Crear un mecanismo para que la tutela solo pueda ser utilizada por quien realmente no tiene acceso a la justicia y evitar que se convierta en un negocio para favorecer intereses económicos, planteó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Durante el segundo día de la audiencia pública sobre el proyecto de equilibrio de poderes, en la Comisión Primera de la Cámara, Cristo dijo que “queremos persistir en la búsqueda del mecanismo que nos permitan garantizar que la tutela, que es una conquista del pueblo colombiano, sea un mecanismo que esté al servicio de los más débiles de la sociedad colombiana, es decir de quienes no tienen posibilidad de acceder a la justicia. La tutela no puede estar al servicio de los más poderosos, como sucedió en el episodio de Fidupetrol”.

Sobre esta posición del Gobierno, el constitucionalista Juan Manuel Charria aseguró que efectivamente se requiere una reglamentación a la tutela, pero señaló que lo importante es que no se desvirtúe su esencia. “Para ello hay que mirar si se reforma el artículo 86 de Constitución, que dice que toda persona puede interponer una acción de tutela tanto persona naturales, como personas jurídicas”, sostuvo.

Para Charria, los jueces de tutela deben sopesar la acción, de tal manera que si no está de por medio un derecho fundamental vulnerado no se conceda la tutela.

También se tendría que revisar la manera como se seleccionan las tutelas en la Corte Constitucional, para “que se determinen las causales de procedencia” y se “determine el término para contestarla”, dijo Charria.

Por su lado el director ejecutivo de la Red Nacional de Veedurías, Eduardo Padilla, dijo que está de acuerdo con que se reglamente la tutela, más no en una reforma a la acción porque eso sería casi que reformar toda la Constitución del 91.

“La tutela es una figura judicial que no tiene ninguna limitante ni en valores, ni en derechos. Yo no puedo decir que la tutela va ser solamente para proteger intereses mínimos, porque un derecho fundamental que puede ser la salud, que puede ser la vida, que pude ser la educación, puede ser un derecho cueste o no cueste mucho”, explicó.

Como ejemplo, Padilla dijo que en el tema de la salud un baipás puede ser costoso o no costoso, “entonces la tutela no puede tener un límite económico”.

Para Luis Manuel Castro, defensor delegado de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Defensoría del Pueblo, lo más importante es que se le hagan algunos ajustes al tema de la tutela, pero dejó en claro que eso no lo puede hacer el Gobierno, sino la Cortes Constitucional en su autonomía.

“La propuesta del ministro está relacionada directamente con el tema de la selección de la tutela, no en la tutela en sí misma. Solo es el mecanismo de selección que claramente es un mecanismo que debe ser revisado”, dijo.

Anotó el jurista que otro tema importante es que el reglamento del alto tribunal tiene que ser revisado y actualizado, “pero nuestra posición institucional es que esto es del fuero interno de la Corte Constitucional”. 

Juan Carlos Lancheros, director general de Derecho Justo, Centro de Estudios Jurídicos, consideró que presentar alguna reforma en el tema de la tutela o una reglamentación se tiene que hacer mediante un consenso grande con el sector académico o por medio de una constituyente.

Y planteó que “de entrada tengo serias dudas de que el Congreso de la República pueda modificar el tema de la tutela, porque es un elemento esencial de la Constitución. Posiblemente ese tipo de reforma toca hacerlo por una Asamblea Constituyente”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo ayer en la Comisión Primera de la Cámara que la tutela debe estar “al servicio de los más débiles de la sociedad colombiana”. /Archivo Juan Sebastián Cuéllar - ENS