceptan haberse ‘pasado de la raya’, es decir que se salió “del estado natural” del marco en el que se desarrolla el proceso de paz: el secuestro de los uniformados.
Y ese mea culpa queda en evidencia en el hecho de que la guerrilla haya decidido que va a devolver a los dos policías y un soldado secuestrados en Valle y Nariño ¿Por qué lo hace si el propio ‘Timochenko’ advirtió que esta clase de “capturas” no constituyen violación alguna a su “compromiso público de proscribir las retenciones con fines financieros"?
Las hipótesis sobre este hecho son cuatro. La primera se refiere a que, efectivamente, dentro de esos primeros contactos secretos entre el Gobierno y la guerrilla sí hubo un compromiso de que las Farc no seguirían secuestrando, pacto que se habría violado con el plagio de los tres uniformados. Ello explicaría la enfática reacción del jefe del equipo negociador gubernamental, el exvicepresidente Humberto de la Calle, en torno a que un secuestro es un secuestro, no importa el nombre que se le quiera dar.
Una segunda hipótesis va dirigida a que si bien la guerrilla considera que es propio del “estado natural” de la guerra el “capturar” efectivos del “enemigo”, el impacto del triple secuestro en la comunidad internacional y los países que acompañan el proceso fue tan negativo que, por simple estrategia política, decidieron que lo mejor era liberarlos en el corto plazo sin mayores exigencias ni condicionamientos.
La tercera hipótesis se basa en que efectivamente sí se están presentando algunas inconformidades al interior de las Farc entre las líneas que están de acuerdo con profundizar la negociación y aquellas que prefieren profundizar la guerra, sobre todo al ver a un Estado que no sólo se niega a una tregua bilateral sino que todos los días reafirma que en la ofensiva militar contra la subversión no se dará ningún tipo de cuartel.
Por ejemplo, algunos analistas que conocen de cerca la forma de pensar de la guerrilla han insistido en que entre los subversivos de base hay molestia e incertidumbre porque el tema de la excarcelación de los guerrilleros prácticamente quedó en el cajón y no se ha mencionado directamente en la agenda de negociación en La Habana. Así las cosas, el plagio de los dos policías y el soldado bien podría ser parte de una estrategia de las Farc para enviarle un ‘mensaje’ al Gobierno en torno a que en cualquier momento pueden lanzarse a una campaña de secuestro de uniformados para presionar una salida de los subversivos presos.
El Gobierno pareció ponerse en la línea de esta hipótesis cuando advirtió, por intermedio del propio Presidente, que "si las Farc creen que a través de los secuestros van a tratar de presionar al gobierno para lo que ellos aspiran y es un cese del fuego, se equivocan".
Y en cuarto lugar se encuentra el rumor de que a raíz de los bombardeos de la Fuerza Aérea, los frentes de las Farc han disminuido al máximo la comunicación entre ellos, con el objetivo de evitar ser detectados por la llamada “Inteligencia electrónica” de las Fuerzas Militares. En ese orden de ideas, el plagio de los tres uniformados fue un hecho fortuito que, una vez perpetrado, obligó a la cúpula de la guerrilla a buscar fórmulas para tratar de maniobrar lo más rápido y liberarlos prontamente.
Las Farc saben que estos secuestros le quitan piso al proceso de paz más que cualquier otra circunstancia relacionada con acciones propias del conflicto militar como tal. Y también son conscientes de que la oposición a la negociación que se lleva a cabo en La Habana está encabezada por el expresidente Uribe, quien termina capitalizando política y electoralmente todos los errores que se cometan durante las tratativas. De allí, entonces, la disposición a resolver rápidamente el problema de los uniformados plagiados, pues saben que cada día que los tengan en su poder juega en detrimento del proceso y favorece al uribismo.
