La Ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, advirtió que mientras que el crecimiento en la prestación de servicios a los pacientes en los hospitales de la capital fue de 1.48%, la de contratación de personal fue del 44%. “El mismo Secretario de Salud reconoce que ha habido un crecimiento desbordado de personal en los últimos años, pero no igual en los servicios que prestan los hospitales”.
“Debemos tener cero tolerancia en la corrupción, los hospitales no se pueden llenar de burocracia y de contratación irregular, porque se deben concentrar en el paciente, en la calidad, en mejorar la oportunidad y en asegurar que haya un nivel de eficiencia óptimo para que todas las personas se puedan beneficiar” explicó la Ministra.
La titular de la cartera de salud fue enfática en decir que esta desproporción en la contratación de personal incide directamente en el déficit que enfrentan los hospitales públicos de Bogotá. “Cuando hay un crecimiento enorme de personal, pero los servicios a los pacientes no crecen en la misma proporción los hospitales entran en déficit y en el caso de Bogotá eso se dio”.
Por otro lado, la Ministra aclaró que también las EPS le deben dinero a los Hospitales y dijo que la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá deben sentarse nuevamente para aclarar lo que se debe pagar.
“Ya comenzamos con Humana Vivir, Solsalud y Cóndor EPS para precisar las cuentas y para que se defina específicamente lo que tiene que ver con pagos” anunció Londoño Soto.
La Ministra Londoñoafirmó que el crecimiento desbordado en la contratación de personal en los hospitales públicos no está ocurriendo sólo en Bogotá y que para eso, están haciendo valoración del riesgo en las entidades de todo el país, para de esa manera calificar si tiene riesgo alto, medio o bajo. La Ministra calculó que al finalizar el mes de junio tendrán los resultados de esta valoración.
Asimismo, consideró que trabajando mancomunadamente, entre Ministerio, Secretaría de Salud y Hospitales, se puede bajar el déficit de estas instituciones prestadoras de servicios de salud y así lograr que presten mejores servicios.
El pronunciamiento del Gobierno Nacional fue después que el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, pidió a la Corte Constitucional para que “declare el estado de inconstitucionalidad del modelo actual de salud en Colombia; para que ordene, desde la Justicia, desde el derecho, el cambio del modelo actual, para que logremos que la salud ya no sea un negocio de mercaderes, sino un derecho de gente digna”.
Petro explicó que el gobieno de “Bogotá no es un gobierno de multitudes y no quiere que se mantenga en Colombia la dañina Ley 100, que convirtió a la salud en un negocio no en un derecho”.
Agregó que esta movilización, a la que calificó como la Marcha Blanca, debe repetirse e invitó a que la próxima sea aún más multitudinaria. Señaló que la ciudadanía se debe levantar “para no dejar perder sus hospitales, para reabrir el que nos robaron, El San Juan de Dios, y para cambiar el modelo de salud de los mercaderes e instaurar el modelo de la salud del derecho”.
El mandatario señaló, en tono enérgico, que hay “quienes nos amenazan desde diferentes puestos del Estado, y de la sociedad, cada vez que levantamos la voz del interés general; cada vez que decimos algo. Por ejemplo, que el señor más rico del mundo se quedó con 200.000 millones de pesos del pueblo bogotano, de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que la juventud tiene el derecho y el poder de tener el espacio del campo deportivo, el espacio de la ciudad, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que en Bogotá no puede haber espectáculos alrededor de la muerte de seres sensibles, nos amenazan con cárcel. Cada vez que decimos que en la ciudad prima el interés general sobre el general, nos amenazan con cárcel”.