El Gobierno Nacional reglamentó la deducción de los impuestos para empleadores que contraten a mujeres víctimas de violencia y determinó las medidas de atención para garantizar la habitación, alimentación, y transporte para estas personas, con la expedición de los Decretos 2733 y 2734 de 2012.

Los ministros de Salud, Justicia y Trabajo, así como los directores de la DIAN y de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía, explicarán los principales mecanismos y medidas tomadas desde sus carteras a partir de la entrada en vigencia de estos decretos.

El Decreto 2733 establece los requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de impuestos definida en la Ley 1257 de 2008, la cual aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuestos y complementarios que, en su condición de empleadores, ocupen a trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada y procede por un término de máximo tres años a partir de la fecha en que se inicia la relación laboral.

La situación de violencia de género se comprobará a través de sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, acoso sexual o lesiones personales, cuya víctima sea la mujer contratada.

Así mismo, por sentencias ejecutoriadas que demuestren el detrimento patrimonial o económico de la mujer víctima que será contratada, o cuando ésta sea beneficiaria de una medida de atención y/o protección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4799 de 2011 y el Decreto 2734 de 2012.

El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres años, si ésta se mantiene. 

La deducción procederá siempre y cuando las decisiones y medidas tomadas a favor de la mujer víctima de violencia hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008.