Además, no hay que olvidar que fuentes muy cercanas a las Farc han indicado que esa guerrilla, desde tiempos de ‘Alfonso Cano’ como máximo jefe, hizo un análisis profundo de lo que había significado la estrategia del secuestro masivo de militares, policías y dirigentes civiles como fórmula para presionar un ‘canje de prisioneros’, objetivo que nunca lograron pero que, a raíz de la exposición internacional del drama de los plagiados, le quitó a la guerrilla todos sus apoyos externos en Europa y América Latina, dejándola en el estatus de paria y terrorista y bárbara.
¿Y el proceso?
Lo único medianamente positivo de lo ocurrido en las últimas tres semanas se refiere a que tanto Gobierno como Farc parecen tener total disposición a mantener la Mesa de Negociación lo más aislada posible de los ecos normales del “estado natural” de la guerra.
Por ejemplo, el martes pasado, en medio de sus críticas a la guerrilla por los secuestros y los ataques terroristas, Santos dio muestras de que lo que pasa en nuestro país no tiene porqué afectar el ritmo de la Mesa.
"A pesar de lo que la gente dice, vamos bien en Cuba en nuestras conversaciones con las Farc… Pero si hay voluntad, yo tengo fe que este año vamos a lograr la paz de este país", precisó.
Y también la guerrilla, a través de sus voceros negociadores en La Habana, indicaron que si bien lo mejor era desarrollar la negociación en medio de un cese al fuego bilateral, las conversaciones continúan adelante y podrían dar resultados concretos en poco tiempo.
Es más, el hecho de que la guerrilla haya decidido poner sobre la mesa la totalidad de su propuesta sobre cómo solucionar el problema de la tenencia y uso de la tierra, fue entendido por el Ejecutivo y los analistas como una forma de enviar un mensaje de que no se iban a dejar distraer por los ecos del “estado natural” de la confrontación militar.
¿Entonces qué se puede esperar en adelante? Simple y llanamente que el proceso siga su curso. Es claro que la propuesta sobre el asunto territorial hecha por la guerrilla no será fácil de tramitar, toda vez que se trata de asuntos de mucha complejidad.
Está visto que el primer punto de la agenda, referente al tema del desarrollo agrario, ha sido más complejo de lo que se esperaba, pero, a pesar de lo que se creía meses atrás, no tanto por propuestas utópicas de las Farc, sino porque la plataforma que pusieron sobre la mesa en el aspecto agrario es muy ambiciosa pero realista, de allí que sea difícil de implementar para el Estado.
Las “ocho propuestas mínimas para el reordenamiento y uso territorial” que expusieron esta semana los negociadores de la guerrilla exigen, sin duda, una respuesta objetiva y seria por parte del Gobierno.
Más allá de los marcos discursivos y panfletarios de cada una de las propuestas, es claro que la guerrilla quiere aterrizar debates sobre el impacto socioambiental de la explotación minero-energética; tampoco suena traído de los cabellos lo relacionado a un “reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población”. Otros temas como la ganadería extensiva, la ampliación de la frontera agrícola, el derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles, el blindaje a los territorios indígenas y afrodescendientes o el apoyar a la minería artesanal, son asuntos que, incluso sin mediar proceso de paz, se han discutido largamente en Colombia en los últimos años.
Tampoco se puede decir que el punto ocho de su propuesta es utópico. “… Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de uso ilícito, se propone cesar la política de criminalización y persecución, suspender las aspersiones aéreas y otras formas de erradicación que están generando impactos negativos socioambientales y económicos. Hay que reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales”.
En este tema de la despenalización, las Farc no se están poniendo en la otra orilla del Estado como tampoco de la comunidad internacional. Simple y llanamente van más allá en la tesis sobre hasta dónde debe llegar la legalización de la producción, venta y consumo de estupefacientes.
No se puede olvidar, por ejemplo, que ha sido el propio presidente Santos quien viene liderando una propuesta para que a nivel global, desde la ONU hasta la OEA, se estudie la viabilidad de un cambio de enfoque en la lucha antidrogas. Un cambio que, por premisa obvia, debe ir dirigido hacia la flexibilización y no a más represión.
