Los retos de mediano plazo para las finanzas públicas siguen siendo significativos, y para su resolución se requieren reformas de fondo en el frente tributario y de gasto público. La incertidumbre frente a la discusión e implementación de estas reformas debería conducir a una ampliación de la prima de riesgo fiscal en los títulos de deuda pública.

En el último documento de Marco Fiscal para Mediano Plazo, MFMP, saltan a la vista los esfuerzos del Gobierno por ajustarse a una nueva realidad marcada por menores ingresos petroleros, crecimiento moderado, presiones inflacionarias y depreciación cambiaria. También revela su compromiso con la meta de déficit estructural y su intención de balancear el ajuste de las finanzas públicas entre gasto, ingreso y deuda.

Los analistas del Bancolombia indican que a pesar de que los parámetros definidos en la regla fiscal permitían un mayor déficit en 2016 y 2017, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) estableció menores niveles admisibles. Esto se hizo con el fin de que, desde las finanzas públicas, se propenda por una reducción en el exceso de gasto que caracteriza hoy en día a la economía colombiana.

Asimismo, el aumento en el déficit se traducirá en un incremento en el saldo de la deuda del GNC hasta más del 43% del PIB a finales del próximo año. El pronóstico central considera una tendencia a la baja en el stock de deuda pública desde 2018.

Además, el escenario base de las autoridades, en el cual el déficit del Gobierno Nacional se acerca a 1% del PIB a partir de 2020, supone la realización de ambiciosas reformas en el frente tributario y no incorpora gastos adicionales que pueden materializarse en los próximos años.

El mensaje de las autoridades

El Gobierno mantiene su compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal, y está haciendo uso del margen que esta brinda para diferir en el tiempo el ajuste que se deriva de la caída en los precios del petróleo y la desaceleración de la economía.

El esquema de manejo de las finanzas públicas bajo la regla fiscal, el cual lleva poco tiempo, está siendo puesto a prueba por el cambio de las condiciones macroeconómicas. Superar exitosamente estas circunstancias retadoras reforzaría la credibilidad en torno a la institucionalidad fiscal del país.

A pesar de los retos, se han buscado alternativas para hacer que la emisión de deuda adicional sea la menor posible y que los pilares de la estrategia de financiamiento continúen en operación. Sin embargo, la ampliación del déficit hará inevitable que el stock de deuda pública siga aumentando en los próximos años.

En un entorno económico menos favorable para el país, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos de austeridad previstos en la regla fiscal depende cada vez más de reformas estructurales que incluyan tanto los ingresos como los gastos de la Administración Central.

Los riesgos

En el corto plazo, el balance del GNC podría afectarse por cuenta de una mayor desaceleración en el crecimiento, nuevas caídas en los precios del petróleo, una depreciación adicional del peso o por una corrección menos pronunciada de la inflación.

La mayor carga del ajuste de las finanzas del GNC va a recaer sobre la administración que esté en ejercicio entre 2018 y 2022. Como este ajuste requerirá de reformas, surge un riesgo de aprobación de las mismas, que se hace más agudo porque de su materialización depende de que se concrete el escenario base del MFMP.

Las estimaciones de mayores ingresos que contempla el MFMP 2016 (en promedio 3,5% del PIB anual a partir de 2018) superan los estimativos de recaudo adicional propuestos por la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria. Por lo tanto, es posible que la propuesta de reforma tributaria estructural que se discutirá en el segundo semestre del año no sea suficiente para satisfacer las necesidades de recursos para la próxima década.

Los diferentes análisis muestran que en la próxima década los gastos del GNC pueden llegar a incrementarse en un promedio de 3,3% del PIB por año. Estos mayores gastos incluyen lo relacionado con el posconflicto, así como mayores pagos en salud, educación y atención a la población mayor, además de un mayor costo de la deuda pública.

La alta inflexibilidad del presupuesto público colombiano, en el que más del 90% de los gastos están comprometidos de antemano, llevará no solo a que la inversión pública asuma la mayor parte del ajuste del gasto (especialmente en 2017), sino que hace que el espacio para efectuar ajustes adicionales vía reducción de los pagos en los próximos años sea más limitado. Esta inflexibilidad se reforzará por efecto de las vigencias futuras.

El stock de la deuda en el mediano plazo dependerá de la capacidad de las autoridades para ajustar el balance del GNC, sobre todo de 2018 en adelante. Dado que el Gobierno no cuenta con fuentes de recursos adicionales, cualquier ampliación del déficit por encima de lo previsto implicará un incremento en el nivel de endeudamiento público.

Los escenarios alternativos que formulamos para la siguiente década ponen de manifiesto que las estimaciones base del GNC dependen de forma crítica de que se reduzca y se estabilice el gasto, y de que efectivamente se aprueben nuevos ingresos. Si alguno de estos supuestos no se cumple, se corre el riesgo de que los niveles de déficit y deuda de la Administración Central se incrementen de manera pronunciada. Nuestros análisis sugieren que, en una perspectiva de 10 años, el esfuerzo fiscal total que necesitará el país puede superar el 7% del PIB.

El hecho de que los parámetros de la regla fiscal hayan arrojado en principio un mayor nivel de déficit admisible para 2017 y 2018 (lo cual fue ajustado posteriormente por el CCRF) deja abierta la posibilidad de que, ante un deterioro más pronunciado de la actividad productiva, más adelante se permita a las autoridades emplear este margen de déficit adicional. Tal eventualidad podría afectar la percepción de riesgo sobre el país y conducir a un mayor endeudamiento público.