El gobierno conservador español afirmó que presentará "antes de que termine el mes de octubre" su polémica reforma de la ley del aborto aprobada por el anterior gobierno socialista.

"Ya anunciamos en julio que lo presentaríamos en el próximo trimestre, eso significa que antes de que termine el mes de octubre el proyecto (de ley) deberá estar presentado", afirmó el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en una entrevista en la radio pública española.

La ley de julio de 2010, aprobada por el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, autoriza la libre interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres en las primeras 14 semanas, ampliable hasta 22 semanas en caso de malformación del feto.

Hasta la aprobación de esa ley, el aborto estaba permitido en España desde 1985 sólo en algunos casos: violación, malformación del feto o grave peligro de la salud física o mental de la madre.

En sus declaraciones de este lunes, el ministro de Justicia apunta hacia un retorno a esa norma, tras haber adoptado unas posiciones más duras. En 2012, había causado el malestar de los colectivos a favor del aborto, al anunciar que la nueva ley prohibiría esta práctica incluso en caso de malformación del feto, antes de dar marcha atrás.

En abril, el ministro había abierto una nueva polémica al afirmar que "el peligro para salud física y psíquica, no pueden ser considerados como pretextos para no proteger la vida del concebido".

"Haremos una modificación de acuerdo con nuestros compromisos y de acuerdo con el criterio de nuestro Tribunal Constitucional", declaró este lunes Alberto Ruíz Gallardón.

La ley socialista de 2010 había sido vivamente criticada por la derecha así como por la iglesia católica, con los obispos llamando en varias ocasiones a manifestarse antes de su aprobación en 2010.

El gobernante Partido Popular (PP) presentó entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha emitido ningún veredicto.

Algunas disensiones en el seno mismo del gobierno conservador, con el ala más dura abogando por una prohibición incluso en caso de malformación del feto, parecen haber frenado hasta ahora la presentación de la reforma.