En medio de la polémica por la modificación del proyecto de ley para aumentar las sanciones para las personas que conduzcan en estado de embriaguez, aprobado en primer debate por el Congreso, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, y el fiscal Eduardo Montealegre, coincidieron en imponer la cárcel por estas conductas.

Al respecto, el ministro dijo que por encima de la criminalización se deben usar mecanismos de prevención.

“Lo que hay es que buscar mecanismos  de prevención para que eso no pase. Son mucho más efectivos los controles de todo orden antes de pensar que la única solución sea enviar a las personas a la cárcel. Cuando hay lesiones y homicidio es otro tema”, dijo.

Gómez recomendó reintegrar las sanciones administrativas, que para su opinión, son un efectivo mecanismo de persuasión.

“Creo que valdría la pena retomar los mecanismos administrativos como suspensión o cancelación definitiva de la licencia o afectar el automotor, así como las multas; todos aspectos que puedan persuadir mucho más para que no se conduzca en estado de embriaguez”, precisó.

El ministro señaló que solo el 5% de los homicidios en accidentes de tránsito son responsabilidad de conductores en estado de embriaguez.

“Si miramos las cifras, la gran mayoría de los homicidios se produce es por otras razones; solo el 5% está asociado con el alcohol. Creo que hay que trabajarle a eso sin dejar la prevención y eventualmente en la represión”, indicó.

Gómez dijo que por motivos de interpretación, en la mayoría de los casos los jueces cambian la acusación de delito culposo a doloso.

Por su parte, el fiscal Montealegre consideró como un acierto que el Congreso hubiera excluido la criminalización de conducir en estado de embriaguez.

“Yo soy partidario de que no puede existir penalización de las conductas de personas que manejan en estado de embriaguez. El solo hecho de conducir en este estado no debe ser delito, debe existir una sanción de tipo administrativo. Creo que en eso acierta el proyecto. La reforma se quedó un poco corta porque se limitó al aumento de penas”, subrayó.

Montealegre dijo que en la próxima discusión se deberían incluir las sanciones administrativas que originalmente contemplaba el proyecto.

“Había unas normas muy importantes de tratamiento administrativo diverso al penal. Creo que en la próxima legislatura hay que insistir en el tema que la solución no está en aumentar penas sino en mecanismos de tipo administrativo”, puntualizó.

De otra parte, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, se declaró a favor de las sanciones pecuniarias y no de la criminalización.

“Considero que no se debe criminalizar la conducción en estado de embriaguez, que eso puede seguir siendo objeto de una contravención con sanciones fuertes sin perjuicio de que si en ese estado, se cometen conductas contra la integridad sicofísica de las personas, se agraven las penas de manera proporcional”, manifestó Bustos.

El magistrado propuso la aplicación de multas altas para persuadir a los conductores.

“Yo sí creo que las sanciones pueden ser patrimoniales y podría pensarse en un sistema gradual de multas. Hemos dicho que a lo que más teme la gente es a que se toque su bolsillo. Multas significativas podrían servir como un elemento de disuasión para que se disminuyan los accidentes”, concluyó.

“Yo si creo que las sanciones pueden ser patrimoniales y podría pensarse en un sistema gradual de multas”, dijo el magistrado Leonidas Bustos.