Como parte de los eventos que conmemoran la semana de las víctimas, el Viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, presentó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, los avances que adelanta esta cartera en los procesos de reubicación y sostenibilidad de familias desplazadas por la violencia en Colombia.

“Ya hay formulados 30 planes departamentales de prevención para familias víctimas del desplazamiento en Colombia, y que 475 líderes de restitución de tierras y 450 víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas cuentan con medidas de protección”, puntualizó el funcionario.

El informe fue presentado durante el Acuerdo Para la Prosperidad, realizado ayer en la plaza principal del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, departamento donde fueron reubicadas 130 familias indígenas Embera, quienes además hicieron propuestas para atender necesidades inmediatas y mejorar su calidad de vida.

Fernández de Soto explicó que se adelantará la formulación de estos planes con los municipios de las zonas más vulnerables del territorio nacional, priorizadas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y explicó la importancia de las acciones que garantizan la no repetición de los fenómenos violentos, es decir, evitar que ocurran nuevos desplazamientos.

53 municipios están priorizados por el Ministerio del Interior – donde existen procesos de retorno, o donde ya hay aproximadamente 17 mil familias retornadas – para implementar los programas de prevención y protección.

Estas acciones van ligadas a otros programas de Estado, como aquellos que buscan la generación de ingresos, la cobertura y calidad de la educación, los servicios de salud, entre muchos otros.

El funcionario también resaltó la importancia del proceso de consulta previa  que el Ministerio del Interior adelantó con la UARIV para formular los Planes Integrales de Reparación Colectiva de manera participativa.

Adicionalmente, Fernández de Soto se refirió al fortalecimiento de la capacidad de acción de las alcaldías, como también de las organizaciones comunitarias locales, para que los procesos sociales de reintegración sean sostenibles.