Así lo explicó en un comunicado la Comisión Asesora para la Política Pública de Justicia, quien continúa trabajando en la formulación de recomendaciones al Gobierno para una reforma a la justicia.

La Comisión sostuvo que “no ha debatido o propuesto modificación alguna a las funciones constitucionales del Fiscal General o de la Fiscalía que puedan implicar la derogación del Sistema Penal Acusatorio o el retorno al esquema de investigación y juzgamiento previsto en la ley 600 de 2000”.

Así mismo la Comisión sostuvo que es consciente de las críticas que desde distintos sectores se han formulado al funcionamiento del sistema penal acusatorio y pese a ello no ha propuesto reforma procedimental alguna. Los proyectos de reforma legal de los que la Comisión tiene conocimiento han sido impulsados por la propia Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.