“Por instruccióndel Presidente de la República, radicaré con mensaje de urgencia ante el Congreso un proyecto de ley para crear y organizar el fondo de defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio, así como el sistema de defensa técnica y especializada”.

Con ese anuncio del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reaccionó el Gobierno ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la reforma al fuero penal militar.
"Teniendo en cuenta la entidad de los vicios identificados, la Corte Constitucional consideró que no podía ser devuelta al Congreso para que fuera saneada", dijo el presidente del tribunal Jorge Iván Palacio al anunciar el fallo votado por cinco magistrados con cuatro en contra (ver recuadro).

Para Pinzón, se trata de "un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas".

Sobre la instrucción del presidente Juan Manuel Santos, ya mencionada. El ministro Pinzón sostuvo que "este debate es necesario darlo en cualquier escenario por el bien de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, y por el bien de Colombia" (ver recuadro).

El senador huilense Hernán Andrade, del Partido Conservador, le dijo anoche a EL NUEVO SIGLO que respetaba la decisión pero que se sentía “insatisfecho de haber perdido un trabajo”.

Para el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, lo único que cabe, “frente a eso o a cualquier determinación de la Corte Constitucional” es “profundo respeto y acatamiento a las determinaciones”.

El senador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el fallo “es supremamente grave” y consideró como “urgentísimo recuperar la certeza para la Fuerza Pública para su actuar” a través “de la protección del fuero”.

“Si es, como se dice, que fue un vicio de trámite, deberían traerlo con prontitud y si hay que sesionar varios días lo haremos”, anotó.

 

Muy cuestionada

 

La ampliación del fuero militar recibió severos cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.

En junio, cuando el Congreso debatía esa norma, la Organización de Naciones Unidas (ONU) la consideró como "totalmente innecesaria".

Con la nueva ley se extendían las competencias de los tribunales castrenses para juzgar a los militares, que sólo podrían ser sometidos a la justicia ordinaria en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Todas las demás infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto armado habrían pasado a la jurisdicción militar.

En cambio, el fallo de la Corte fue celebrado por quienes habían impugnado la norma.

"Además de las irregularidades de forma en su aprobación, el Legislativo no tuvo en cuenta las cifras sobre impunidad que es de 98 por ciento en los ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia", señalaron en un comunicado los representantes Ángela Robledo, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático.

"Dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia", añadieron.

Por su parte el representante Germán Navas, del Polo, otro de los demandantes, lamentó que el Congreso “siga cayendo en esta serie de imprecisiones por la costumbre de no escuchar recomendaciones y apresurarse a tomar decisiones sin medir las consecuencias”.

 

Comunicado de la Corte

 

El presidente de la Corte Constitucional se permite informar a la opinión pública que en la sesión plenaria celebrada en el día de hoy 23 de octubre de 2013, se adoptaron entre otras las siguientes decisiones:

Sentencia 6-743 de 2013. La Corte declaró inexequible la reforma constitucional al fuero penal militar.

La Corte declaró inexequible por vicios de trámite el acto legislativo 2 de 2012, “por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”, también conocido como reforma al fuero penal militar.

Constató la corporación que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionó irregularmente durante el quinto debate del proceso de formación del acto legislativo 2 de 2012 afectando de manera grave principios sustanciales del procedimiento de enmienda constitucional. Esa sesión, que comenzó a las 10:22 a.m. y culminó a las 4:10 p.m. de 26 de septiembre de 2012, se desarrolló en circunstancias de apremio debido a la simultaneidad a la convocatoria de la plenaria de la corporación, citada como lo ordena el reglamento para ese día miércoles a las 2 p.m. y que tuvo apertura oficial a las 4:11 p.m., afectándose las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la deliberación democrática en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Con ello se desconocieron no solo los artículos 83, 91 y 93 del reglamento del Congreso, sino los principios constitucionales de participación de las minorías, pluralismo y en general de la calidad del debate parlamentario, principio democrático, elementos que en el caso de reformas constitucionales revisten aún más importancia que las que de suyo tienen en otros trámites que se cumplen ante el órgano legislativo, por cuando en esta están de por medio puntos particularmente sensibles para vida institucional del país.

Teniendo en cuenta la identidad de los vicios identificados y el momento en el cual se configuraron, la Corte consideró que no podía ser devuelto al Congreso para que fuera saneado, declarando entonces la inexequibilidad.

Salvaron el voto los magistrados Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos.

Se reservan aclaración de voto los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio.

 

 

Comunicado del Gobierno

 

Declaraciones Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón

1. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública acatan y respetan el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible por vicios de trámite el Acto Legislativo 02 de 2012, modificando la posición tradicional que traía la Corte sobre este asunto. Son precisamente las Fuerzas Armadas las garantes del Estado de Derecho, la Constitución, los derechos ciudadanos y las Instituciones. Por tanto, no es de extrañar por qué la Fuerzas Militares y la Policía Nacional son las instituciones más apreciadas por los colombianos

 

2. Tenemos la convicción de que el trámite del proyecto, según las pruebas allegadas por el mismo Congreso de la Republica, se hizo de acuerdo con su reglamento y con la jurisprudencia de la Corte vigente hasta su aprobación definitiva. Además, fue un proceso democrático, altamente participativo y de cara al país y al mundo. Aunque respetamos y acatamos este fallo, disentimos de la aproximación de la Corte en cuanto al trámite. Una decisión de fondo, emanada de ese Altísimo Tribunal y llamada a marcar el derrotero en asuntos fundamentales para la Nación, habría sido más consecuente con la magnitud de este esfuerzo.

