La impugnación de la orden judicial que restituyó esta semana en su cargo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue radicada ayer por el Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia, tal como lo había anunciado ayer mismo el presidente Juan Manuel Santos.

La impugnación se sumó a la que radicó el procurador Alejandro Ordóñez.

"Es una acción que está poniendo en tela de juicio una acción que hizo el Gobierno, entonces lo obvio es impugnarla", dijo Santos a RCN La Radio, en relación a su decisión del mes pasado de firmar la destitución de Petro, que había sido ordenada por un órgano de control.

Petro fue destituido el 9 de diciembre pasado por la Procuraduría, entidad para la cual actuó con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad.

Santos señaló que su decisión de impugnar la medida decretada el martes por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo obligó a restituir a Petro un día después, es un asunto de consecuencia.

"Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión que una tutela dice que estuvo mal tomada, pues nosotros estamos obligados a impugnar esa tutela", dijo Santos.

Según la medida del Tribunal Superior de Bogotá, cuando Santos ordenó la destitución de Petro confirmando la sanción de la Procuraduría, desconoció medidas cautelares dictadas en marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"No tiene nada que ver con si estamos a favor o en contra de Petro, sino que estamos siendo consecuentes con lo que hemos dicho desde el primer día que se inició este triste proceso", señaló Santos.

Procuraduría

Ordoñez consideró que existen indebidas e incorrectas interpretaciones del ordenamiento jurídico colombiano en el fallo de tutela emitido por parte de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que incluso “indujeron a error” al presidente Santos.

Por ello, la Procuraduría le solicitará a la Corte Suprema que suspenda de manera inmediata dicho fallo mientras decide en segunda instancia la tutela.

En la mañana, Ordóñez le dijo a La FM que la "CIDH tomó decisiones fundadas en reglamento interno y se estaba desquiciando nuestro ordenamiento jurídico", porque "no sería un caso aislado, cientos de decisiones de la Procuraduría tendrían que ser revocadas".

Para Ordóñez, "se estaría creando un fuero de impunidad frente a los funcionarios de elección popular", debido a que "si funcionarios elección popular carecen de control disciplinario, habrán de revocarse miles de destituciones".

Luego, a Caracol Radio el procurador Ordóñez le manifestó que “hoy tenemos un alcalde en ejercicio de sus funciones, destituido e inhabilitado”.

El jefe del Ministerio Público consideró que la "CIDH no es órgano judicial sino administrativo. Su decisión estaría desquiciando nuestro ordenamiento jurídico", anunciando que "ya hay más tutelas en trámite frente a destituciones de funcionarios de elección popular".

"Son dramáticas las consecuencias del desquiciamiento de nuestro ordenamiento jurídico como consecuencia de medidas cautelares", reiteró, señalando que "estos son abusos y desnaturalizaciones de una acción que es sana, de una acción constitucional".

Petro

El alcalde Petro le dijo ayer mismo a La W que el presidente Santos está en su derecho de impugnar la restitución, pero señaló que el mandatario está en "un momento electoral y se lo está jugando".

“La única manera para que el alcalde salga de su función es que el presidente Juan Manuel Santos decidiera de nuevo que no va cumplir las medidas cautelares. Ninguna instancia le va ordenar que no las cumpla, quizá le digan que no son obligatorias”, aseguró Petro, quien manifestó su intención de hablar con el jefe de Estado sobre los temas de la inestabilidad jurídica que vive la ciudad. "Yo si quisiera una conversión personal del presidente Santos sobre estos temas", expresó.

En cuanto a la acción interpuesta por Ordóñez, Petro declaró que “me parece que es una pelea cifrada más en el orgullo y en el sectarismo político, que no le hace bien a la ciudad. Si el Procurador tiene razón yo me voy, pero que lo diga un juez independiente. Hay dos instancias para eso: el Consejo de Estado y la CIDH”.

“No queremos estar más tiempo del que el pueblo decidió con su voto, pero tampoco menos. Aunque la tutela se caiga las medidas cautelares se mantienen porque no dependen de la misma”, afirmó.

"El procurador ha dicho que el Tribunal Superior está desquiciado. Eso es terrible. Ya es la ruptura del Estado Social de Derecho. Ya es un odio y está llevando a generar un insulto a la justicia colombiana y, en mi opinión, al desacato a la misma", manifestó el burgomaestre.

"El Procurador está construyendo las condiciones para el desacato a la justicia y para que el presidente también lo haga, de esto no queda si no la orden de asesinato en mi contra", señaló Petro.