Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Viceministro de Justicia Miguel Samper Strouss, explicó a los Estados parte cómo Colombia ha logrado romper barreras en el diseño de una justicia que garantice los derechos de las víctimas del conflicto armado y que le permita a la sociedad civil el goce efectivo del derecho constitucional a la paz. Además, aprovechó ese escenario para pedirle a la comunidad internacional todo su apoyo al proceso que busca ponerle fin al conflicto armado.

En este sentido, el representante del Ministerio de Justicia y del Derecho explicó que el país no sólo está confeccionando un modelo de justicia transicional ceñido a las características particulares del conflicto armado interno, sino que está implementando medidas para garantizar el acceso a la justicia en todos los rincones del país, una justicia propia del Siglo XXI.

“El objetivo central del Gobierno en materia de justicia se ha basado en la humanización de la misma, una humanización que contribuya a estructurar ese puente de transición hacia una paz duradera y estable. Por ello, el Estado tiene la firme convicción de que para tener éxito en el proceso, la columna vertical del mismo deben ser los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación”, explicó el Viceministro.

De este modo, durante la sustentación del segundo informe de Colombia en el llamado Examen Periódico Universal, el Viceministro Miguel Samper destacó el modelo de justicia transicional e insistió en las garantías a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como la base sobre la cual tiene que estructurarse una paz duradera y estable.

“Nuestro esquema de Justicia Transicional es único en el mundo y la justicia transicional no es una justicia amañada o reducida, es la medida exacta de justicia que se requiere en un contexto determinado para evitar la impunidad”, agregó.

Por ello, dijo, “se requiere el pleno respaldo de la comunidad internacional. Colombia ha configurado y puesto en marcha un sistema coherente, integral y garantista de Justicia Transicional que busca realizar los derechos de las víctimas, recuperar la fortaleza de las instituciones del Estado y enfrentar, en últimas, un pasado de violaciones graves y manifiestas con la certeza de que ello no volverá a ocurrir”.

Samper agregó que humanizar la justicia implica también mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad.

“Reconocemos que Colombia ocupa un octavo lugar en Latinoamérica en materia de sobrepoblación carcelaria, y este es uno de nuestros principales desafíos. Para el efecto, se está ejecutando un plan para aumentar en un 40% la capacidad en las cárceles colombianas durante los próximos cuatro años”, dijo.

El Viceministro también advirtió que el Gobierno colombiano ha venido construyendo una política criminal coherente que incluya mecanismos de justicia restaurativa y no se concentre, como hoy, en un esquema primordialmente retributivo.

“Colombia no puede ser una sociedad encarcelada. Con este propósito, se está tramitando en estos momentos una reforma al Código Penitenciario, para garantizar mayores recursos y mejores condiciones en materia de salud y alimentación de los reclusos, así como para asignar responsabilidades concretas frente a esta población”, concluyó.