3. Frente a esta decisión, no puedo dejar de decirle la verdad al país: este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas. Conocedores de su compromiso, con certeza seguirán con todo el corazón y la fortaleza actuando en defensa del pueblo colombiano. La seguridad jurídica ha sido y seguirá siendo la mayor preocupación de los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. El Gobierno del presidente Santos ha hecho todos los esfuerzos acudiendo a los principales expertos nacionales e internacionales y al Legislativo, para encontrar soluciones a este problema acumulado de varias décadas.

4. Por mi deber como Ministro de Defensa no puedo quedarme en lo que fue o ha debido ser. Por eso, por instrucción del Presidente de la República, radicaré con mensaje de urgencia ante el Congreso un proyecto de ley para crear y organizar el fondo de defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio, así como el sistema de defensa técnica y especializada. Invito a los  Senadores y Representantes a respaldarlo mayoritariamente, como lo hicieron con el trámite del Acto Legislativo y la Ley Estatutaria.

5. En este proceso democrático se surtieron todos los mecanismos institucionales existentes y se obtuvieron mayorías abrumadoras en el Legislativo. El presidente Santos ha decidido seguir haciendo todos los esfuerzos dada la importancia que tiene este tema fundamental para el futuro del país. Este debate es necesario darlo en cualquier escenario por el bien de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, y por el bien de Colombia.

6. A nuestros soldados del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea y a nuestros policías de la Policía Nacional, quiero decirles que mientras esté en ejercicio de estas funciones seguiremos haciendo todo, todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer su seguridad jurídica y su bienestar, para bien de la seguridad y la paz de todos los colombianos.

 

 

ANÁLISIS

 

1.       GOLPE JURÍDICO A FF.MM. : Más allá de las razones jurídicas que dieron lugar al fallo de inexequibilidad, lo claro es que son las Fuerzas Militares y de Policía las más afectadas con esa decisión, pues el fortalecimiento del fuero penal militar se les prometió como un reconocimiento a que su lucha contra los distintos factores delincuenciales requería de un sistema de investigación y juzgamiento especializado, ya que por la vía excepcional (tras el impacto de los ‘falsos positivos’ y otros escándalos) casi todos los procesos penales contra uniformados terminaban en la justicia ordinaria, en donde los operadores judiciales no tienen la experticia para evaluar  temas castrenses y operacionales. Es más, desde las filas del Ejército, la FAC, la Armada y la Policía en no pocas ocasiones se denunció una especie de “guerra jurídica” en la que ONG y algunos sectores de izquierda radical (que incluso podrían servir de fachada a la guerrilla) denunciaban por presunta violación de los derechos humanos a los mandos y combatientes militares y policiales más efectivos, con el único fin de “empapelarlos” y neutralizarlos.

2.       GOLPE MORAL A FF.MM.: la creciente judicialización de los altos, medios y bajos mandos de la Fuerza Pública llevó a crecientes rumores sobre desmoralización de las tropas e incluso a que muchas unidades militares y policiales preferían no combatir para evitar ser blanco de denuncias falsas y tener que pasar meses y hasta años presos o rindiendo descargos ante jueces ordinarios, que no entienden la complejidad operacional castrense ni admiten que hay una ‘guerra jurídica’ contra la Fuerza Pública. El fortalecimiento de Fuero Militar se aprobó, entonces, como un reconocimiento a que la Fuerza Pública requería, como todo país que afronta un conflicto armado interno, un sistema de investigación y juzgamiento profesional y especializado. Al caer el fuero, obviamente, hay un golpe moral a los mandos y las tropas, pues no pocos uniformados se sentirán desamparados y sin garantías jurídicas para adelantar la guerra contra la subversión y otros actores delincuenciales.

3.       GOLPE A PROCESO DE PAZ: sería apenas ingenuo desconocer que la reforma constitucional que implementó el fortalecimiento al fuero penal militar se entendió como un contrapeso necesario y justo ante el arranque del proceso de negociación con las Farc. Era urgente acallar las voces críticas, sobre todo desde el uribismo y la derecha, que advertían que mientras en La Habana se buscaba un pacto de paz que implicaría un amplio margen de perdón y olvido a muchos delitos cometidos por los subversivos e incluso su ingreso a la política y cargos de poder, muchos mandos y combatientes del Ejército, la Policía, la FAC y Armada corrían el riesgo de terminar pagando largas condenas y “empapelados” por cuenta de sus acciones en el combate a los grupos ilegales. Así las cosas, la caída del fuero penal militar da ‘munición’ a los críticos del proceso de paz, pues seguramente advertirán que mientras se deja sin garantías judiciales a los que se juegan la vida en defensa de los colombianos, se busca en Cuba darle a los “terroristas” y delincuentes garantías de flexibilidad penal, impunidad y acceso a la política.

4.       UN COSTOSO ERROR DE FORMA: el hecho de que una reforma tan importante como la del fuero penal militar se caiga por un fallo en el trámite legislativo raya en lo insólito, en el ‘santanderismo’ extremo, pues en un país que sigue en conflicto armado interno la Fuerza Pública requiere garantías y coberturas jurídicas para poder operar, sin que ello en modo alguno implique impunidad para los uniformados que incurren en delitos relacionados con el servicio (que deben ser juzgados por la justicia castrense especializada) o aquellos que cometen delitos de lesa humanidad o ajenos totalmente al accionar operacional (que deben ser conocidos por la justicia ordinaria). No faltarán las voces que advertirán que esta clase de errores en el trámite legislativo se cometen por la premura del Gobierno y su coalición parlamentaria de imponer contra viento y marea sus criterios, así ello implique pasar por encima de las formalidades del reglamento del Congreso. Sea cual sea la situación, lo cierto es que el error de forma es muy, pero muy costoso.