Discusión de fondo
Como se ve, más allá de la beligerancia verbal y mediática de las partes, el proceso de paz en La Habana avanza dentro de un “estado normal” crítico, pero con la diferencia de que en esta ocasión las peticiones de la guerrilla se salieron del ámbito utópico, reaccionario y anacrónico, para ser aterrizadas en propuestas concretas, ambiciosas pero no necesariamente revolucionarias o nunca antes discutidas por el llamado “Establecimiento”.
Y esto último es quizá lo más preocupante ¿Si muchas de esas discusiones sobre el tema agrario se han dado dentro de sectores legales e institucionales, pero aún así no se pudo llegar a consensos sobre reformas y cambios de fondo, podrán en dos o tres meses Gobierno y Farc llegar a acuerdo? Complicado.
Aquí ya el problema no es si del primero de los cinco puntos de la agenda se puede salir antes de Semana Santa o si se logrará un acuerdo “para la terminación definitiva del conflicto” antes de noviembre, como pareciera ser el querer del Gobierno.
Incluso termina siendo menor el hecho de que el pulso político y electoral entre santismo y uribismo se haya radicalizado alrededor de la pertinencia de esta negociación, puesto que criticar el proceso es fácil en tiempos de crisis, pero cuando la Mesa produzca algún tipo de acuerdo, por parcial o mínimo que sea, el clima de la opinión cambia. Esa ya es una situación que se ha repetido infinidad de ocasiones en Colombia.
Igual quedó establecido que, salvo un hecho extraordinario en materia de barbarie o saldo mortal, el conflicto armado, por más que se arrecie, no impactará en mayor proporción el ritmo de la Mesa.
Los distintos tiempos
Al final, lo que es evidente es que Gobierno y Farc están negociando en serio, con propuestas aterrizadas y de fondo, y ello demandará más tiempo del que están pensando en la Casa de Nariño y la opinión pública. Esto lleva a otro escenario: el problema aquí son las distintas instancias de los tiempos.
Desde el punto de vista del Gobierno, el tiempo se cuenta en meses y no en años. Lo que implica, entonces, que la productividad de la Mesa tendrá que empezar a verse antes de que termine 2013.
Desde el punto de vista de las Farc, el tiempo se cuenta en la rapidez con que se vayan aterrizando respuestas serias y objetivas a sus propuestas, lo cual implica que las tratativas podrían dilatarse más allá de diciembre.
Desde el punto de vista de la campaña política, el tiempo del proceso se cuenta en meses pero no más allá de 15, que es precisamente lo que falta para la cita en las urnas en que se definirá la sucesión en la Casa de Nariño. Esto implica que la negociación termina siendo más vulnerable al pulso santista-uribista, que a los propios hechos derivados de la guerra.
Desde el punto de vista del ELN, que esta semana pareció enviar a punta de secuestros el ‘mensaje’ de que quiere ser tenido en cuenta en la búsqueda de una salida negociada al conflicto, el tiempo del proceso se mide en cuenta regresiva, porque cada día que pase su posibilidad de ser tratado en el mismo estatus que se le reconoce a las Farc va disminuyendo. Esa guerrilla no quiere ser vista como un ‘residuo’ del proceso que está en marcha.
Y desde el punto de vista de la Iglesia y los sectores que consideran que deben corregirse algunos aspectos del proceso para que dé resultados en el corto tiempo, es claro que el tiempo se mide incluso en semanas, porque parten de la base de exigir de la guerrilla más muestras de paz, no tanto en La Habana, sino en relación a disminución verificable de hechos de la guerra en Colombia.
En síntesis, el problema del proceso de paz está en la cuadratura del círculo que implica acompasar todos esos distintos tiempos…

AFP/ENS