Una inyección de $1,2 billones le aplicará el Gobierno nacional a la salud para aliviar la crisis financiera que amenaza con que varios hospitales no puedan seguir operando. Aunque se trata de un plan de corto plazo, también contempla medidas estructurales como una reingeniería en la Supersalud y la eliminación de la Comisión de Regulación de la Salud.

Así lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, quien también dijo que estos recursos serán entregados mediante giros directos para evitar la demora en su ejecución. “En materia de liquidez se tomó la decisión que en los próximos dos meses se va a girar al sistema 1,2 billones de pesos: 1,2 billones de pesos se van a inyectar al sistema en los próximos dos meses. Este mes se le van a inyectar 450 mil millones de pesos”, destacó el Mandatario.

De acuerdo con el presidente Santos, para lograr la buena utilización de los nuevos recursos, el Gobierno hará un acompañamiento especial a los hospitales, con el fin de que mejoren su administración, cumplan con indicadores de gestión y tengan los recursos que necesitan.

“Vamos a exigirles a algunos de los hospitales que van a recibir los recursos, un mejoramiento en sus indicadores. Y también vamos a hacer unos acompañamientos a ciertos hospitales que necesitan que los acompañen, que les ayuden a administrar mejor, que les den los recursos necesarios, sobre todo en aquellas zonas del país donde no hay sino un solo hospital. Se ha decidido hacer un acompañamiento especial y prioritario. Eso se va a iniciar ya”, sostuvo el Jefe de Estado.

Hospitales como los de San Andrés, Vichada, Vaupés, Guainía y Chocó, entre otros, van a ser objeto de dicho acompañamiento especial, en donde se fijarán unos acuerdos de desempeño, de calidad y de prontitud en el servicio.

Santos indicó que otra medida que adoptarán para el tema de liquidez es el saneamiento de las deudas relacionadas con el sistema, mediante la utilización del Fondo de Solidaridad.

“Un Fondo parecido al que utilizamos, a mí me tocó utilizarlo, como Ministro de Hacienda, cuando recuperamos los bancos. Una especie de Fogafin para la salud. Y ese es el Fondo de Solidaridad, que es una especie de Fondo de Garantías para el sector de la salud. Se va a utilizar ese Fondo para sanear deudas, de la misma forma como se hizo con los bancos en ese momento. Eso va a aliviar muchísimo también la falta de liquidez en el sistema”, explicó.

Menos EPS

Otra de las medidas que anunció ayer el Gobierno nacional es la expedición de un decreto la próxima semana fijando las condiciones que les impondrá a las EPS para que puedan continuar su funcionamiento.

“Este decreto obligará a las EPS a capitalizarse y les subirá los estándares para que sigan funcionando. Eso va a significar que van a desaparecer varias EPS. Van a quedar solamente las que sean sólidas financieramente y tengan la capacidad de cumplir con esos requisitos mínimos”, explicó Santos.

El Mandatario aseguró que los afiliados a las EPS que tengan que ser liquidadas mantendrán la atención en salud.

Otra de las medidas contempladas por el Gobierno es un proceso de reingeniería en la Superintendencia de Salud, para hacerla mucho más efectiva y dotarla con nuevos instrumentos de vigilancia y control.

El Presidente anunció, además, que será eliminada la Comisión de Regulación de la Salud, cuyas funciones las cumplirá el Ministerio del ramo.

Marchas en todo el país

Movilizaciones en 18 ciudades se adelantaron ayer en el marco de la denominada Marcha Blanca por la Salud Pública para pedir al Gobierno nacional que atienda la crisis de recursos que amenaza con colapsar el sistema.

Marcharon trabajadores de hospitales y clínicas, secretarios de salud, organizaciones sindicales y usuarios, que en medio de pancartas y arengas exigieron una solución a la crisis, acabar con la Ley 100 de 1993 y más recursos para darle liquidez al sistema.

La crisis en la salud llegó a su punto más alto a raíz de las dificultades para que fluyan los recursos dentro del sistema. A la fecha las EPS le deben a hospitales y clínicas más de 4 billones de pesos, paralizando prácticamente su operación.

Igualmente, la unificación en cuanto a beneficios del Plan Obligatorio de Salud (POS) de los regímenes contributivo y subsidiado, a partir del 1de julio pasado, ha sido motivo de alarma entre las EPS, pues aseguran que es necesario incrementar el valor que el sistema paga, a través de la Unidad de Capitación, por cada uno de los afiliados para poder financiar los nuevos servicios a los que ahora tienen derecho los usuarios del régimen subsidiado.

Por esta razón varias EPS del régimen subsidiado han cerrado sus puertas.

A este difícil panorama se suma que el miércoles pasado el superintendente de Salud Conrado Gómez presentó su carta de renuncia al presidente Santos. El funcionario justificó su decisión al señalar que cumplió su ciclo en la entidad y negó que tuviera que ver con presiones de las EPS.

Gómez tuvo a su cargo, entre otras, la intervención de Saludcoop, la EPS más grande del país, porque supuestamente sus directivos utilizaron recursos públicos de la salud para inversiones a favor de esta entidad.

Igualmente crecen los rumores sobre la renuncia de la ministra de Salud Beatriz Londoño, la cual se haría efectiva el próximo mes aprovechando la reestructuración del sector que viene adelantando el Gobierno nacional.